“En ningún momento hemos hecho nada que obligue al personal a trabajar en cosas que no sean específicamente para lo que fueron contratados, mucho menos para actividades políticas”, afirmó este jueves al ser cuestionado sobre las acusaciones.
El funcionario señaló que, hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha recibido una notificación formal de la CEDH sobre la queja presentada el miércoles por los extrabajadores, por lo que dijo desconocer el contenido de la denuncia.
“Yo ayer preguntaba ante los órganos internos si había denuncias sobre lo que se estaba denunciando; me dijeron que no. Hasta el día de ayer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no nos ha hecho llegar ningún requerimiento o denuncia para atender. Estamos esperando específicamente saber de qué es la denuncia y poderla atender”, expresó.
Loya Chávez sostuvo que durante su administración la prioridad ha sido mejorar las condiciones laborales del personal, al asegurar que fueron regularizadas plazas, incrementados salarios y homologadas las percepciones de distintas áreas operativas.
Sobre los despidos denunciados por los exempleados, reconoció que la dependencia ha dado de baja a trabajadores, aunque consideró que las acusaciones podrían estar relacionadas con esas separaciones.
“Sí, efectivamente también hemos tenido que dar de baja a algunas personas y estoy seguro que esto podrá obedecer a eso… pero no puedo dar una respuesta cuando todavía no conozco la denuncia”, comentó.
Investigación interna dependerá de conocer la queja ante CEDH
Respecto a una posible investigación interna, indicó que primero deberán conocer formalmente la queja para determinar si corresponde iniciar un procedimiento.
“Lo único que sabemos es lo que salió en los medios, que para nosotros es un indicador importante, pero necesitamos saber exactamente sobre qué viene para ver si abrimos la carpeta de investigación”, dijo.
El miércoles 5 de agosto, un grupo de exempleados acudió a la CEDH para presentar una queja contra la SSPE y solicitar medidas de protección al asegurar que temen represalias. En su denuncia pública señalaron que fueron víctimas de acoso y hostigamiento laboral, que trabajaban jornadas extraordinarias sin pago y que presuntamente fueron utilizados para realizar actividades de carácter político, entre ellas el acercamiento con líderes territoriales y sociales. También responsabilizaron a la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de cualquier represalia que pudieran sufrir ellos o sus familias.