Está bastante generalizada la opinión entre los contribuyentes de que, salvo contadas excepciones, padecemos una de las peores y más numerosa e injustificable clase política de la historia. La carrera laboral de muchos de nuestros personajes relevantes no tiene otro recorrido que los empleos y sinecuras que les ha ido proporcionando el partido dentro o como consecuencia de las cotas de poder ocupado. Con razón dijera Duverger que el poder es, en la democracia, el triunfo del concurso, y que el poder se reparte con los amigos. Claro que hasta en eso hay categorías, en tanto se ponga al frente de organismos e instituciones a personas, por lo menos, preparadas. Lo más indignante de todo esto es ver a sujetos que nunca hubiera logrado postura parecida en el mundo laboral por sí mismos, al frente de empresas públicas o semejantes.
Una evidencia nacional, que es de fácil comprobación es la cantidad de políticos profesionales, de quienes puede decirse que ni vienen de parte alguna, ni tienen a donde ir cuando dejen la política, a no ser que los coloquen por una puerta giratoria. En ese sentido fue muy curioso el caso de ex vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, quien, por carecer de currículum alguno, dijo que eso formaba parte de su intimidad. Es un caso llamativo por formar parte del partido vanguardia de la clase trabajadora, pero en el PP también abundan, como uno que era ayudante de jardinero del puerto de Ferrol, donde lo colocara su padre, luego director general de la Guardia Civil. Se llama Arsenio Fernández de Mesa. Este era fabuloso, convertía una conferencia en un master y su representación comercial de una empresa de pinturas en la condición de experto internacional en el tratamiento de recubrimientos marítimos. Pero también hay otros que son ricos de verdad, como el bachiller Iceta, que sin otro nivel por carecer de carrera representa a España nada menos que en la UNESCO. ¿Y qué decir de Noelia Núñez, diputada del PP que falsificó su título o del propio Patxi López que en algún currículum se decía ingeniero, cosa que no era.
No existe una cifra oficial, incluyendo los numerosos asesores, como los que tiene Sánchez. Las cifras de la clase política, que vive de la política, son siempre aproximadas Datos de los Ministerio de Política Territorial y Función Pública nos darían la cifra 73.197 cargos políticos. Según los últimos datos de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas en España habría 687 altos funcionarios del Gobierno, 3.698 de las Comunidades Autónomas y, el resto, diputados o senadores, parlamentarios regionales, diputados provinciales, alcaldes, concejales, miembros de organismos nacionales o internacionales o empresas públicas, entre otros. El grueso de la clase política lo forman los 350 diputados del Congreso, 266 senadores, 1.218 diputados autonómicos, 68.462 alcaldes y concejales, 1.810 consejeros comarcales (en Aragón y Cataluña) y 1.409 diputados provinciales y consejeros insulares. No obstante, conviene recordar que los alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes no suelen cobrar sueldo. Pero la lista de cargos y empleos que sostenemos los contribuyentes es aproximada y crece exponencialmente: Desde los representantes en el Parlamento europeo y las instituciones europeas, los diversos consejeros, los presidentes de entidades diversas, gerentes de empresas públicas, embajadores no de carrera, etc. Cientos y cientos de personas sin otro horizonte que un empleo público.
Los que son realmente necesarios
Y están aparte los que ocupan puestos que necesita realmente el Estado, jueces, diplomáticos, policías, militares. El CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) calcula que entre las diversas administraciones la asesores rebasa la cifra de los 20.000. Lo escandaloso y amoral es que muchos de estos asesores, como los de Sánchez, tienen asignados sueldos fabulosos por encima funcionarios de carrera, luego de reñidas oposiciones de verdad.
Aparte de ello, los currículos de la clase política son, como vemos estos días, un ejemplo imaginativo de mentiras consagradas. Las vías más frecuentes son aquellos contenidas en la fórmula “tiene estudios de….”. Lo usan personajes diversos tanto del PP como del PSOE y el independentismo. Pero el asunto se empeora como, en el caso de que la falsificación de un título o carrera se emplee para hacer a un empleo público, porque además perjudica a la persona que en situación de plena legalidad se ve desplazada por el que ha falseado sus méritos o capacidades, lo que, además, conlleva disponer de otros sujetos que avalan o facilitan que aquel consiga sus objetivos y se cuele en un puesto para el que no está preparado.
Para este tipo de casos el Artículo 392 del Código Penal es la norma legal que establece las penas a los que realicen falsedades en documentos públicos, oficiales o mercantiles, así como aquellas que trafiquen o hagan uso de un documento de identidad falso. Estas falsedades se refieren a conductas tales como la falsificación o alteración de documentos, la utilización de documentos falsos o la emisión de certificados o informes falsos. El castigo establecido por el artículo consiste en penas de prisión que van desde los seis meses hasta los tres años, así como multas de seis a doce meses. Estas penas dependerán de la gravedad de la falsedad cometida y de las circunstancias del caso. En teoría, claro. @mundiario