En la discusión de la reforma electoral, el Congreso local omitió considerar acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria, señalaron activistas y representantes de colectivos, quienes apelaron a que el Instituto Electoral pueda subsanar esta ausencia considerando acciones para su inclusión en ayuntamientos y diputaciones.
Cézar Zafra, secretario ejecutivo de la Confederación Queretana de Organizaciones Sociales (Cívica), explicó que, en comparación con el contexto nacional, la legislación local muestra progresividad, ya que desde 2014 se han dado “pequeños pasos” en el reconocimiento de derechos político-electorales de mujeres y grupos de atención prioritaria.
Aunque la propuesta original del Instituto Electoral señalaba una fórmula en el ayuntamiento para un grupo de atención prioritaria, ya fuese personas con discapacidad, migrantes o de la diversidad sexual, la cual no fue considerada.
“Han sido los partidos políticos omisos para poder discutir este tema con la relevancia que merecen y poder llegar a acuerdos. Y en la coyuntura política pre-electoral, se dan en la torre únicamente buscando tratar de sacar agua a su molino entre los distintos actores políticos”.
Aunque la reforma ya fue aprobada, consideró que el Instituto Electoral aún puede emitir acciones, como ocurrió anteriormente con los bloques de paridad en los municipios, por lo que podría establecer criterios para incentivar la postulación de personas pertenecientes a estos grupos.
En este mismo sentido, Waltter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y al Estado Laico, refirió que propusieron una acción afirmativa específica para dichos grupos, pero también apuntó que el órgano electoral puede realizar consultas públicas con estos sectores y emitir lineamientos que fortalezcan su representación para 2027.
“Nos quedan solamente 4 grupos de atención prioritaria que nunca, nunca, nunca han estado en este estado, se les ha negado su derecho a participar y la verdad es que nunca hemos tenido diputaciones y regidurías de personas con discapacidad, personas migrantes, personas afromexicanas y personas LGBT”.
Recordó que la ley electoral de 2024 tuvo acciones de inconstitucionalidad por la falta de consultas con estos sectores, lo que derivó en la declaratoria de invalidez, y en esta ocasión se espera que se privilegie el diálogo para fortalecer los derechos político-electorales.