Mexicali, B.C.–La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que la cancelación y el posterior trámite de su visa de turista de Estados Unidos corresponden a un asunto estrictamente personal y rechazó haber sostenido negociaciones o acuerdos que comprometieran la seguridad o la soberanía de México.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la mandataria respondió a las versiones surgidas tras la difusión de audios relacionados con el caso y afirmó que las conversaciones ocurrieron durante 2025, cuando buscaba conocer los motivos de la cancelación de su documento migratorio y explorar las vías legales para atender el procedimiento.
Explicó que durante ese proceso recibió orientación de distintas personas que aseguraban conocer el trámite, aunque señaló que una de ellas la engañó.
Incluso presentó una cronología de los contactos, que incluyó mensajes, llamadas telefónicas y una reunión realizada entre junio y diciembre de 2025.
Mi disposición de escuchar no significa negociar. Nunca existirá compromiso alguno. Nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México”, expresó.
Ávila Olmeda también rechazó las versiones que señalan que sostuvo una reunión en Panamá con autoridades de otro país y aseguró que esa información es falsa, donde también agregó que cualquier gestión relacionada con su visa se realizó por los canales institucionales.
Asimismo, manifestó que está dispuesta a colaborar con cualquier autoridad mexicana en caso de ser requerida para aclarar el tema.
Si me he requerido, siempre he estado y seguiré estando en plena disposición de colaborar con cualquier autoridad de mi país y de aclarar cualquier duda con absoluta transparencia. Nunca traicionaré a mi patria”, sostuvo.
Al finalizar su mensaje, la gobernadora afirmó que continuará al frente de las labores de gobierno y destacó resultados en materia de seguridad, entre ellos la detención de más de 120 objetivos prioritarios y una reducción del 46% en los homicidios dolosos durante su administración.