Tras conocerse que el propietario del Crematorio Plenitud, José Luis A.C., obtuvo una suspensión provisional contra una posible orden de aprehensión, los colectivos Memoria, Dignidad y Justicia y Justicia Para Nuestros Deudos emitieron un enérgico rechazo, calificando las maniobras legales de la defensa como una "descarada burla" ante el dolor de las familias.
La controversia se reavivó luego de que el despacho Legal Estudio Jurídico, representante del empresario, informó que un juez federal concedió una medida cautelar para frenar temporalmente cualquier orden de captura o Notificación Roja de la Interpol.
Esta protección legal se da en un contexto donde José Luis A.C. ya había sido declarado sustraído de la acción de la justicia por no presentarse a una audiencia, después de que un tribunal colegiado revocó su libertad inicial y ordenó reactivar el proceso penal en su contra.
El Grupo Memoria, Dignidad y Justicia manifestó su profunda impotencia ante lo que consideran un despliegue de "influencias y dinero" para evadir la ley.
En su comunicado, subrayaron que la localización de 386 cuerpos no cremados y almacenados de forma inhumana es un "hecho irrefutable" que ningún amparo puede borrar.
Además, el colectivo extendió su exigencia hacia las autoridades gubernamentales, denunciando la negligencia y falta de supervisión que permitió la operación del crematorio en tales condiciones.
"Exigimos saber qué funcionarios y dependencias están siendo investigados y sancionados por permitir este atropello", sentenciaron las familias.
Por su parte, el colectivo Justicia Para Nuestros Deudos publicó una carta dirigida a Rosa María Cuarón Vda. de Arellano, madre del imputado, instándola a entregar a su hijo.
El documento acusa a la señora Cuarón de mantener un "silencio de complicidad" en lugar de un silencio maternal, recordándole que su hijo cobró por servicios no realizados y entregó cenizas falsas.
"No es inocente: arrojó los cuerpos como si fueran basura y los ocultó", señala la misiva, que apela al humanismo y empatía de la madre para dar un cierre a las más de 1,600 familias afectadas.
El llamado enfatiza que el hallazgo de los cuerpos (citando en esta misiva la cifra de 390) es prueba de un daño monumental que ha violentado el derecho básico de despedir con respeto a los seres queridos.
Ambos colectivos hicieron un llamado categórico a los Jueces de Distrito y al Poder Judicial Federal para evitar que el proceso se convierta en una "simulación procesal" plagada de tácticas dilatorias.
Las familias concluyeron sus pronunciamientos con una exigencia de "cero tolerancia a la corrupción" y la promesa de mantener una búsqueda inquebrantable de justicia y memoria.