Nueva York.- El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue llevado este jueves 26 de marzo a un tribunal de Nueva York mientras busca que se desestime la acusación en su contra por narcotráfico, en medio de una disputa geopolítica sobre honorarios legales.
Su abogado sostiene que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales de su cliente al impedir que se utilicen fondos del gobierno venezolano para pagar sus gastos legales.
Es la primera vez que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estarán en el tribunal desde una lectura de cargos en enero, en la que protestó por su captura por fuerzas militares de Estados Unidos y declaró: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Cilia Flores también se ha declarado inocente.
Nicolás Maduro y su esposa también están acusados de ordenar secuestros, golpizas y asesinatos de quienes les debían dinero del narcotráfico o socavaban su operación de tráfico. Eso incluyó el asesinato de un capo de la droga en Caracas, según la acusación. Si son declarados culpables, enfrentan cadena perpetua.
Ambos permanecen en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado ser liberado bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado una fecha de juicio, aunque eso podría ocurrir en la audiencia.
Manifestaciones antes de la audiencia judicial
Antes de la audiencia, grupos de manifestantes se reunieron frente al juzgado para manifestarse tanto a favor como en contra de Nicolás Maduro. En una escena ruidosa, manifestantes y simpatizantes corearon consignas, hicieron sonar bocinas y golpearon tambores y cencerros. Entre el contingente anti-Maduro, una persona agitaba un cartel que decía “Maduro pudre en prisión”. Del otro lado de una barrera metálica, la gente sostenía carteles que decían “Liberen al presidente Maduro”.
El jueves temprano en Caracas, un par de cientos de personas se reunieron en una plaza pública, incluyendo simpatizantes del partido gobernante, empleados estatales y miembros de milicias civiles. Uno de los asistentes, el jubilado Eduardo Cubillán, dijo que estaba allí para rezar por Nicolás Maduro y Cilia Flores y condenar la violación de la soberanía de Venezuela durante la operación del 3 de enero.
“Nosotros esperamos que en los Estados Unidos, si es verdad que existe la justicia, se de un juicio que de cualquier manera conduzca a la libertad del presidente Nicolás Maduro porque ese secuestro vulneró los principios internacionales del derecho y queremos que de cualquier manera se haga justicia. Nosotros creemos que Maduro con su integridad, con su valor, va a salir airoso de esta confrontación que tiene”, indico Eduardo Cubillán, de 80 años.
Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, siguen contando con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias en toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero aunque el partido gobernante de Maduro sigue en el poder, él ha sido borrado lentamente del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela.
Delcy Rodríguez ha reemplazado a altos funcionarios, incluido el fiel ministro de Defensa de Nicolás Maduro y el fiscal general, ha reorganizado organismos, ha nombrado embajadores y ha eliminado principios del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado Venezuela durante más de dos décadas.
El financiamiento de la defensa, un tema clave al inicio
Venezuela también ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que en 2019 rompió vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro y reconoció al entonces jefe de la Asamblea Nacional, un miembro de la oposición, como el líder legítimo del país. Washington ha flexibilizado las sanciones económicas sobre la crucial industria petrolera venezolana y también ha enviado a un encargado de negocios a Caracas.
Pero tal vez eso no sea suficiente para evitar que Nicolás Maduro y Cilia Flores tengan que pagar sus propias facturas legales.
En un escrito judicial presentado el mes pasado, el abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones, cambió de postura respecto de una decisión para permitir que Venezuela pagara sus honorarios legales.
La oficina aprobó el acuerdo el 9 de enero, señaló, pero luego lo revocó sin explicación menos de tres horas después.
En una declaración escrita presentada ante el tribunal, Nicolás Maduro argumentó que tiene derecho a que el gobierno de Venezuela pague su defensa legal.
Los fiscales respondieron que el gobierno de Estados Unidos autorizó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores a usar fondos personales para pagar sus honorarios legales, pero que no les permitiría hacerlo desde un fondo controlado por un gobierno sancionado.
Nicolás Maduro manifestó en su declaración que no puede costear su defensa. Para calificar para un abogado pagado con dinero de los contribuyentes estadounidenses, tendría que demostrar que es demasiado pobre para pagarlo.
El caso se centra en cargos de narcotráfico
Durante una reunión de gabinete el jueves, el presidente Donald Trump acusó a Nicolás Maduro de ser un “importante proveedor de drogas que entran a nuestro país”.
Donald Trump declaró que a Nicolás Maduro se le daría “un juicio justo. Pero me imagino que vienen otros juicios”. No dio detalles, pero sugirió que los cargos actuales que enfrenta Nicolás Maduro podrían ser “una fracción del tipo de cosas que ha hecho”.
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos el 3 de enero en una redada en plena madrugada en su casa de Caracas.
Una acusación formal de 25 páginas lo señala a él y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Tras la salida de Nicolás Maduro, la vida cotidiana para la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma.
Muchos empleados del sector público ganan apenas unos 160 dólares al mes, mientras que el trabajador promedio del sector privado percibe alrededor de 237 dólares. El año pasado, la tasa anual de inflación se disparó a 475%, según el Banco Central de Venezuela, lo que deja el costo de los alimentos y otros bienes esenciales fuera del alcance de muchos.
La trampa mexicana: Empresas fantasma en México ayudaron a Maduro a burlar sanciones
Una investigación periodística expuso cómo el gobierno de Venezuela utilizó una estructura de empresas en México para evadir las sanciones financieras de Estados Unidos. El esquema involucró el intercambio de crudo venezolano por productos básicos y vehículos pesados.
Las operaciones se realizaron a través de compañías fachada que aprovecharon la infraestructura logística de México. Las autoridades buscan detectar los flujos de capital que permitieron al régimen de Maduro mantener suministros clave mediante este puente comercial en México.
El reporte detalla que varias empresas mexicanas sin antecedentes en el sector energético firmaron contratos millonarios con Caracas. Este modelo de “trueque” permitió mover petróleo venezolano fuera de los radares internacionales desde México.
La Unidad de Inteligencia Financiera en México ha comenzado a rastrear las cuentas bancarias vinculadas a estas sociedades. Se sospecha que el dinero obtenido por la venta del hidrocarburo fue blanqueado a través de compras ficticias en el mercado de México.
El uso de camiones cisterna mexicanos fue una pieza fundamental para justificar el movimiento de mercancías hacia puertos caribeños. Esta triangulación ha generado tensiones diplomáticas, ya que Washington vigila de cerca cualquier apoyo a la administración venezolana desde México.
Expertos en seguridad financiera señalan que la red de México era sofisticada y contaba con el respaldo de operadores internacionales. El objetivo era transformar el petróleo en recursos líquidos que el gobierno venezolano pudiera utilizar para estabilizar su economía interna.
A pesar de las sanciones, el intercambio de alimentos por crudo se presentó inicialmente como una ayuda humanitaria gestionada en México. Sin embargo, las auditorías revelan que los precios estaban inflados y beneficiaban a intermediarios de ambos países.
La resolución de este caso en México es crucial para evitar posibles represalias económicas de Estados Unidos contra el sector exportador. La fiscalía federal continúa recabando pruebas para desarticular a los prestanombres involucrados en estas transacciones en México.
AAK
