Las universidades públicas tienen como propósito garantizar el acceso a una educación de calidad en condiciones de igualdad, así como promover una comunidad basada en el respeto, la transparencia y la participación estudiantil, docentes y personal administrativo. Esto implica construir reglamentos, protocolos y mecanismos institucionales que respondan a las necesidades de toda la comunidad universitaria y que garanticen una vida libre de violencia.
No obstante, la realidad muestra importantes deficiencias en las instituciones. Entre las universitarias sabemos de estas deficiencias por ello es muy difícil que nos acerquemos para informarnos y poner la denuncia correspondiente, esta suele quedarse solo a la mitad del proceso por la revictimización, por eso es que decidimos como estrategia de resistencia el acompañamiento. La formación de grupos y colectivos dentro de las universidades han hecho grandes cambios en la forma de enfrentar la violencia, así como también apropiarse del espacio. Es un gran avance de la resistencia feminista.
En mi experiencia, después de más de diez años en el movimiento feminista, he comprendo que las universidades pueden ser espacios fundamentales para el diálogo, la organización y la defensa de los derechos de las mujeres. En este recorrido he visto también hostigamiento, invisibilización a diferentes proyectos de mujeres académicas.
En mi paso por la universidad conocí a compañeras con quienes compartí la convicción de cambiar los mecanismos institucionales, que son insuficientes, el cambio no son reuniones una vez al mes, el cambio es ser escuchadas. Aunque algunas instituciones han implementado medidas como botones de pánico o “Puntos violetas” , estos mecanismos no siempre funcionan de manera adecuada. En algunos casos presentan falta de mantenimiento, abandono o escasa difusión entre la comunidad universitaria.
Frente a ello, construimos redes de apoyo entre estudiantes, nos acompañamos durante los procesos de denuncia y desarrollamos estrategias de cuidado colectivo. Estas redes demostraron que la solidaridad entre mujeres ha sido una herramienta indispensable para resistir y exigir justicia.
Construir universidades libres de violencia implica fortalecer protocolos con perspectiva de género, garantizar investigaciones imparciales, establecer sanciones efectivas para quienes ejercen violencia, capacitar al personal docente, administrativo y asegurar que las víctimas reciban acompañamiento integral sin ser revictimizadas.
Las universidades deben ser espacios donde el conocimiento, la libertad y la igualdad convivan plenamente. Ninguna estudiante, trabajadora o docente debería ver limitado su derecho a aprender, enseñar o trabajar por miedo a la violencia.
Por universidades públicas libres de violencia y acoso.