La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre la investigación que derivó en el caso de presunto contrabando de hidrocarburos por vía férrea, en el que se encuentra vinculado a proceso el exgobernador de Baja California, Ernesto “N”.
La dependencia reveló que las indagatorias comenzaron tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, un hecho que, con el paso de los meses, permitió descubrir una presunta red logística que habría ocasionado un daño patrimonial superior a 4 mil millones de pesos.
El hallazgo de 33 ferrotanques
De acuerdo con la FGR, los 33 ferrotanques fueron localizados en condiciones que representaban un riesgo para la población y la seguridad industrial, debido a las altas temperaturas y a que se desconocía la naturaleza de la sustancia que transportaban.
La Fiscalía explicó que la investigación se amplió al revisar la cadena logística del combustible, lo que permitió identificar otros ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo con un patrón similar. Según el comunicado, las unidades “habían declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían”, lo que permitió reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del hidrocarburo.
#FGRInforma pic.twitter.com/Jcld4n9jC6
— FGR México (@FGRMexico) July 27, 2026
Así apareció Ernesto “N” en la indagatoria
La FGR señaló que el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la empresa importadora principal, constituida en 2018. Posteriormente, Ernesto “N” se incorporó a la estructura societaria y, para 2021, ya figuraba como accionista y secretario del Consejo de Administración.
La institución afirmó que ambos socios participaron de manera conjunta en actos corporativos. Asimismo, reiteró que Ernesto “N” “no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas”.
Hasta el momento, la FGR ha integrado 96 datos de prueba y precisó que el cruce de información con autoridades aduaneras permitió detectar más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, cuyo posible impacto económico supera los 4 mil millones de pesos.