La crisis que desbordó Ceuta durante los últimos días de julio entra en una nueva fase. Después de una entrada irregular de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, la Justicia quiere saber ahora qué ocurrió antes de que miles de migrantes se lanzaran hacia la frontera y si las fuerzas de seguridad disponían de información que pudiera haber permitido anticipar la magnitud de lo que estaba a punto de suceder.
La Audiencia Nacional ha solicitado a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que detalle si alguna de sus unidades recibió durante los días anteriores información, indicios o avisos que pudieran haber alertado de la llegada masiva. La petición no presupone que existiera una alerta concreta ni implica que hubiera una actuación irregular: precisamente lo que pretende determinar la investigación es si existió esa información y cuál fue su alcance.
La cuestión tiene especial relevancia porque el dispositivo desplegado en Ceuta se vio completamente superado por la dimensión de la llegada. La investigación judicial trata ahora de reconstruir la secuencia de acontecimientos para establecer qué se sabía, cuándo se supo y qué capacidad había para reaccionar ante una situación de semejante magnitud.
El requerimiento judicial llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya defendido que el Centro Nacional de Inteligencia no emitió una alerta que anticipara una entrada masiva de esas características. El propio ministro, sin embargo, ha reconocido que sí existían señales previas relacionadas con el aumento de las entradas irregulares por vía marítima. Según explicó, se esperaba una mayor presión migratoria durante el verano y se había advertido de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente podía favorecer un incremento de las llegadas a nado.
Ahí aparece una de las claves de la investigación. Una cosa es disponer de información genérica sobre un posible aumento de la presión migratoria y otra muy distinta contar con datos que permitan anticipar una operación de dimensiones extraordinarias. La Audiencia Nacional quiere precisamente conocer dónde estaba esa línea y qué información manejaban los distintos cuerpos de seguridad.
La frontera quedó desbordada
Los días 30 y 31 de julio se convirtieron en el epicentro de una crisis sin precedentes recientes en la ciudad autónoma. La llegada masiva se produjo fundamentalmente a través del entorno del espigón y la playa del Tarajal, en un escenario en el que la enorme cantidad de personas que intentaban alcanzar territorio español desbordó las capacidades inicialmente desplegadas.
La dimensión de la tragedia también ha llevado a la magistrada a pedir información detallada sobre las operaciones de rescate realizadas en aguas españolas. La Guardia Civil deberá aportar datos sobre las personas localizadas, sus circunstancias conocidas y, cuando se trate de fallecidos, la información disponible sobre la causa y la fecha de la muerte. En el caso de los supervivientes, se solicitan también sus identidades y datos de localización.
El balance provisional sitúa en 77 los fallecidos, aunque distintas fuentes y organizaciones han manejado cifras diferentes. La investigación judicial tendrá que ayudar también a ordenar los datos sobre víctimas, rescates y personas desaparecidas en medio de una de las jornadas más dramáticas vividas en la frontera de Ceuta.
La investigación no se limita a determinar si existieron avisos previos. También quiere averiguar cómo se produjo exactamente el desplazamiento masivo y si detrás de la entrada irregular pudo existir una actuación coordinada.
Por eso, la magistrada ya había solicitado a la Policía Nacional un informe destinado a determinar si la llegada de miles de personas pudo responder a una “acción concertada o dirigida” por algún grupo criminal. El objetivo es aclarar las circunstancias de la entrada y, al mismo tiempo, determinar si la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar los posibles delitos denunciados.
La denuncia que dio origen a estas diligencias fue presentada por Iustitia Europa y plantea posibles delitos relacionados con la seguridad del Estado, el favorecimiento de la inmigración ilegal, el tráfico de personas, la organización criminal y la omisión del deber de perseguir delitos. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y cuya existencia en la denuncia no significa que hayan sido acreditadas.
La gran cuestión: qué sabía cada organismo
El interés de la investigación judicial está precisamente en reconstruir la cadena de información previa. En una crisis de estas dimensiones, conocer que puede aumentar la llegada de migrantes no equivale necesariamente a disponer de información concreta sobre una movilización masiva.
La diferencia puede ser decisiva. Si los cuerpos de seguridad hubieran recibido información específica sobre una concentración extraordinaria de personas en los alrededores de la frontera, la investigación tendrá que determinar qué medidas se adoptaron, cuándo se adoptaron y si fueron suficientes. Si, por el contrario, no existieron indicios concretos que permitieran prever lo ocurrido, la explicación sobre el desbordamiento tendría que buscarse en otros factores.
Uno de los elementos que ya había aparecido en las explicaciones oficiales sobre la crisis es la difusión de información en redes sociales acerca de las posibilidades de permanecer en España después de entrar a nado.
La sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente de determinadas personas que acceden a Ceuta y Melilla por vía marítima se ha situado en el centro del debate. El Gobierno ha sostenido que la decisión judicial pudo ser interpretada de manera interesada y contribuir a alimentar las expectativas de quienes pretendían alcanzar la ciudad autónoma.
Pero la investigación judicial tendrá que distinguir entre los distintos factores que pudieron confluir. Una cosa es que existiera información circulando por redes sociales y otra que esa circunstancia permita explicar por sí sola una movilización de decenas de miles de personas.
Una crisis que ya no se juega solo en la frontera
La apertura de estas diligencias cambia también el escenario político. Hasta ahora, el debate se había concentrado fundamentalmente en la respuesta del Gobierno, la actuación de Marruecos, la capacidad de las fuerzas de seguridad y las consecuencias humanitarias de la llegada masiva. Ahora aparece una nueva pregunta: ¿qué ocurrió en las horas y días anteriores?
La respuesta puede resultar especialmente relevante para determinar si la crisis sorprendió realmente a todos los organismos encargados de vigilar la frontera o si existieron señales que no llegaron a convertirse en una alerta operativa. La Guardia Civil deberá aportar información que permita a la magistrada reconstruir esa fase previa.
Y esa reconstrucción puede ser uno de los capítulos más importantes de la investigación. Porque el debate ya no se centra únicamente en cuántas personas entraron en Ceuta o en cómo se produjo la respuesta cuando la frontera quedó desbordada. La Justicia empieza a mirar hacia atrás, hacia los días en los que todavía era posible preguntarse si algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. @mundiario