La política mexicana ha perfeccionado un truco particularmente tóxico para la vida urbana: quitarles capacidad a las ciudades y después culparlas por no resolver, solas y a tiempo, las consecuencias de ese vaciamiento. Guadalajara ofrece hoy una versión nítida de ese mecanismo.
En una de las grandes metrópolis de América Latina, donde la escala de los problemas exige coordinación institucional, financiamiento sostenido y visión de largo plazo, el debate público ha sido empobrecido hasta convertirse en una secuencia de imágenes.
En lugar de discutir cómo se reconstruye la capacidad urbana del Estado, se explota visualmente el deterioro. El bache se vuelve argumento; la cámara, sustituto del presupuesto.
La escena reciente de una legisladora grabándose mientras tapa baches en Guadalajara no debería leerse como una curiosidad local ni como un gesto de activismo.
Debería leerse como el síntoma más visible de una cultura política que ha reemplazado la gestión por la escenografía.
Allí donde deberían discutirse reglas fiscales, inversión metropolitana y responsabilidades compartidas, aparece la política del clip: pala, mezcla, indignación y vídeo. No hay reforma de fondo, pero sí encuadre.
Y el encuadre funciona porque se apoya en una verdad parcial: sí, hay deterioro visible; lo que se oculta son las decisiones estructurales que ayudaron a producirlo.
Durante años, el Fondo Metropolitano fue uno de los pocos instrumentos federales pensados para financiar proyectos que los municipios no podían sostener por separado: infraestructura vial, parques, mercados, movilidad, planeación y obras de escala regional. Tuvo defectos serios, incluida la opacidad.
Pero su debilitamiento y desaparición práctica no fueron acompañados por un mecanismo mejor. Fueron reemplazados por un vacío.
Un estudio de la UNAM concluyó que, entre 2012 y 2020, ese fondo pasó de una lógica de descentralización gradual a otra de recentralización y subordinación al gobierno federal, con recursos insuficientes y una agenda metropolitana relegada.
No es una consigna partidista: es un diagnóstico sobre la erosión del financiamiento urbano en México.
La advertencia no fue sólo académica. En el debate del Presupuesto de Egresos de 2021, voces en la Cámara de Diputados señalaron que eliminar el Fondo Metropolitano significaba dejar sin financiamiento proyectos clave y debilitar la gobernanza de las zonas metropolitanas.
Eso era exactamente lo que estaba en juego: no una bolsa marginal, sino un incentivo para que municipios y estados coordinaran soluciones que, por definición, rebasan sus fronteras administrativas.
Cuando ese incentivo desaparece, cada ciudad queda más sola y cada problema metropolitano se vuelve más costoso, más lento y más políticamente explotable.
El contraste actual es brutal. Mientras las ciudades pierden herramientas para sostener su infraestructura cotidiana, el gobierno federal presume un “Megabachetón” de 50 mil millones de pesos para intervenir 18 mil kilómetros de carreteras federales en 2026.
Conviene subrayarlo: carreteras federales, no vialidades urbanas municipales. El mensaje de fondo es inequívoco. Sí hay recursos cuando la obra puede centralizarse, inaugurarse y narrarse desde la capital.
No existe la misma ambición cuando se trata de financiar la tarea más difícil y menos glamourosa de mantener vivas las ciudades donde transcurre la vida de millones de personas.
Guadalajara ha reclamado ya el regreso de los fondos metropolitanos y ha advertido que su ausencia impacta el desarrollo urbano.
Lo que pide no es indulgencia, sino instrumentos. No exige que la Federación le resuelva cada bache; exige que deje de retirar capacidades y luego usar el deterioro como prueba de incompetencia local.
Ese patrón es reconocible en muchos países: primero se estrangula fiscalmente al gobierno más cercano a la gente y después se le utiliza como chivo expiatorio.
El resultado no sólo encarece la reparación futura; también degrada la conversación pública. La ciudadanía deja de ser tratada como sujeto político y empieza a ser tratada como audiencia.
Por eso la discusión de fondo no es quién apareció con una pala, sino quién desmontó las herramientas que podían evitar llegar a este punto. Primero asfixian a las ciudades y luego se filman sobre las ruinas.
Una democracia seria debería hacer exactamente lo contrario: reconstruir capacidades antes de convertir el derrumbe en contenido.