El caso judicial sobre el rescate de Plus Ultra acaba de provocar un terremoto en la dirección de la aerolínea. Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y Roberto Roselli, consejero delegado, han abandonado sus cargos en plena investigación de la Audiencia Nacional, después de presentar escritos ante el juez José Luis Calama en los que reconocen haber recurrido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para sacar adelante la operación que permitió a la empresa acceder a una ayuda pública de 53 millones de euros durante la pandemia.

Las dimisiones llegan en un momento especialmente delicado para la compañía, que negocia con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un nuevo calendario para devolver el dinero del rescate, tras incumplir el pasado marzo el primer vencimiento del crédito ordinario de 19 millones de euros.

Pero el verdadero alcance de la crisis va mucho más allá de la gestión empresarial. Los testimonios remitidos al juez sitúan al expresidente del Gobierno, también investigado en la causa, como una figura determinante en las gestiones que desembocaron en la aprobación del rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Hasta hace apenas unos meses, la cúpula de Plus Ultra negaba cualquier irregularidad en la concesión de las ayudas públicas. Sin embargo, la estrategia de defensa cambió radicalmente esta semana. Martínez Sola trasladó al juez que la compañía aceptó contratar al empresario Julio Martínez Martínez, estrecho colaborador de Zapatero y propietario de la consultora Análisis Relevante, porque se asumía que mantenía una relación directa con el expresidente y que podía facilitar las gestiones ante la Administración.

Según su versión, el contrato contemplaba una comisión equivalente al 1% del importe del rescate, lo que se tradujo en unos 530.000 euros, distribuidos entre varias sociedades vinculadas a Martínez Martínez. El presidente de la aerolínea sostiene que aquella contratación fue considerada una medida “desesperada” para garantizar la supervivencia de Plus Ultra en plena crisis provocada por la covid-19.

Zapatero, señalado como enlace con la Administración

La declaración de Martínez Sola coincide con la línea marcada días antes por el empresario Martínez Martínez, quien ya había situado a Zapatero como la persona que “marcaba los pasos a seguir” durante las gestiones para conseguir el respaldo financiero del Estado. Según los escritos incorporados al procedimiento, entre el primer contacto entre Plus Ultra y el expresidente, en abril de 2020, y la aprobación definitiva de la ayuda transcurrieron 11 meses.

Zapatero, por su parte, ha negado públicamente cualquier intervención irregular. Durante una reciente entrevista en RTVE aseguró que nunca habló con responsables de la SEPI sobre el rescate y rechazó haber influido en la concesión de la financiación. Solamente reconoció haber puesto en contacto a la dirección de la aerolínea de capital venezolano con un ejecutivo del Banco Santander para acceder a un crédito que, finalmente, no prosperó.

Las salidas de Martínez Sola y Roselli no responden únicamente a la presión judicial. Fuentes próximas a la compañía apuntan a un profundo enfrentamiento con el resto del consejo de administración por la estrategia seguida ante la Audiencia Nacional. Las confesiones remitidas al juez habrían provocado un fuerte rechazo interno al considerar que comprometen la posición jurídica de la empresa y agravan la situación de la aerolínea. Según publicó ABC, ambos directivos dieron un paso al lado después de que la compañía les revocara de todos sus poderes de representación.

En los últimos días ambos directivos ya habían visto limitadas parte de sus funciones antes de formalizar su renuncia. Mientras tanto, el accionista minoritario Hugo Castaño aparece como el principal candidato para asumir la presidencia ejecutiva de una compañía cuya gestión continúa muy condicionada por la SEPI, principal acreedora tras el rescate de 2021. El nuevo responsable de la aerolínea, hijo del presentador Pepe Domingo Castaño, es comandante de aviación y lleva una década en la compañía.

La Audiencia Nacional investiga el destino del dinero público

La crisis institucional coincide con una situación financiera muy delicada. Plus Ultra incumplió el pasado marzo el primer pago correspondiente al préstamo ordinario de 19 millones de euros concedido por la SEPI. Actualmente ambas partes negocian un nuevo plan de viabilidad que permita reestructurar tanto ese crédito como el préstamo participativo de otros 34 millones.

La continuidad de la compañía depende, en buena medida, de alcanzar un acuerdo con el holding público mientras avanza la investigación judicial.

Pero el procedimiento instruido por el juez José Luis Calama no se limita a esclarecer cómo se obtuvo el rescate. La Audiencia Nacional trata ahora de determinar cuál fue el destino final de parte de esos 53 millones de euros. La investigación analiza si fondos públicos pudieron utilizarse para devolver préstamos relacionados con empresarios vinculados a presuntas operaciones de blanqueo de capitales estatales procedentes de Venezuela.

Precisamente esas sospechas motivaron la detención de Martínez Sola y Roselli por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en diciembre de 2025, aunque ambos quedaron posteriormente en libertad. Los investigadores también examinan el papel desempeñado por antiguos accionistas de la aerolínea relacionados con el entorno del régimen de Nicolás Maduro y las operaciones financieras realizadas antes y después de la concesión de las ayudas. @mundiario