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El Imparcial 19 Jul, 2026 21:17

Anticorrupción sanciona a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas por más de 1.8 millones de pesos por acoso sexual, uso indebido de recursos y otras faltas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 34 personas servidoras públicas de 20 instituciones federales fueron sancionadas por faltas administrativas graves y no graves.

Las resoluciones incluyen destituciones, suspensiones, amonestaciones e inhabilitaciones de hasta 20 años. También se impusieron sanciones económicas que, en conjunto, superan 1.8 millones de pesos.

Entre las instituciones involucradas se encuentran la Procuraduría Federal del Consumidor, Petróleos Mexicanos, la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Economía y el Banco del Bienestar.

Según información de La Jornada, 12 de los casos corresponden a faltas graves sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, luego de investigaciones realizadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

¿Cuál fue la inhabilitación más alta?

La sanción de mayor duración fue impuesta a un trabajador de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata”.

El servidor público fue inhabilitado durante 20 años por cometer actos de acoso sexual contra dos estudiantes en 2020.

El informe no precisa si, además de la inhabilitación administrativa, existen procedimientos penales relacionados con este caso.

¿Por qué sancionaron a una exfuncionaria de Economía?

Una exfuncionaria de la Secretaría de Economía recibió una inhabilitación por 15 años y deberá cubrir una indemnización de 1.5 millones de pesos.

La sanción se relaciona con la autorización de diez licencias con goce de sueldo sin contar con facultades legales para concederlas.

Este caso representa la mayor parte del monto económico informado por la Secretaría Anticorrupción dentro de este grupo de resoluciones.

¿Qué pasó con los apoyos de Producción para el Bienestar?

Cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fueron sancionados por irregularidades en el pago de apoyos del programa Producción para el Bienestar.

La información difundida no detalla el monto de los recursos involucrados ni la medida aplicada de forma individual a cada una de las personas sancionadas.

Este programa entrega apoyos a productores agrícolas, por lo que las irregularidades fueron investigadas como parte del manejo de recursos y trámites públicos.

¿Qué irregularidad se detectó en Profeco?

Una exfuncionaria de la Procuraduría Federal del Consumidor fue destituida e inhabilitada durante diez años por asignarse viáticos de manera indebida.

La resolución también contempla una indemnización, aunque el reporte no indica el monto que deberá cubrir.

Los viáticos son recursos entregados al personal para cubrir gastos relacionados con actividades oficiales, como traslados, hospedaje o alimentación durante una comisión laboral.

¿Por qué fueron inhabilitados servidores públicos de Aduanas?

Dos trabajadores de la Agencia Nacional de Aduanas de México fueron inhabilitados por intentar obtener un beneficio económico durante una revisión de mercancías.

La Secretaría Anticorrupción no informó cuál era la cantidad solicitada ni durante qué operación aduanera ocurrieron los hechos.

Las funciones de revisión en aduanas incluyen verificar documentos, mercancías y el cumplimiento de obligaciones fiscales durante su entrada o salida del país.

¿Qué ocurrió con los trabajadores de la CFE?

Tres personas servidoras públicas de la Comisión Federal de Electricidad recibieron inhabilitaciones por irregularidades durante la verificación de un medidor.

El reporte no especifica qué acciones realizaron ni cuánto tiempo durará la inhabilitación de cada una.

Estas sanciones forman parte de los 12 casos considerados como faltas administrativas graves y resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

¿Qué sanciones se aplicaron por faltas no graves?

Los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades sancionaron a personas servidoras públicas de 14 instituciones por conductas clasificadas como no graves.

Entre los casos se encuentra el de un trabajador del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, quien fue destituido e inhabilitado durante tres meses por acoso sexual contra una estudiante.

También fue inhabilitado un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social por realizar procedimientos ginecológicos sin la presencia de un asistente o familiar y efectuar tocamientos de carácter sexual.

El informe no indica la duración de la inhabilitación aplicada al médico.

¿Por qué destituyeron a integrantes de la Guardia Nacional?

Dos integrantes de la Guardia Nacional fueron destituidos por presentar licencias médicas sin validez para justificar sus inasistencias laborales.

La dependencia no precisó cuántas ausencias fueron justificadas con esos documentos ni si se determinaron responsabilidades de otras personas relacionadas con su expedición.

¿Qué otras instituciones aparecen en el informe?

Las sanciones restantes incluyen suspensiones y amonestaciones contra personal de las siguientes instituciones:

  • Petróleos Mexicanos.
  • Comisión Federal de Electricidad.
  • Comisión Nacional Forestal.
  • Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
  • Financiera para el Bienestar.
  • Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
  • Banco del Bienestar.
  • Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
  • Secretaría de Economía.
  • Servicio Postal Mexicano.

El reporte señala que estas medidas fueron impuestas por distintas irregularidades administrativas, aunque no ofrece detalles de cada expediente.

¿Las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que las resoluciones fueron emitidas conforme a la ley y bajo criterios relacionados con la gravedad de cada conducta.

Las personas sancionadas tienen derecho a presentar recursos legales para impugnar las decisiones.

La dependencia sostuvo que defenderá las resoluciones que estén sustentadas en evidencia y hayan sido emitidas conforme a derecho.

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