La polémica por el ático de 6,3 millones de euros adquirido por una empresa pública de la Comunidad de Madrid ha colocado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ante una de sus mayores crisis de transparencia de los últimos meses. La presidenta madrileña ha desplazado la responsabilidad de las explicaciones hacia la Consejería de Presidencia, dirigida por Miguel Ángel García Martín, uno de sus colaboradores de máxima confianza. Sin embargo, lejos de aportar nuevos detalles sobre la operación, el consejero ha mantenido la misma línea argumental que el Gobierno regional sostiene desde que trascendió la compra: no hubo irregularidad y quienes cuestionan la operación están “buscando un fantasma”.
La adquisición, realizada a través de Planifica Madrid, una sociedad pública dependiente de la Comunidad, pretendía responder a una necesidad temporal: utilizar la vivienda como despacho provisional de Ayuso mientras se ejecutaban unas obras en la sede habitual de la Presidencia regional. El problema es que, según se ha conocido posteriormente, el inmueble no puede destinarse a ese uso, lo que ha obligado al Ejecutivo madrileño a anunciar su venta.
La decisión de desprenderse del ático pretende cerrar una crisis que, sin embargo, ha abierto nuevas preguntas. Entre ellas, quién autorizó la compra, qué alternativas se estudiaron antes de optar por una vivienda de estas características y qué informes justificaron una inversión de 6,3 millones de euros con dinero público. La ausencia de ese expediente completo alimenta las dudas de la oposición y mantiene la presión sobre el Gobierno regional.
Miguel Ángel García Martín se ha convertido así en la figura encargada de defender una operación que la propia Ayuso ha evitado asumir en primera persona. El consejero de Presidencia, junto al jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, forma parte del núcleo político más cercano a la dirigente madrileña y del equipo que habitualmente responde ante las crisis que afectan al Ejecutivo autonómico.
Una defensa basada en el argumento de la utilidad pública
Durante una comparecencia en Robledo de Chavela, uno de los municipios afectados por los incendios de este verano, García Martín insistió en que Planifica Madrid ha realizado otras operaciones inmobiliarias con el objetivo de poner bienes al servicio de la Comunidad. Según su versión, el ático no era una adquisición excepcional, sino una operación dentro de las funciones habituales de la empresa pública.
“Se adquiere para ponerlo al servicio de las necesidades que pueda tener la Comunidad de Madrid”, afirmó el consejero, sin detallar quién impulsó la compra ni qué circunstancias concretas llevaron a elegir ese inmueble frente a otras posibilidades.
La estrategia del Ejecutivo madrileño pasa ahora por presentar la venta del ático como la solución definitiva al conflicto. El Gobierno regional ha anunciado que los fondos obtenidos se destinarán a la reconstrucción de los municipios de la Sierra Oeste afectados por los incendios. No obstante, la operación no es inmediata y requiere completar un proceso de venta que puede prolongarse en el tiempo, por lo que no supone una respuesta inmediata a las críticas.
El choque político entra en una nueva fase
La controversia ha permitido al Gobierno de Ayuso cambiar el foco del debate hacia la confrontación política. García Martín aprovechó su comparecencia para atacar al Ejecutivo central y acusar a la izquierda de intentar convertir una cuestión administrativa en un escándalo político.
El consejero llegó a comparar la polémica con las críticas recibidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los incendios y la crisis migratoria en Ceuta. En su intervención, defendió que la Comunidad había ofrecido explicaciones desde el primer momento y acusó a sus adversarios de intentar prolongar artificialmente la polémica.
Pero el principal desafío para el Gobierno madrileño no parece estar únicamente en el debate político, sino en la necesidad de ofrecer información concreta sobre una operación poco habitual. La venta del inmueble puede cerrar la cuestión económica, pero no responde por sí sola a las preguntas sobre el proceso de decisión que llevó a comprarlo.
Mientras la oposición reclama conocer los documentos que acompañaron la adquisición, Ayuso y su equipo confían en que el tiempo y la venta del ático permitan rebajar la tensión. Por ahora, Miguel Ángel García Martín mantiene intacto el discurso oficial: no hay caso, solo una polémica alimentada por quienes, según sus palabras, están “buscando un fantasma”. @mundiario