La crisis migratoria de Ceuta ha abierto una grieta inesperada dentro del Partido Popular. Después de varios días evitando responder con claridad a una de las preguntas más incómodas de la emergencia, la dirección nacional de la formación ha terminado fijando posición: las comunidades autónomas tendrán que acoger a los menores no acompañados que sean derivados desde la ciudad autónoma porque la ley obliga a hacerlo.
Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, ha zanjado la discusión con una frase que deja poco margen para la interpretación: “El Partido Popular siempre cumple la ley; en esta ocasión, también”. La declaración supone reconocer que los gobiernos autonómicos populares deberán participar en el reparto, aunque algunos de ellos hayan firmado acuerdos con Vox en los que se comprometían a no aceptar nuevos menores extranjeros.
La situación resulta especialmente delicada en territorios como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde PP y Vox mantienen acuerdos políticos que incluyen compromisos en materia migratoria. La llegada masiva de personas a Ceuta ha colocado ahora esos pactos frente a una obligación legal que las autonomías no pueden simplemente ignorar.
La crisis de Ceuta pone a prueba los pactos con Vox
Durante los primeros días de la emergencia, la dirección nacional del PP había evitado entrar de lleno en la cuestión. Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a Ceuta, se limitó a remitirse al plan migratorio de su partido sin aclarar cómo responderían las comunidades gobernadas por los populares ante una eventual distribución de menores.
Ahora Génova reconoce que el marco legal está por encima de los acuerdos políticos. La normativa establece mecanismos de traslado cuando un territorio supera ampliamente su capacidad de acogida, una circunstancia que se ha producido en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes.
El problema político es evidente: los dirigentes autonómicos del PP tendrán que aplicar una norma que algunos de sus socios de Gobierno consideran precisamente parte del problema. Las comunidades no anuncian una negativa abierta a cumplirla, pero sí preparan recursos judiciales y otras fórmulas para cuestionar el sistema de reparto.
Bendodo ha intentado trasladar la responsabilidad al Ejecutivo central. El dirigente popular sostiene que la crisis ha sido provocada “directa o indirectamente” por el Gobierno de Pedro Sánchez y reclama que sea Moncloa quien busque una solución estructural. La estrategia permite al PP mantener su discurso crítico contra la política migratoria del Ejecutivo sin asumir el coste de incumplir la legislación vigente.
Más de un centenar de menores ya están siendo atendidos
Mientras la batalla política crece, la emergencia continúa sobre el terreno. El Ministerio de Juventud e Infancia ha informado de que más de un centenar de menores migrantes han pasado su primera noche en un colegio habilitado en Ceuta después de que el Gobierno solicitara disponer de instalaciones educativas para atender temporalmente a los niños y adolescentes no acompañados.
La ciudad autónoma afronta así una presión extraordinaria sobre sus recursos de acogida. Ceuta ya soportaba una situación especialmente complicada antes de la última crisis fronteriza y la llegada masiva de personas ha multiplicado las necesidades de atención, alojamiento y protección de los menores.
La cuestión ahora es qué ocurrirá cuando comiencen los traslados a la Península. El sistema de reparto ya había permitido durante el último año derivar a más de 1.750 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas. La nueva emergencia amenaza con elevar considerablemente esa cifra.
Vox mantiene la presión sobre sus socios
La posición del PP tampoco resuelve el conflicto con Vox. La formación de Santiago Abascal mantiene su rechazo al reparto obligatorio de menores extranjeros y defiende que España debería priorizar la devolución de los menores a sus familias cuando sea legalmente posible.
Sin embargo, de momento, la crisis de Ceuta no ha provocado la ruptura de los gobiernos autonómicos compartidos por ambas formaciones. El choque queda así contenido dentro de una convivencia política cada vez más incómoda: el PP acepta que sus comunidades deben cumplir la normativa mientras Vox insiste en que el modelo migratorio debe cambiar.
En medio de esa disputa ha destacado también la posición del presidente de Melilla, Juan José Imbroda. El dirigente popular ha reclamado a sus compañeros de partido un “gesto de solidaridad” con Ceuta y ha defendido que existe una norma que debe cumplirse. Su mensaje refleja la particular sensibilidad de las dos ciudades autónomas, que soportan directamente una presión migratoria que después deben asumir otras administraciones.
El PP eleva el pulso contra Sánchez
La dirección popular no ha renunciado, pese a todo, a utilizar la crisis para aumentar la presión sobre el Gobierno. El PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso de varios ministros, entre ellos Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Albares y Félix Bolaños, con el objetivo de exigir explicaciones sobre la gestión de la emergencia.
Los populares también quieren que Sánchez comparezca ante el Congreso y han criticado duramente su gestión política durante la crisis. La formación considera insuficiente la respuesta del Ejecutivo y reclama explicaciones sobre la previsión, el control de la frontera y la coordinación con Marruecos.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la prioridad inmediata es gestionar las consecuencias de la llegada masiva y atender a las personas más vulnerables, especialmente a los menores. Pero el episodio ha dejado una consecuencia política difícil de esquivar: la crisis de Ceuta ha obligado al PP a elegir entre los pactos que mantiene con Vox y el cumplimiento de una legislación que sus comunidades están obligadas a aplicar.
Y esa tensión apenas acaba de empezar. La llegada de los menores a otras comunidades puede convertir la emergencia fronteriza de Ceuta en un nuevo frente de batalla política en toda España. @mundiario