Cuatro días después de la mayor crisis migratoria vivida en Ceuta en las últimas décadas, Marruecos ha ofrecido su primera explicación oficial sobre los acontecimientos que permitieron la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma. Lejos de asumir responsabilidades, Rabat sostiene que actuó con arreglo a su compromiso de cooperación con España, niega haber utilizado la inmigración como instrumento de presión política y sitúa el origen de la crisis en el “cambio de paradigma” que supuso la sentencia del Tribunal Supremo.

En un encuentro con agencias internacionales de noticias, responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí defendieron que el Reino alauí “no actúa bajo presiones, chantajes ni contrapartidas” y reivindicaron la política migratoria impulsada por Mohamed VI como un modelo de cooperación con Europa.

La tesis central del Gobierno marroquí consiste en atribuir el detonante de la crisis a la sentencia dictada por el Supremo español a comienzos de julio, que limitó la aplicación de las devoluciones en caliente para quienes acceden a Ceuta y Melilla a nado, si no superó barreras físicas.

Según la versión ofrecida por las autoridades marroquíes, ese fallo judicial alteró profundamente el equilibrio sobre el que descansaba la cooperación migratoria entre ambos países. Los responsables diplomáticos sostienen que trasladaron a España, días antes de la crisis, que la resolución judicial debilitaba uno de los principales elementos disuasorios frente a la inmigración irregular y que esa circunstancia podía provocar un incremento de los intentos de entrada.

A juicio de Rabat, quienes lograran alcanzar territorio español por mar dejaban de estar sometidos al procedimiento de rechazo inmediato en frontera para pasar a un proceso administrativo y judicial más prolongado. Ese cambio, sostienen, fue interpretado por miles de potenciales migrantes como una oportunidad para acceder a Europa. “Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio”, resumieron fuentes diplomáticas marroquíes, que aseguraron que la doctrina fue amplificada por las redes sociales e instrumentalizada por las mafias de tráfico de personas.

Marruecos niega haber relajado la vigilancia fronteriza

Según la interpretación de Rabat, las mafias difundieron el mensaje de que España ya no podía devolver de forma inmediata a quienes alcanzaran Ceuta a nado, generando un potente efecto llamada entre miles de jóvenes marroquíes. Para el Estado marroquí, esa combinación entre la nueva situación jurídica y la propagación de mensajes en Internet explica el movimiento masivo registrado en la frontera, sin necesidad de atribuirlo a una decisión política de las autoridades marroquíes. Las autoridades marroquíes rechazaron igualmente las acusaciones de haber permitido deliberadamente el paso de miles de personas hacia Ceuta. Según su relato, no existió ninguna relajación en los controles fronterizos y el dispositivo de seguridad siguió actuando conforme a sus posibilidades.

Fuentes del Ministerio de Exteriores argumentaron que ninguna estructura policial puede contener indefinidamente una multitud de decenas de miles de personas sin asumir riesgos muy elevados. “Si tienes a 40.000 personas, ¿cuántos agentes serían necesarios?”, plantearon durante el encuentro con la prensa. También justificaron que las fuerzas de seguridad evitaran enfrentamientos directos con la masa de personas para impedir un mayor número de víctimas.

Rabat aprovechó además la comparecencia para reivindicar el esfuerzo económico que asegura realizar en materia migratoria. Según los datos ofrecidos por las autoridades marroquíes, el país dedica alrededor de 500 millones de euros anuales al control de sus fronteras, mientras que la financiación recibida desde la Unión Europea asciende a unos 145 millones.

No obstante, insistieron en que el problema no puede reducirse a una cuestión presupuestaria. “La gestión migratoria necesita una estrategia común y una responsabilidad compartida”, subrayaron. Las mismas fuentes recordaron que Marruecos afirma haber frustrado más de 160.000 intentos de inmigración irregular durante los dos últimos años y haber desmantelado centenares de redes dedicadas al tráfico de personas.

Defensa del Gobierno español y críticas a la oposición

El Ejecutivo marroquí también quiso diferenciar entre sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y las declaraciones realizadas por la oposición española y otros gobiernos europeos. Las fuentes diplomáticas expresaron su “decepción” por las críticas formuladas desde distintos ámbitos políticos, a las que acusaron de instrumentalizar la crisis con objetivos electorales. En cambio, describieron la coordinación mantenida con el Ejecutivo español como “perfecta” y aseguraron que la cooperación entre ambos países permitió organizar con rapidez el retorno de buena parte de las personas que habían cruzado irregularmente la frontera.

Según el Gobierno marroquí, el componente policial solo resulta eficaz cuando va acompañado de mecanismos legales de devolución y de políticas de desarrollo que reduzcan la presión migratoria.