El presupuesto promedio por habitante destinado a la fiscalía yucateca es el más bajo del país, junto con el de otros dos estados, de acuerdo con una amplia investigación de la asociación civil Impunidad Cero.

Sin embargo, en cuanto a su índice de desempeño, la fiscalía estatal se encuentra en el octavo lugar nacional entre las mejores evaluadas en las entidades del país.

En junio pasado Impunidad Cero dio a conocer el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, una investigación que desarrolló y que, desde su primera edición (2017), evalúa el desempeño y la evolución de las instituciones encargadas de procurar justicia en México.

“Esto lo hacemos mediante el análisis temporal de indicadores cuantitativos agrupados en tres ejes: los indicadores de estructura, que miden la capacidad instalada y de recursos; los de operación, que analizan la gestión de las cargas de trabajo; y los de resultado, que reflejan la efectividad en acercar la justicia a las víctimas. Esto permite identificar patrones en la operación de las fiscalías estatales, así como buenas prácticas y áreas de oportunidad para hacer frente a los altos niveles de impunidad en el país”, indica.

El reporte de Impunidad Cero, con análisis y sistematización de la información a cargo de sus colaboradoras Monserrat López Pérez, Claudia Morales Núñez y Diana Guarneros Martínez, señala también que las “instituciones de procuración de justicia en México constituyen los primeros eslabones del proceso penal y pueden ser el principal cuello de botella para que los casos se investiguen y se esclarezcan: ahí radica la importancia de evaluarlas”.

“Su capacidad técnica y autonomía efectiva son clave para que los casos puedan ser llevados ante un juez, se pruebe la responsabilidad de los presuntos responsables, se garantice la reparación integral del daño a las víctimas o incluso se resuelvan en etapas tempranas mediante algún medio alternativo de solución de conflictos”, recalca.

Indicadores yucatecos

En esta entrega nos referiremos en especial a los indicadores relacionados con Yucatán.

El reporte da a conocer la tasa del personal de las fiscalías por cada 100 mil habitantes en 2024. La de Yucatán es de 18.5 y a nivel nacional solo supera a Veracruz (15), Guanajuato (12.7) y San Luis Potosí (8.3). La tasa más alta la tiene Ciudad de México, con 76.1 y el promedio nacional es de 35.5.

Impunidad Cero indica que “si bien para 2024 el presupuesto promedio por habitante destinado a las fiscalías estatales fue de 448 pesos, 14 estados se encuentran por encima de este promedio nacional, mientras que 18 están por debajo.

Ciudad de México lidera con 906 pesos por habitante. Del otro lado están Veracruz, Oaxaca y Yucatán, que registran los niveles más bajos de gasto en fiscalías, con 228 pesos por habitante cada uno, la mitad del promedio nacional”.

“Mucha confianza”

Sobre el porcentaje de la población con mucha confianza en el Ministerio Público en 2025, en Yucatán es del 13.7%, ocupando el doceavo lugar nacional. El líder es Nuevo León, con 20.8%, y el peor es Ciudad de México, con solo 4.3%. El promedio nacional fue de 11%.

En otro rubro, la ONG explica que “el indicador de carga de trabajo refleja cuántos casos atiende cada agente del Ministerio Público (MP) durante el año. El indicador se calcula dividiendo el número de investigaciones iniciadas en un año entre el número de agentes del Ministerio Público (MP) disponibles en cada estado.

Se indica que “persisten diferencias importantes entre los estados. Para 2024, algunas entidades operaron con niveles muy por encima del promedio nacional de 128 carpetas por fiscal o agente del Ministerio Público (MP), como es el caso de Querétaro, con una carga de más del doble del promedio nacional (301), seguido por Estado de México, con 286 carpetas, y San Luis Potosí, con 254.

“En el extremo opuesto está el caso de Yucatán, que en 2024 registró la carga de trabajo más baja del país, con tan solo nueve casos por agente, lo que puede estar asociado a que es el estado con la menor incidencia delictiva”, señala el reporte de Impunidad Cero.

En la investigación también se da a conocer, entre otras cosas, lo siguiente:

“El indicador tiempo de espera en el Ministerio Público mide el porcentaje de personas que tardaron más de cuatro horas en presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y es clave para considerar la experiencia de las personas que deciden denunciar, en particular, el tiempo que les toma hacerlo”, se añade.

Horas para denunciar

“Para una víctima del delito, pasar más de cuatro horas denunciando un incidente puede ser indicio de procesos ineficientes, altas cargas de trabajo o barreras de acceso y puede desincentivar la denuncia de futuros delitos”.

“En 2024, en 17 entidades el porcentaje de personas que tardó más de cuatro horas para presentar una denuncia superó el promedio nacional de 34 por ciento. Estado de México registró el porcentaje más alto, con 54.8 %. En contraste, Colima presentó el porcentaje más bajo, con 8.3 % de personas que reportaron tiempos de espera superiores a cuatro horas”. En Yucatán fue el 17%, indica el reporte.

Para medir el desempeño de las fiscalías, “el indicador de efectividad en la resolución considera efectivas aquellas determinaciones sustantivas del Ministerio Público que extinguen la acción penal o que derivan en una judicialización”.

“Como respuestas efectivas se consideran la facultad de abstenerse de investigar, criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios cumplidos, no ejercicio de la acción penal por causal de sobreseimiento, incompetencia, acumulación, sobreseimiento, formulación de la acusación, suspensión condicional del proceso, procedimientos abreviados y suspensión del proceso”.

Se muestra la composición de las salidas efectivas utilizadas por cada fiscalía estatal durante 2024, junto con el porcentaje de efectividad alcanzado en cada entidad.

“La mayoría de las entidades federativas presenta niveles de efectividad inferiores al promedio nacional de 2024 (23 %). Sin embargo, destacan entidades como San Luis Potosí, Michoacán y Puebla, que superan el 60 % de efectividad”.

“Otros estados con porcentajes de efectividad altos que superan el doble del promedio nacional fueron Yucatán (48.6 %), Guanajuato (47.9 %), Querétaro (45.3 %), Baja California (44.4 %) y Quintana Roo (43 %). No obstante, al igual que en la tendencia nacional, predominan las determinaciones por no ejercicio de la acción penal como las formas de finalización más comunes”, indica Impunidad Cero.