Venezuela vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas que parecen repetirse cada pocos años. Cambian los escenarios, cambian algunos protagonistas y se modifican los discursos, pero el fondo permanece prácticamente intacto: un país exhausto, una oposición que intenta reconstruirse y un chavismo que continúa negociando desde las estructuras de poder que ha mantenido durante más de un cuarto de siglo.
Las conversaciones que comenzarán el 1 de agosto entre representantes del oficialismo y sectores de la oposición llegan precedidas por dos acontecimientos que han cambiado completamente el tablero político. El primero fue el fraude electoral denunciado tras las presidenciales de 2024, cuando millones de venezolanos aseguraron haber votado por un cambio que nunca se reflejó en los resultados oficiales. El segundo ha sido los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, una tragedia que dejó miles de muertos y volvió a mostrar la fragilidad de un Estado que presume de fortaleza revolucionaria mientras es incapaz de responder a una emergencia nacional.
Más que abrir una nueva etapa, la negociación parece el reconocimiento de que el modelo chavista ha agotado prácticamente todas sus vías de legitimación.
El 28 de julio de 2024: la fecha que rompió definitivamente la confianza
Las elecciones presidenciales de 2024 marcaron un antes y un después para Venezuela. No fueron simplemente unos comicios cuestionados. Para una gran parte de la sociedad representaron el convencimiento definitivo de que el voto había dejado de ser suficiente para producir un cambio político.
La oposición recopiló miles de actas electorales que aseguraban demostrar una victoria contundente de Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados completos ni ofreció explicaciones convincentes que disiparan las sospechas. Aquella jornada no solo abrió una crisis institucional. También destruyó buena parte de la confianza ciudadana en las instituciones venezolanas. Desde entonces, la política quedó sustituida por el miedo.
La tragedia del terremoto terminó de desnudar al Estado chavista
Si las elecciones dejaron al descubierto la crisis democrática, el terremoto del 24 de junio hizo visible otra realidad todavía más dura: el deterioro absoluto del Estado venezolano. Durante años el chavismo construyó un relato basado en la fortaleza del aparato público, en la supuesta capacidad del Estado para proteger al pueblo y en una estructura administrativa presentada como ejemplo para América Latina.
Sin embargo, cuando la naturaleza puso al país frente al mayor desafío humanitario de las últimas décadas, aquella imagen se desplomó en cuestión de horas. Los problemas comenzaron desde el primer momento.
Las dificultades para coordinar rescates, la escasez de equipos especializados, el colapso sanitario, la falta de comunicaciones y la lentitud en la distribución de ayuda dejaron al descubierto algo que millones de venezolanos llevan años denunciando: el dinero destinado durante décadas al fortalecimiento del Estado nunca se tradujo en instituciones realmente preparadas. Mientras el discurso oficial insistía en transmitir normalidad, miles de familias denunciaban abandono, improvisación y ausencia total de recursos.
Las catástrofes naturales no entienden de ideologías. Pero sí revelan con enorme claridad la calidad de los gobiernos. Durante más de veinte años, Venezuela manejó algunos de los mayores ingresos petroleros de su historia.
Con esos recursos podría haberse construido una red hospitalaria moderna, sistemas de protección civil de primer nivel, infraestructuras resistentes y planes nacionales de prevención sísmica. Nada de eso ocurrió. En lugar de fortalecer las instituciones, el país asistió durante años a denuncias constantes sobre corrupción, desvío de fondos públicos, clientelismo político y enriquecimiento de dirigentes vinculados al poder.
Cuando llegó el terremoto, la factura apareció de golpe. No solo temblaron los edificios. También se desplomó el relato oficial de un Estado supuestamente preparado para cualquier contingencia.
Washington vuelve a marcar el ritmo político
La nueva negociación tampoco nace exclusivamente de un acuerdo entre venezolanos. Estados Unidos vuelve a desempeñar un papel determinante en la definición del calendario político. Washington busca estabilidad, seguridad jurídica para futuras inversiones y una salida que permita reactivar progresivamente la economía venezolana.
Sin embargo, esa presión internacional plantea también numerosos interrogantes. La principal incógnita sigue siendo si cualquier acuerdo tendrá legitimidad suficiente sin la participación activa de Machado, que continúa siendo la figura política con mayor respaldo popular dentro de la oposición. Su ausencia convierte cualquier negociación en un proceso incompleto.
Las conversaciones arrancan con intereses muy distintos. El oficialismo necesita recuperar oxígeno político después del desgaste provocado por el fraude electoral y la gestión de la emergencia sísmica.
La oposición necesita garantías reales para que unas futuras elecciones no reproduzcan los mismos errores del pasado. Y la sociedad venezolana simplemente necesita recuperar la esperanza de que el voto vuelva a servir para decidir el futuro del país. Pero ninguna mesa de diálogo podrá sustituir la reconstrucción institucional que Venezuela necesita desde hace años.
Porque el problema ya no es únicamente político. Es estructural.
La verdadera reconstrucción empieza mucho antes de las urnas
La tragedia del terremoto ha dejado una enseñanza difícil de ignorar. Los gobiernos pueden controlar instituciones, parlamentos o tribunales. Lo que no pueden controlar indefinidamente es la realidad.
Cuando un Estado no invierte en hospitales, protección civil, infraestructuras o prevención, las consecuencias terminan apareciendo con toda su crudeza. Y cuando además arrastra años de denuncias de corrupción y deterioro institucional, cualquier desastre natural multiplica sus efectos.
Por eso la negociación que comienza ahora no debería limitarse a organizar unas nuevas elecciones. El verdadero desafío consiste en reconstruir un país cuya confianza en sus instituciones quedó profundamente dañada mucho antes de que la tierra empezara a temblar.
Solo unas instituciones independientes, transparentes y capaces de responder tanto a una crisis política como a una emergencia humanitaria permitirán que Venezuela cierre definitivamente el ciclo abierto hace ya demasiados años.
Porque el terremoto destruyó edificios. Pero el fraude electoral y décadas de mala gestión ya habían resquebrajado los cimientos de la República mucho antes. @mundiario