El anuncio del Gobierno de México para implementar el pago obligatorio con tarjeta en casetas y gasolineras a lo largo de este año marca un punto de inflexión en la evolución del sistema de pagos del país. La medida, presentada en el marco de la Convención Bancaria, no solo apunta a modernizar la experiencia de los usuarios, sino a acelerar la transición hacia una economía menos dependiente del efectivo. Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero desafío no radica en la digitalización en sí misma, sino en la capacidad del sistema para garantizar seguridad, cobertura y confianza.
De acuerdo con el análisis del experto en finanzas y economía, Manuel Herrejón, este cambio debe entenderse como un movimiento estructural más que operativo. “No estamos frente a una decisión administrativa aislada, sino ante un cambio de época que redefine la relación entre el usuario y el sistema de cobro”, plantea.
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De acuerdo con Herrejón Suárez, su diagnóstico parte del hecho que, el uso de efectivo en carreteras y estaciones de servicio ha sido históricamente un punto de fricción. Filas prolongadas, tiempos de espera innecesarios y, en casos extremos, situaciones de riesgo para los conductores que no cuentan con dinero suficiente al momento de pagar. En ese sentido, la eliminación del efectivo representa una mejora evidente en términos de eficiencia operativa.
Esta maniobra representa menos tiempo de espera, mayor fluidez en el tránsito y una mejor administración de los ingresos son algunos de los beneficios inmediatos. Además, la digitalización introduce trazabilidad. Cada transacción queda registrada, lo que reduce espacios para discrecionalidad y fortalece los mecanismos de control financiero.
No obstante, el análisis del también empresario Manuel Herrejón introduce un matiz crítico…“la modernización no puede medirse únicamente por la adopción de tecnología. Obligar al uso de tarjeta no garantiza por sí mismo un sistema moderno; es apenas el primer paso”, advierte.
El eje central de la discusión, señala, es la confianza. Y esta depende del factor determinante de la seguridad.
Los fraudes financieros, la clonación de tarjetas y el robo de datos siguen siendo problemas vigentes; la expansión obligatoria de pagos digitales en entornos abiertos, como carreteras o estaciones de servicio, incrementa la exposición al riesgo. La pregunta, entonces, plantea Manuel Herrejón, no es si el sistema puede operar, sino si puede hacerlo de forma segura en todos los contextos.
El especialista identifica tres niveles de blindaje indispensables. El primero es tecnológico: terminales certificadas, sistemas de encriptación robustos y monitoreo en tiempo real. El segundo es operativo: capacitación constante del personal y auditorías periódicas en puntos de cobro. Y el tercero es institucional: mecanismos claros de responsabilidad y respuesta ante incidentes.
Sin estos elementos, advierte, el riesgo es sustituir la incomodidad del efectivo por la incertidumbre digital.
A este desafío se suma el factor estructural de la heterogeneidad del territorio nacional. México, señala el experto, presenta condiciones desiguales en términos de conectividad, infraestructura y supervisión operativa. No todas las carreteras cuentan con cobertura estable, ni todas las estaciones de servicio operan bajo los mismos estándares.
Foto. Cuartoscuro | De acuerdo con Herrejón Suárez, el uso de efectivo en carreteras y estaciones de servicio ha sido históricamente un punto de fricción.
Derivado de lo anterior y en este sentido, implementar un sistema obligatorio en este contexto implica resolver previamente estas asimetrías. De lo contrario, fallas técnicas o interrupciones en el servicio podrían traducirse en problemas inmediatos para los usuarios, especialmente en tramos de alta vulnerabilidad.
Pese a ello, Herrejón sostiene que la dirección de la política es correcta. El efectivo, aunque funcional, ha limitado históricamente la eficiencia y la transparencia del sistema económico. La digitalización, bien ejecutada, tiene el potencial de fortalecer ambos frentes. Sin embargo, introduce un elemento adicional que considera ausente en la discusión pública: el costo.
“La modernización no debería limitarse a cómo pagamos, sino a cuánto pagamos”, señala. En su análisis, la transición hacia pagos digitales en casetas debe ir acompañada de una revisión de tarifas que permita hacer más accesible la infraestructura carretera. De lo contrario, el avance será parcial.
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Las carreteras no solo cumplen una función de movilidad, sino que inciden directamente en los costos logísticos, la competitividad empresarial y la integración territorial. En este sentido, cualquier transformación en su esquema de cobro tiene implicaciones económicas de mayor alcance.
El anuncio del pago obligatorio con tarjeta, por tanto, abre una oportunidad para modernizar el sistema, pero también expone la necesidad de fortalecer sus cimientos. La digitalización, coinciden los especialistas, no es un fin en sí mismo, sino un medio que debe construirse sobre bases sólidas.