Un secretario de Estado, cuatro directores de la Agencia Nacional Aduanera, un general, un vicealmirante, un contralmirante, 10 funcionarios y siete empresas realizaron, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mayor saqueo jamás realizado a la nación: el contrabando de combustible. Y todos, salvo uno, están libres –o bajo proceso–, y ninguno de los más altos mandos involucrados tiene carpetas de investigación abiertas. El encubrimiento es insultante; la impunidad, total.
Durante al menos cinco años, revela una investigación de Alejandro Melgoza y Williams Castañeda de la Unidad de Periodismo de Investigación de N+ Focus, empresarios, funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas traficaron millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México a través de una red criminal operada por ocho empresas, tres mandos medios, entre militares, marinos y civiles, y los titulares de seis aduanas, logrando introducir al menos 31 buques entre 2024 y 2025.