La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo miércoles un proyecto de la ministra Lenia Batres que propone reducir en más del 50 por ciento las indemnizaciones que reciben las familias de personas que mueren o quedan incapacitadas en accidentes. La iniciativa, que ya se retiró en dos ocasiones tras críticas públicas, vuelve a presentarse ante el Pleno pese al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A través de un comunicado de la Asociación de Protección a Victimas de Accidentes (APROVIAC) se informó sobre el proyecto de la ministra Lenia Batres el cual plantea que, aunque el Código Civil establece que las indemnizaciones por muerte o incapacidad deben calcularse con base en salarios mínimos, el monto se determine utilizando la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Este cambio implicaría una reducción superior al 50 por ciento en las compensaciones económicas que reciben las familias de víctimas de accidentes o las personas que sufren una incapacidad permanente.
Cabe decir que, no es la primera vez que el asunto llega al máximo tribunal. El proyecto ya se había listado previamente en dos ocasiones. La primera vez el 2 de octubre de 2025, cuando la propia ministra solicitó retirarlo tras las críticas públicas que generó y las dudas expresadas por algunos ministros.
En esa ocasión, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, indicó que el tema se analizaría con mayor profundidad antes de fijar un criterio definitivo.
Tema llega hasta la Mañanera
No obstante, la polémica también llegó a la conferencia matutina del Ejecutivo federal. Al cuestionarle sobre la propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Suprema Corte no debería modificar lo que establece la ley en materia de cálculo de indemnizaciones.
“La Suprema Corte no debe cambiar lo que establece la ley respecto al cálculo de las indemnizaciones, porque la Corte no puede legislar”, afirmó la mandataria.
Sin embargo, a pesar de ello, el proyecto nuevamente se listó para su discusión en el Pleno de la Corte, lo que ha reactivado las críticas de especialistas y organizaciones vinculadas con la defensa de víctimas.
Ante esto, se han abierto diversos cuestionamientos, pues se ha advertido que reducir las indemnizaciones podría beneficiar económicamente a quienes deben pagarlas, como aseguradoras o grandes empresas, mientras que afectaría directamente a las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido o las consecuencias de una incapacidad permanente.
Decisión prueba
La discusión también ocurre en un momento clave para el máximo tribunal. Los actuales integrantes de la Suprema Corte iniciaron funciones el 1 de septiembre de 2025 con el compromiso de impulsar una justicia más cercana a las personas y sensible a los sectores vulnerables.
Lo que se resuelva en este caso podría sentar un precedente nacional, pues definirá el parámetro con el que se calcularán las indemnizaciones por muerte o incapacidad en todo el país.
En tanto, la asociación civil APROVIAC llamó a visibilizar la importancia de este debate.
"Una justicia realmente cercana a la gente debe adoptar criterios que amplíen y fortalezcan los derechos de las personas, no —como el propuesto— aquellos que los restringen. Las víctimas merecen reparación, dignidad y justicia. No menos."