León.- En Guanajuato, si bien en los últimos años ha disminuido la cantidad de homicidios dolosos de mujeres, ha aumentado la proporción de los mismos, al pasar del 9.70% en 2022 al 13.95% en 2025, advirtió el Observatorio Ciudadano de León (OCL).
Pero además, en estos años recientes han aumentado otros delitos, como la violación y la violencia familiar.
La modificación que hizo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el registro de denuncias de las víctimas a partir de enero de este año ha permitido conocer a mayor detalle el tipo de víctimas y el contexto: en el caso de León, se revela que las denuncias por abuso sexual afecta principalmente a niñas de 0 a 12 años (34% del total con 58 casos), mientras que la violación impacta principalmente a adolescentes de 13 a 17 años (44 casos de un total de 146).
En el estado, la proporción de víctimas mujeres por abuso sexual es del 84% y en violación, del 87%, porcentajes similares en el caso del municipio de León.
Además, el arma de fuego es la principal herramienta para acabar con la vida de las mujeres.
Esto se dio a conocer en el Reporte de violencia contra las mujeres 2022-2026, del OCL.
Ahí, Brenda Gómez, analista del OCL, explicó que los datos presentados proceden del cruce entre informes del SESNSP y de la Secretaría de Salud de Guanajuato, con detalles de las defunciones, así como con entrevistas con especialistas del Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) y organizaciones que atienden a mujeres en situación de violencia, como el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, “Casa de Apoyo a la Mujer” y “Alerta Violeta”, para poder interpretar mejor los datos que representan a niñas, adolescentes y mujeres en riesgo.
Brenda Gómez advirtió que previo a la violencia feminicida existe un sistema de violencia psicológica, económica y física que desemboca en la agresión fatal que muchas veces se consuma.
En las entrevistas con las funcionarias y activistas que defienden los derechos de las mujeres, se concluyó, en el caso de IMMujeres, que: Hay dificultad para reconocer la violencia psicológica y económica antes de que escale a agresiones más letales; La dependencia económica y trabajo no remunerado impiden a la mayoría de las mujeres que acuden a esta institución presentar o, cuando se atreven, mantener, una denuncia contra su agresor, porque dependen económicamente de él o tienen ingresos precarios.
Por otro lado, ante la ausencia de un sistema integral de cuidados, las mujeres no pueden sostener procesos de acompañamiento psicológico, asesoría legal, entre otros, mientras que en el rubro de la Justicia, falla la perspectiva de género en los procesos de investigación criminal e impartición de justicia, lo que muchas veces lleva a las víctimas a desistir de los procesos institucionales por su indefensión y el riesgo de represalias.
Mayra Legaspi, directora ejecutiva del OCL. Foto: Gerardo García.
Además, existe una alta demanda de atención y acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que sobrepasa sus capacidades, en tanto que en las instituciones formales hay largos tiempos de espera en la contención y acompañamiento continuo.
Para Paola Fernández, coordinadora Jurídica de la organización Las Libres, el informe que presentó este miércoles el OCL es “una gran provocación” por colocar la lupa en los datos y en la necesidad de generar políticas públicas de prevención, con análisis mucho más focalizados y contextualizados de la violencia.
Viridiana Estrada, directora de Análisis y Formación con Perspectiva de Género del IMMujeres, participó explicando los diferentes programas que se ofrecen para apoyar a las ciudadanas.
“Las cifras presentadas por el Observatorio Ciudadano de León nos confirman la urgencia del panorama; los datos del IMMujeres nos indican las rutas institucionales que debemos seguir desde nuestras atribuciones. La teoría nos recuerda que sin autonomía económica, sin un Sistema Integral de Cuidados y sin una justicia pronta y no revictimizante, las intervenciones seguirán atendiendo los síntomas sin erradicar las causas”, se indica en el comunicado compartido por el Instituto.
Mayra Legaspi, directora ejecutiva del OCL, advirtió que desde hace tiempo es más que evidente que la violencia es estructural, y que las víctimas deben armarse de paciencia, pero también volverse sujetas activas de sus procesos judiciales, recabando evidencia de todo tipo para poder acreditar el delito: guardar conversaciones, archivos, llevar registro escrito de lo que ocurre para poder fortalecer sus denuncias.
Sin embargo, celebró cuando las víctimas tienen el valor de denunciar y visibilizar su problemática, en donde deben ser adecuadamente arropadas por las instituciones, las OSC y hasta los medios de comunicación.
AM