Lo dijimos el domingo pasado en este espacio, ninguna operación sustantiva puede concretar la delincuencia organizada sin que sea del conocimiento de las corporaciones de seguridad del gobierno mexicano: policías municipales, estatales, federales o militares del Ejército, Guardia Nacional o Marina.
Ni la DEA, ni FBI, ni Mossad, ni la nueva policía secreta rusa tiene mejores informantes que los mexicanos, aunque... con intereses muy distintos a los nacionalistas o ideológicos de aquellos países.
Abordamos el tema en el contexto del mentado avión utilizado para “levantar” en Culiacán al jefe de jefes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, trasladarlo a Estados Unidos y “entregarlo” en la frontera a las autoridades norteamericanas...Evidentemente fue pactado el arresto con los gringos en Sinaloa, pero formalizada físicamente la “detención” en Estados Unidos.
Hasta ahora sabemos que el piloto, o uno de los pilotos, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “Jando”, fue capturado en 2025 por las autoridades mexicanas y luego extraditado a los Estados Unidos que “lo requerían por cargos de narcotráfico”.
El levantón a “El Mayo” había ocurrido un año antes, en julio. “El Jando” dejó en Nuevo México a Zambada y al autor material del “secuestro”, Joaquín Guzmán López, aún “detenido” en Estados Unidos. Fue “deportado” de inmediato a México para seguir su vida delictiva “normal” por un año más.
Es un hecho de los incontables que mantienen hundido en el bochorno al actual régimen federal, herencia de un incipiente nuevo sistema político y de gobierno que superó en años luz a los anteriores en “entendimiento”, en vínculos, en arreglos, con el crimen organizado, al grado de alcanzar la deshonrosa calificación de narcogobierno.
Una vajilla rota por el patriarca de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, no termina de ser pagada por la custodia del bastón de mando, Claudia Sheinbaum, para cuando aparece la otra, y otra...y otra más. Todas las está pagando ahora la presidenta no sabemos si con abnegada resignación y lealtad a su jefe o con algún enfado secreto.
No ha concluido de ofrecer medianas explicaciones la presidenta justo sobre “El Jando” y todo el escándalo de su entorno para cuando debió sacar del fondo del tarjetero informativo el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, también señalada por lazos con grupos criminales.
Apenas hizo intentos Sheinbaum por auxiliar a la gobernadora cuando ésta acusó de fuego amigo al “compañero del movimiento”, al exgobernador, Jaime Bonilla, quien devolvió el golpe al triple, revelando que desde su momento él mismo advirtió a AMLO sobre las estrechas relaciones de Marina con la delincuencia. Golpe social demoledor, pero sin consecuencias en Palacio Nacional.
A las grabaciones iniciales de supuestos ofrecimientos de la mandataria estatal al gobierno estadunidense sobre información sensible de seguridad en su entorno, le fueron montados nuevos audios sobre reuniones que sostendría con agentes del FBI en algún terreno neutral como Panamá.
Quedó en nada aquello que fue presentado como la estrella mayor del universo de las traiciones a la patria, el caso Maru Campos-CIAgate, comparado con el nuevo astro descubierto con Marina, y no por el desmantelamiento de un narcolaboratorio sino por la complicidad precisamente con los más malos de los malos. Entre más pruebas contra Marina, más férrea la defensa de la presidenta.
Ábrete tierra, habrán dicho de cualquier forma Sheinbaum y sus asesores que no tienen Mañanera con caja china suficiente para enfrentar con éxito a la gigantesca bola de nieve, más y más asfixiante cada día del sexenio con apenas menos de dos años de recorrido.
El huachicol adjudicado el jueves al exgobernador panista, Ernesto Ruffo, ni de aspirina sirvió para la severa dolencia que sufre la 4T en prácticamente todos sus órganos internos cancerados. Con el agravante de que falta por comprobar realmente la culpabilidad del bajacaliforniano. Hay intenso tufo a mero desquite.
Siguen señalados y/o procesados en colores fosforescente, en México y/o Estados Unidos, los gobernadores Américo Villarreal, Marina del Pilar; el exgobernador Rutilo Escandón; el exgobernador y exjefe legislativo, Adán Augusto López; el gobernador, Alfonso Durazo; el caído de la gubernatura, Raúl Rocha y una lista interminable de colaboradores de todos ellos y funcionarios públicos menores a esos rangos de prácticamente todo el país.
El grave problema es que la situación tiene visos de hoyo sin salida con un gobierno de los Estados Unidos encima que también cada día hace estallar alguno de los temas inagotables de su pliego de relaciones descubiertas entre el narco y servidores públicos mexicanos.
Los cientos, miles de toneladas de drogas que circulan en las calles norteamericanas no llegarían allá si su producción y tránsito no fuera facilitado por las áreas de gobierno en suelo mexicano.
No requieren las autoridades norteamericanas venir a México a recolectar pruebas sobre complicidades porque solitas llegan allá con el tráfico de drogas en sus calles, el levantadero de muertos por sobredosis, las banquetas y hospitales atestados por zombies del fentanilo y el cristal, y las cantidades fenomenales de dinero lavado...los dealers y sus jefes detenidos que al final no se quedan con ningún secreto.
Entonces, mientras siga el flujo de droga y todas esas consecuencias, debe preverse que Estados Unidos no quitará el dedo del renglón no solo para presentar ante la justicia de aquel país a los grandes y medianos traficantes, a los “Mayos”, a “Los Chapos”, a los “Treviño”… sino a quienes dan luz verde a su operación en México.
Queda claro que seguirá tatemando a fuego lento elexgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador, Enrique Inzunza, y varios de sus más cercanos colaboradores en las policías, en un caso que ha dado la vuelta al mundo porque es reflejo por excelencia de la simbiosis narco-gobierno.
Y en las mismas circunstancias andan la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila; el gobernador, de Tamaulipas, Américo Villarreal; el mandatario estatal de Sonora, Alfonso Durazo; e imposible dejar a un lado, al excoordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, más una lista que parece interminable en mandos altos y medios de los distintos niveles de gobierno.
Todos ellos y ellas, o casi todos, en relación directa y/o subordinación no tanto a la presidenta sino al auténtico jefe de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, quien seguirá presionando lo suficiente a la sucesora para que haga caso omiso de las exigencias de los Estados Unidos y no desclave una sola tabla del cuarto piso en el que está montada la Cuarta Transformación, los acuerdos con la delincuencia organizada para ganar con facilidad elecciones en Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Baja California y muchos estados más en el país.
El precio en imagen y sufrimiento para el país es alto pero a esos sectores “pragmáticos” y muy poderosos de la 4T solo importa el control del gobierno sin fijarse y menos detenerse en esos gastos.
Cosas peores anuncian esas actitudes.