La imagen de miles de personas cruzando de forma irregular hacia Ceuta puede haber desaparecido de las portadas con la misma intensidad con la que irrumpió, pero la crisis dista mucho de haber concluido. Cuatro días después de la entrada masiva registrada el 30 de julio, las autoridades locales admiten que entre 3.000 y 5.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad autónoma, una cifra que confirma que el episodio no fue únicamente una emergencia puntual de control fronterizo, sino el inicio de una compleja crisis humanitaria, logística y política cuyos efectos continúan desarrollándose.
Mientras el Gobierno central sostiene que alrededor de 48.000 personas ya han regresado a Marruecos, el Ejecutivo ceutí insiste en que la normalidad todavía está lejos de recuperarse. La diferencia entre la dimensión inicial del fenómeno y la población que aún permanece en la ciudad refleja tanto la rapidez con la que se organizaron los retornos como las enormes dificultades para gestionar a quienes siguen dentro del enclave.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, resume la situación con una afirmación contundente: la ciudad aún no ha recuperado la normalidad. Más allá de los datos, el dirigente ceutí insiste en que el impacto psicológico y operativo de la avalancha continúa presente. La entrada de decenas de miles de personas en apenas unas horas supuso un acontecimiento sin precedentes para una ciudad de aproximadamente 85.000 habitantes. Según Vivas, la sensación de vulnerabilidad provocada por una llegada equivalente prácticamente a toda la población local sigue condicionando el ambiente social y político.
Aunque el flujo masivo se ha detenido y los controles fronterizos han sido reforzados, el problema ha cambiado de naturaleza. Ya no se trata únicamente de impedir nuevas entradas, sino de gestionar a miles de personas que continúan dispersas por la ciudad mientras se tramitan retornos, identificaciones y procedimientos administrativos.
La estimación realizada por el Gobierno de Ceuta sitúa entre 3.000 y 5.000 el número de migrantes que todavía permanecen en la ciudad. Esta cifra resulta especialmente relevante porque muestra que, pese al elevado número de retornos ejecutados durante las primeras jornadas, aún queda un contingente considerable cuya situación jurídica y administrativa continúa pendiente de resolución. Al respecto, las autoridades reconocen que muchos de ellos permanecen fuera de los dispositivos oficiales de acogida, lo que complica tanto su identificación como la planificación de futuras actuaciones.
Esta circunstancia obliga a mantener un importante despliegue policial y militar mientras continúan las labores de búsqueda, asistencia y tramitación de expedientes.
Entre 3.000 y 5.000 personas siguen en Ceuta
Si existe un aspecto especialmente delicado dentro de la crisis, es el de los menores extranjeros no acompañados. Los datos ofrecidos por el Gobierno ceutí ilustran la magnitud del problema. La ciudad dispone oficialmente de capacidad para atender a 29 menores, pero actualmente acoge alrededor de 862, lo que supone una ocupación cercana al 2.872% respecto a la capacidad asignada.
Esta cifra evidencia que el mayor desafío ya no reside únicamente en controlar la frontera, sino en garantizar la atención a un colectivo especialmente vulnerable cuya protección está amparada por la legislación española e internacional. A diferencia de los adultos, cuya devolución puede tramitarse mediante distintos procedimientos administrativos, la situación de los menores exige protocolos específicos, identificación individual, tutela y coordinación entre administraciones.
Sin embargo, la presión también afecta al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Diseñado para albergar aproximadamente a 600 personas, el centro ha alcanzado su límite operativo. A ello se suma la presencia de alrededor de un millar de migrantes instalados en sus inmediaciones, una imagen que refleja hasta qué punto la capacidad asistencial de la ciudad ha quedado superada.
Este escenario obliga a improvisar soluciones temporales mientras las distintas administraciones intentan redistribuir recursos y aliviar la presión sobre los servicios públicos. La saturación no afecta únicamente al alojamiento. También repercute en la atención sanitaria, los servicios sociales, la seguridad y la gestión administrativa.
Una crisis que ya no es solo fronteriza
A la complejidad logística se añade otra cuestión especialmente sensible: el número de víctimas mortales. El Gobierno de Ceuta ha elevado el balance a 88 fallecidos, la mayoría por ahogamiento en las inmediaciones del espigón del Tarajal. Sin embargo, la Delegación del Gobierno mantiene oficialmente la cifra de 72 muertos, mientras que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) sostiene que el número podría acercarse al centenar.
Por su parte, Marruecos ha informado del hallazgo de 11 cadáveres en sus costas relacionados con el episodio migratorio. Estas diferencias reflejan las dificultades existentes para verificar identidades, localizar desaparecidos y coordinar la información entre ambas orillas del Estrecho.
El debate político suele centrarse en cuántas personas consiguieron entrar o cuántas han sido devueltas. Sin embargo, cuatro días después, la realidad demuestra que la crisis ha evolucionado hacia un escenario mucho más complejo. Ceuta afronta simultáneamente un problema de capacidad asistencial, gestión migratoria, atención sanitaria, protección de menores y coordinación institucional.
Cada uno de estos elementos requiere respuestas diferentes y plazos distintos. Mientras los retornos pueden ejecutarse relativamente rápido en determinados casos, la gestión de menores, las solicitudes de protección internacional o la identificación de personas desaparecidas exigen procesos mucho más largos.
La reducción del número de personas presentes respecto al momento inicial de la avalancha constituye un avance operativo evidente. Sin embargo, las propias autoridades locales rechazan considerar que la situación esté normalizada. Los miles de migrantes que todavía permanecen en Ceuta, la saturación de los recursos de acogida y la incertidumbre sobre la evolución de los próximos días mantienen abierta una crisis cuya dimensión va mucho más allá del episodio fronterizo del 30 de julio. @mundiario