La respuesta de Marruecos a la mayor avalancha migratoria registrada en la frontera sur de Europa ya tiene una vertiente judicial. Las autoridades del país magrebí han procesado a 86 personas por su presunta participación en los cruces irregulares hacia Ceuta y Melilla registrados la pasada semana, una crisis que llevó a más de 70.000 inmigrantes a intentar acceder a territorio español en apenas dos días.
La ofensiva judicial afecta tanto a supuestos organizadores como a participantes en las entradas ilegales y alcanza también a cinco menores de edad, en una decisión que refleja el endurecimiento de la respuesta de Rabat tras unos acontecimientos que pusieron bajo enorme presión el sistema fronterizo compartido con España.
La mayor parte de los procedimientos se concentran en los tribunales de Tetuán, competentes para los hechos ocurridos en el municipio de Castillejos (Fnideq), desde donde partió la inmensa mayoría de quienes cruzaron hacia Ceuta.
Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), 34 personas han sido procesadas en esa jurisdicción. Entre ellas figuran cinco menores, trasladados posteriormente a un centro de protección de la infancia situado en las inmediaciones de Rabat.
Las acusaciones incluyen organización de salidas clandestinas, transporte ilegal de personas, agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad, desobediencia, daños a instalaciones públicas y diversos actos de violencia registrados durante los incidentes. Paralelamente, otros 52 procedimientos se tramitan en los tribunales de Nador por intentos de acceso irregular a Melilla, elevando a 86 el número total de encausados conocido hasta el momento.
Rabat niega haber relajado el control fronterizo
La crisis estalló cuando más de 70.000 personas cruzaron irregularmente desde Marruecos hacia Ceuta, según las cifras manejadas por el Ministerio del Interior español, mientras que más de un millar intentaron hacerlo por Melilla. El episodio provocó una situación inédita en la frontera hispano-marroquí y desencadenó una intensa crisis diplomática y política tanto entre Madrid y Rabat como en el seno de la Unión Europea. Tras varios días de tensión, la mayoría de quienes lograron acceder a Ceuta fueron devueltos a Marruecos mediante un amplio dispositivo coordinado entre ambos países.
El Gobierno marroquí mantiene una posición firme frente a las acusaciones de haber permitido deliberadamente los cruces masivos. El Ministerio de Exteriores rechazó que existiera una relajación de los controles y aseguró que intervenir de forma inmediata ante una multitud de semejantes dimensiones habría incrementado el riesgo de víctimas.
Las autoridades insisten en que Marruecos mantiene intacto su compromiso de aceptar el retorno de quienes crucen irregularmente hacia España y recuerdan que la gestión migratoria supone un coste anual cercano a los 500 millones de euros, frente a una financiación europea de 145 millones que consideran insuficiente. Con ese argumento, Rabat vuelve a reclamar un mayor respaldo económico de Bruselas para sostener una frontera que considera estratégica para toda la Unión Europea.
Preocupación por las garantías procesales
La actuación judicial ha despertado la preocupación de organizaciones de derechos humanos. La AMDH ha reclamado que se respeten plenamente las garantías procesales de todos los investigados, especialmente en un contexto marcado por la huelga que mantienen desde hace semanas los abogados marroquíes, circunstancia que, según denuncia la organización, dificulta el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Además, la asociación considera “inquietante” que la respuesta institucional se centre casi exclusivamente en la vía represiva. A su juicio, el incremento de los procedimientos penales no aborda las causas profundas que empujan a miles de jóvenes y menores a intentar abandonar Marruecos de forma irregular, entre ellas la falta de oportunidades económicas y laborales.
Más allá de las consecuencias políticas y judiciales, la crisis deja un balance humano especialmente dramático. La ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el número de personas fallecidas durante los intentos de alcanzar territorio español. Las autoridades españolas han confirmado la recuperación de 75 cadáveres en aguas o costas de Ceuta, mientras que Marruecos reconoce oficialmente 11 víctimas mortales localizadas en su territorio.
La diferencia entre ambos balances refleja la dificultad para establecer una cifra definitiva de fallecidos en una tragedia que vuelve a situar el fenómeno migratorio en el centro del debate entre seguridad fronteriza, cooperación internacional y protección de los derechos humanos.
Con los procedimientos judiciales ya en marcha, Marruecos pretende transmitir un mensaje de firmeza frente a las redes de inmigración irregular. Sin embargo, el alcance de las causas abiertas y el tratamiento dispensado a los menores procesados anticipan que la dimensión judicial de la crisis seguirá generando controversia tanto dentro del país como entre las organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales. @mundiario