Begoña Gómez ha modificado su estrategia de defensa a las puertas de la apertura del juicio oral al sustituir al letrado Antonio Camacho por el penalista Jaime Campaner, especialista en juicios con jurado popular. El relevo, ejecutado de común acuerdo tras más de dos años de instrucción liderada por el exministro, se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ratificara que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un tribunal de nueve ciudadanos por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Tras asumir la representación, Campaner ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid una ampliación del plazo —de 5 a 15 días— para presentar el escrito de defensa antes de que se dicte el auto definitivo de apertura de juicio.

La decisión no supone un giro en la línea argumental de la defensa, sino una adaptación a un escenario procesal completamente distinto. Tras más de dos años de instrucción, la causa abandona la fase de investigación para adentrarse en un procedimiento en el que la experiencia específica en Derecho Penal y en juicios con jurado adquiere un peso determinante.

Este cambio se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara parcialmente la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar la causa a juicio. A través de un auto que modificó de forma sustancial el marco jurídico del caso, el tribunal confirmó que el procedimiento continuará por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; sin embargo, descartó la corrupción en los negocios y la apropiación indebida. Esta delimitación obligó a todas las partes a rehacer y adaptar sus escritos de conclusiones a los nuevos límites fijados por la Audiencia.

Es precisamente en ese nuevo escenario donde la defensa ha optado por incorporar a Jaime Campaner, un abogado especializado en procedimientos penales complejos y con una larga trayectoria en juicios de gran repercusión mediática.

¿Quién es Jaime Campaner?

Desde la apertura de las diligencias en la primavera de 2024, el exministro Antonio Camacho ha liderado la representación de Begoña Gómez bajo una estrategia enfocada en neutralizar la instrucción mediante continuos recursos de apelación y solicitudes de archivo. Su gestión ha estado marcada por una severa tensión procesal frente al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Esta tensión escaló cuando el instructor impuso a Camacho una sanción de 5.000 euros por sus manifestaciones ante los medios a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Lo acusó de vulnerar el secreto de las actuaciones al revelar de manera desconsiderada "lo acontecido en la sala" a los periodistas, un correctivo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acabó revocando de forma íntegra al declarar que la medida carecía de la motivación jurídica necesaria.

Fuentes próximas a la defensa destacan que Camacho deja el procedimiento tras haber conseguido reducir de forma significativa el alcance inicial de las acusaciones, eliminando varios delitos que finalmente no llegarán al eventual juicio.

El nuevo abogado, Jaime Campaner, representa un perfil distinto. Especializado en Derecho Penal y Procesal, Campaner cuenta con una sólida experiencia en delitos económicos, causas complejas y procedimientos celebrados ante un jurado popular. Además, a lo largo de su trayectoria, ha participado en algunos de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

Entre ellos figuran el caso Nóos, donde ejerció la defensa del asesor fiscal Salvador Trinxet; el juicio del caso Pujol, en el que representó a Josep Pujol Ferrusola; actuaciones relacionadas con el caso Villarejo; la representación del FC Barcelona en distintos procedimientos judiciales; así como otros asuntos de elevada repercusión pública.

Ese perfil explica el cambio de defensa en un momento en el que la estrategia deja de centrarse en la fase instructora para preparar una eventual vista oral ante ciudadanos que integrarán un jurado popular.

La defensa pide tiempo para estudiar la causa

Nada más asumir la representación, Campaner ha solicitado al juzgado que se le entregue la totalidad del procedimiento debidamente ordenado para poder estudiar toda la documentación. Asimismo, ha pedido una ampliación del plazo para presentar el escrito de conclusiones, argumentando la necesidad de analizar con detalle un procedimiento especialmente voluminoso y complejo.

En causas con miles de folios y abundante documentación, los nuevos abogados suelen solicitar un margen adicional para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa antes de fijar definitivamente su estrategia procesal. Aunque el caso avanza hacia la apertura del juicio oral, todavía quedan diversos trámites procesales por completar.

La acusación popular, encabezada por Hazte Oír, ha rebajado su petición de pena tras la resolución de la Audiencia y solicita ahora trece años de prisión para Begoña Gómez, frente a los veinticuatro años reclamados inicialmente. Por su parte, la Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada, reclama una indemnización de 113.509,32 euros por los perjuicios que considera sufridos.

La Fiscalía mantiene una posición completamente distinta. El Ministerio Público ya ha anunciado que solicitará la absolución tanto de Begoña Gómez como de Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente del Gobierno en La Moncloa. Tras las resoluciones de la Audiencia Provincial, el procedimiento gira fundamentalmente alrededor de dos cuestiones.

Por un lado, la acusación sostiene que Begoña Gómez habría utilizado presuntamente su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer el desarrollo de determinados proyectos profesionales vinculados a la Universidad Complutense de Madrid.

Por otro, el juez instructor considera que pudo servirse de recursos públicos relacionados con su asistente en La Moncloa para actividades de carácter privado.

La Audiencia, al permitir que la causa continúe por tráfico de influencias y malversación, señaló que resulta jurídicamente posible examinar en juicio si la posición institucional derivada del vínculo matrimonial con el presidente pudo generar una influencia relevante a efectos penales, aunque será precisamente el juicio el encargado de valorar las pruebas y determinar si esos hechos quedaron acreditados o no. @mundiario