La crisis migratoria de Ceuta ha mutado de una de las mayores crisis humanitarias y de España para convertirse en una prueba de fuego, tanto para el Gobierno de Pedro Sánchez como para la oposición de derechas que ha endurecido en los últimos meses sus políticas en materia de inmigración. Al tiempo, el Ejecutivo activa el traslado de cientos de menores migrantes no acompañados desde la ciudad autónoma hacia otras comunidades para aliviar una situación que se considera insostenible, las respuestas de sus aliados parlamentarios dibujan un escenario mucho más complejo de lo previsto.
El primer gran interrogante estaba en los gobiernos autonómicos compartidos entre PP y Vox. Hace dos años, una controversia similar sobre el reparto de menores procedentes de Canarias terminó provocando la ruptura de las coaliciones entre ambas formaciones en varias comunidades autónomas. Sin embargo, el escenario dos años después es distinto.
Aunque Vox mantiene un rechazo frontal al reparto y sigue defendiendo la devolución de los menores a Marruecos, la formación de Santiago Abascal evita vincular esta discrepancia con una eventual salida de los ejecutivos regionales. El portavoz nacional del partido, José María Figaredo, ha insistido en que la situación “no es comparable” a la de entonces porque el reparto actual deriva de un decreto ya aprobado por el Congreso y no de una votación en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que el PP pudiera alinearse con el Gobierno.
Según Vox, sus consejeros y vicepresidentes autonómicos mantendrán la oposición política y jurídica al sistema de distribución, pero consideran prematuro hablar de consecuencias para la estabilidad de los gobiernos. No obstante, lo que sí exigirá Bambú a sus socios será que utilicen “todos los medios legales, jurídicos y políticos” para torpedear el proceso. Ello implicaría interponer recursos judiciales contra la medida, por ejemplo, o comenzar a aplicar cláusulas en el pacto de investidura como el cese de subvenciones a las organizaciones humanitarias que prestan ayuda a los inmigrantes, como Cáritas.
El PP insiste en que cumplirá la ley
Desde Génova se intenta navegar entre ambas aguas. Por un lado, los populares responsabilizan directamente al Gobierno central de la crisis migratoria y sostienen que Moncloa pretende trasladar a las autonomías un problema que, a su juicio, corresponde gestionar al Estado por la magnitud de la crisis. Al tiempo, el partido recalca que sus ejecutivos autonómicos cumplirán la legislación vigente.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha reiterado que los gobiernos populares respetarán la ley, aunque considera que ésta también contempla mecanismos como el reagrupamiento familiar o el retorno de los menores a sus países de origen cuando resulte posible. En consecuencia, el PP evita presentar el reparto como la única salida legal y sostiene que existen otras alternativas antes de proceder a la redistribución entre comunidades autónomas.
“En los documentos firmados se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración”, ha indicado Bendodo en alusión a los textos suscritos con la ultraderecha en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. “Vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el Gobierno porque lo ha generado directa o indirectamente”, ha dicho, para después reprochar que “el presidente está tumbado en la hamaca y quiere que las comunidades del Partido Popular resuelvan la papeleta”.
Junts cierra la puerta al reparto
Si la tensión entre PP y Vox parece contenida, la situación resulta mucho más delicada para Sánchez dentro de su propia mayoría parlamentaria. Junts ha endurecido su posición hasta rechazar de forma tajante que Cataluña reciba nuevos menores procedentes de Ceuta. La formación de Carles Puigdemont sostiene que la comunidad ya soporta una carga muy superior a la de otros territorios y defiende que deben respetarse los criterios establecidos en el decreto pactado durante la pasada legislatura.
Además, los independentistas elevan el tono político vinculando este debate con su reivindicación de asumir plenamente las competencias en materia migratoria. La advertencia es especialmente significativa porque Junts deja claro que sus siete diputados no respaldarán ningún cambio que altere el equilibrio alcanzado en ese acuerdo.
Elías Bendodo, Vicesecretario de Política Autonómica del PP: "Dentro del mismo Gobierno hay tres voces distintas hablando de la crisis migratoria. Imaginen la imagen de inestabilidad que damos a Marruecos". #Canal24Horas pic.twitter.com/zi6I0F5JSh
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 6, 2026
La posición del Partido Nacionalista Vasco es menos contundente, aunque también introduce nuevas dificultades para el Gobierno. Los nacionalistas no rechazan expresamente el reparto, pero reclaman que antes de distribuir a los menores entre comunidades se agoten todas las posibilidades administrativas para localizar a sus familias y estudiar cada situación individual.
Desde el PNV se insiste en que todavía faltan datos precisos sobre la identidad, situación jurídica y necesidades concretas de muchos de los menores llegados durante la crisis. El planteamiento de los jeltzales sitúa la reunificación familiar como prioridad y condiciona cualquier traslado masivo a que previamente se complete ese proceso. @mundiario