La falta de apoyo del PT hizo que el Senado de la República aprobara el “Plan B” de la reforma electoral sin la posibilidad de llevar a cabo la revocación de mandato el año entrante
Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República del Congreso de la Unión aprobó el llamado “Plan B” de la reforma electoral, propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, no incluyó la opción de realizar la revocación de mandato en 2027.
Tras una sesión de más de 10 horas, la cámara alta avaló el dictamen que reforma los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los votos favor del bloque oficialista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).
No obstante, el PT rechazó la propuesta de llevar a cabo la consulta de revocación de mandato al mismo tiempo que las elecciones intermedias del siguiente año, cuando estarán en juego las 500 curules de la Cámara de Diputados y las gubernaturas de 17 estados.
En la votación particular, el pleno validó la reserva presentada por la senadora petista, Lizeth Sánchez García, quien planteó dejar fuera del dictamen los cambios al artículo 35 constitucional, los cuales hubieran permitido efectuar dicho ejercicio en 2027.
La legisladora federal del PT consideró que empalmar ambos procesos electorales implicaría “un riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
De esta manera, la revocación de mandato tendrá lugar hasta junio de 2028. Esto representa un triunfo para la oposición y un nuevo revés para el oficialismo que ya sufrió el fracaso de la la reforma constitucional en materia original, la cual fue rechazada por la Cámara de Diputados.
Los cambios constitucionales del “Plan B” que sí fueron aprobados incluyen el límite de 15 regidurías y una sindicaturas en los ayuntamientos; el tope de 0.70 por ciento de los presupuestos estatales para los congresos locales; y la reducción del gasto del Senado de la República.
Así como la prohibición de que consejerías, magistraturas y otras personas funcionarias electorales ganen más que la presidenta de México.
Tras la aprobación del “Plan B” en el Senado de la República, la minuta con proyecto de decreto será turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.
