Ciudad Juárez.- Trece mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, en el contexto de una política migratoria endurecida por la administración de Donald Trump. Trece vidas que quedaron suspendidas en espacios donde la ley debería proteger, pero donde la incertidumbre se volvió rutina.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, lo dijo sin rodeos, se trata de un tema doloroso, desgarrador y absolutamente inaceptable. Desde el inicio de la actual administración estadounidense, más de 177 mil connacionales han sido detenidos y más de 13 mil permanecen en centros de internamiento. Ahí, entre muros, protocolos y omisiones, ocurrieron las muertes. Seis por complicaciones médicas, cuatro catalogadas como suicidios, dos en operativos y una más en un tiroteo.

Las historias se reparten en distintos estados, pero comparten un mismo hilo, la fragilidad de quienes quedan atrapados en un sistema que castiga antes de escuchar. Familias que esperan respuestas, expedientes que avanzan lento, investigaciones abiertas sin responsables sancionados.

Desde México, la respuesta ha sido diplomática. Notas enviadas, exigencias de información, llamados a esclarecer los hechos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de que se respeten los derechos humanos y que se investigue a fondo cada caso.

Sin embargo, el trasfondo es más amplio. Las políticas migratorias que priorizan la contención sobre la protección terminan por desdibujar los límites entre legalidad y abuso. En ese terreno, la vida de los migrantes queda expuesta a decisiones que no siempre garantizan justicia.

Los números seguirán actualizándose. Las investigaciones también. Pero en medio de todo, queda una pregunta persistente sobre la responsabilidad de un sistema que, lejos de ofrecer certezas, deja una estela de dudas y silencios difíciles de ignorar.