Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue trasladado este jueves 6 de agosto al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como penal del Altiplano, donde enfrentará el proceso judicial iniciado en su contra por el caso Ayotzinapa.
El momento fue captado en un video que comenzó a circular en redes sociales, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre su detención en el Estado de México.
Así ingresó Ángel Aguirre al Altiplano
Las imágenes muestran una camioneta negra que, presuntamente, trasladaba al exmandatario estatal hacia el penal federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. En el video también se observa un fuerte dispositivo de seguridad conformado por agentes federales que resguardan el ingreso del vehículo al centro penitenciario.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido imágenes oficiales del interior del operativo; sin embargo, la grabación que circula en redes sociales corresponde al momento en que el convoy arriba a las instalaciones del Altiplano, donde Aguirre permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Trasladan al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al penal del Altiplano
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 6, 2026
Lo acusan de la destrucción de videos clave para el caso Ayotzinapa
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FGR acusa ocultamiento de prueba
Horas antes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que la captura de Ángel Aguirre derivó de un reanálisis de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con la FGR, nuevas pruebas y testimonios permitieron establecer la presunta participación del exgobernador en la destrucción de evidencias relacionadas con el caso, entre ellas videograbaciones captadas por cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
La fiscal aseguró que las primeras versiones sobre la inexistencia de esos videos por supuestas fallas técnicas “eran falsas”. Por estos hechos, Aguirre enfrenta cargos por desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
