MORELIA, Mich., 25 de marzo de 2026.- La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan, advirtió que la eventual incorporación de la revocación de mandato en un esquema concurrente con otros procesos electorales podría generar desequilibrios, tanto en la equidad de la contienda como en la operación técnica del sistema electoral.
En respuesta a una pregunta expresa durante su participación en el marco del tercer encuentro de buenas prácticas hacia una ciudadanía temprana, la consejera abordó los alcances de esta figura en el contexto de la reforma electoral conocida como Plan B, impulsada desde el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.
Sin referirse directamente a la mandataria, Humphrey señaló que, desde una perspectiva técnica, no es adecuado concentrar en una misma jornada electoral ejercicios distintos como elecciones de cargos públicos, procesos judiciales y mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato.
Explicó que cada uno de estos procesos implica estructuras operativas, capacitación, materiales y reglas distintas, lo que incrementa la complejidad logística y los costos, además de generar posibles afectaciones en la calidad del proceso.
“Se piensa que por tener más boletas en una misma jornada es más barato, pero es mucho más caro, porque se requieren más urnas, más funcionarios, más capacitación, más sistemas de cómputo”, sostuvo.
La consejera advirtió que la acumulación de elecciones podría traducirse en jornadas excesivamente largas para el electorado, con una sobrecarga de boletas que dificultaría la votación y podría impactar en la participación.
En ese sentido, ejemplificó que en ejercicios recientes del Poder Judicial se han entregado hasta 13 boletas por persona, lo que anticipa un escenario complejo si se suman elecciones federales, locales y mecanismos de participación en un mismo día.
Más allá de la logística, Humphrey puso énfasis en un posible desequilibrio en la contienda política derivado del diseño actual de la revocación de mandato.
Explicó que, en el esquema vigente, la persona titular del Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de difundir sus logros durante el proceso, mientras que los partidos políticos no cuentan con el mismo acceso a tiempos oficiales en radio y televisión para posicionar una postura crítica o contrastante.
“Se permite que la persona titular pueda promover sus logros, pero se prohíbe que los partidos utilicen tiempos del Estado para cuestionar o contrastar. Entonces se queda una sola voz”, advirtió.
A su juicio, esta condición rompe el principio de equidad en la comunicación política, al limitar el debate público y concentrar la narrativa en un solo actor.
Humphrey señaló que, si bien la revocación de mandato puede tener una lógica democrática como mecanismo de evaluación ciudadana, su diseño actual requiere ajustes para garantizar condiciones equitativas y evitar distorsiones en el sistema.
Asimismo, recordó que este tipo de propuestas se discutieron en 2025 en reuniones con autoridades federales, en el contexto de la reforma electoral, donde se plantearon reservas técnicas sobre la viabilidad de empatar distintos procesos.
En el marco del Plan B, la consejera también ha expresado preocupaciones sobre la eliminación o reducción de atribuciones del Instituto Nacional Electoral, particularmente en materia de educación cívica, lo que, dijo, podría debilitar la construcción de ciudadanía en el país si no se establece una política pública alternativa.
En ese sentido, insistió en que las reformas electorales deben analizarse no solo desde una lógica de simplificación o ahorro, sino desde su impacto en la calidad democrática, la equidad en la contienda y la confianza ciudadana.
Finalmente, advirtió que cualquier modificación al sistema electoral debe considerar la complejidad operativa del país, así como la necesidad de preservar condiciones de competencia equilibrada, particularmente en mecanismos como la revocación de mandato que inciden directamente en la permanencia de los gobiernos en turno.
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