La política estadounidense vive instalada desde hace una década en una permanente sensación de excepcionalidad. Donald Trump ha conseguido alterar las reglas del debate público, modificar las prioridades de su partido y convertir prácticamente cualquier proceso electoral en un plebiscito sobre su propia figura. Sin embargo, todo indica que las elecciones legislativas de mitad de mandato supondrán un cambio de ciclo cuya trascendencia irá mucho más allá del simple reparto de escaños en el Congreso.

Las encuestas, el comportamiento histórico del electorado y la evolución política de los últimos meses apuntan en una misma dirección: existen pocas dudas de que el Partido Demócrata recuperará el control de la Cámara de Representantes. La incógnita reside en el Senado, donde la disputa continúa extraordinariamente abierta y unos pocos estados pueden decidir el equilibrio institucional de la mayor democracia occidental.

No se trata únicamente de una cuestión aritmética. La Cámara Baja posee competencias esenciales para supervisar al Ejecutivo, controlar el gasto público, impulsar investigaciones parlamentarias e incluso abrir un procedimiento de destitución presidencial si existieran fundamentos políticos suficientes. En otras palabras, la pérdida de la mayoría republicana supondría el final del control absoluto que Donald Trump ha disfrutado durante buena parte de su segundo mandato.

La explicación de este escenario no responde únicamente al tradicional desgaste que suelen sufrir los presidentes estadounidenses en las elecciones intermedias. La historia política del país demuestra que los votantes acostumbran a utilizar estos comicios para equilibrar el poder de la Casa Blanca. Pero en esta ocasión confluyen además otros factores.

El primero es el deterioro de la popularidad presidencial. Trump llega a esta cita electoral con unos índices de aprobación especialmente bajos para un presidente en su segundo mandato. La inflación, el impacto económico de su política arancelaria, las consecuencias internacionales de sus decisiones en materia de política exterior y una creciente sensación de fatiga política han erosionado parte del apoyo que le permitió regresar a la Casa Blanca.

El segundo factor tiene que ver con el propio funcionamiento del Partido Republicano. Durante los últimos años, Trump ha consolidado un liderazgo prácticamente indiscutible, pero esa hegemonía también ha tenido un coste. La sustitución o marginación de dirigentes conservadores con perfil independiente en favor de candidatos cuya principal credencial es la lealtad personal al presidente ha reducido, en algunos estados decisivos, la capacidad competitiva del partido frente a aspirantes demócratas mejor posicionados entre el electorado moderado.

La paradoja resulta evidente. Mientras el Partido Republicano afronta unas elecciones especialmente delicadas, buena parte de la agenda política del presidente continúa girando alrededor de cuestiones muy vinculadas a su figura, sus enfrentamientos personales o sus prioridades simbólicas. Esa estrategia mantiene movilizado a su núcleo más fiel, pero encuentra crecientes dificultades para ampliar su base electoral. Aun así, conviene evitar conclusiones precipitadas. Recuperar la Cámara de Representantes no significa que los demócratas hayan resuelto sus propios problemas internos ni garantiza una victoria en las próximas elecciones presidenciales. De hecho, el partido continúa debatiéndose entre distintas corrientes ideológicas y todavía carece de un liderazgo claramente consolidado para la etapa posterior al ciclo político de Joe Biden y Kamala Harris. Por eso el Senado adquiere una relevancia extraordinaria.

Si los republicanos logran conservar la mayoría en la Cámara Alta, Trump mantendría una herramienta decisiva para confirmar altos cargos, jueces federales y futuras vacantes en el Tribunal Supremo, además de conservar capacidad para bloquear buena parte de la agenda legislativa demócrata. Si, por el contrario, la oposición lograra también hacerse con ese control, el equilibrio institucional cambiaría profundamente y el presidente afrontaría los dos últimos años de mandato con un margen político mucho más reducido.

Otro elemento que probablemente volverá a ocupar espacio en el debate será la confianza en el sistema electoral. Trump lleva años cuestionando distintos procesos electorales cuando los resultados le han sido adversos. Sus denuncias sobre supuestas irregularidades han formado parte de su discurso político desde 2016 y alcanzaron su máxima expresión tras las elecciones presidenciales de 2020.

Las elecciones en EE UU no dependen de Trump

Sin embargo, conviene recordar un hecho esencial: el sistema electoral estadounidense descansa fundamentalmente sobre las autoridades estatales y locales, no sobre el Gobierno federal. Esa arquitectura institucional, compleja y descentralizada, ha demostrado en anteriores procesos una notable capacidad de resistencia frente a las presiones políticas. Las impugnaciones judiciales tienen cauces establecidos, los recuentos cuentan con mecanismos de verificación y los tribunales han venido actuando como garantes del marco constitucional. Precisamente ahí reside una de las mayores fortalezas de la democracia estadounidense. El intenso conflicto político convive con unas instituciones que, hasta ahora, han mostrado capacidad para absorber tensiones extraordinarias sin romper el equilibrio constitucional.

Eso no significa que el deterioro de la confianza pública sea irrelevante. La repetición constante de acusaciones sin pruebas suficientes puede contribuir a aumentar la polarización y alimentar la desconfianza ciudadana hacia procesos que constituyen la base misma del sistema democrático. Reconstruir esa confianza será uno de los principales desafíos para cualquier Administración futura, sea republicana o demócrata.

Marco Rubio, ¿futuro adversario de Vance?

Estas elecciones también empiezan a proyectar el horizonte posterior a Trump. Aunque el presidente seguirá siendo la figura dominante del Partido Republicano durante algún tiempo, resulta inevitable que dirigentes como el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros líderes republicanos comiencen a definir su propio espacio político pensando en el escenario posterior a 2028. ¿Será Marco Rubio el futuro adversario de Vance? Parece lo más probable.

Algo similar ocurrirá en el Partido Demócrata. Una eventual victoria en la Cámara Baja aliviaría la presión inmediata, pero abriría igualmente la competición por el liderazgo de una nueva generación que deberá construir un proyecto capaz de ir más allá del rechazo a Trump.La política estadounidense entra, por tanto, en una fase de transición. Quizá no sea todavía el final del trumpismo como fenómeno político, pero sí parece acercarse el momento en que la figura del actual presidente deje de monopolizar por completo la conversación nacional.

Las elecciones de noviembre probablemente no resolverán todas las incógnitas del futuro de Estados Unidos. Sí pueden, en cambio, redefinir el equilibrio de poderes, limitar la capacidad de actuación de la Casa Blanca y abrir una nueva etapa en la que el protagonismo empiece a desplazarse hacia quienes aspiran a suceder a Donald Trump.

En un mundo marcado por la rivalidad entre grandes potencias, las guerras abiertas y la incertidumbre económica, ese relevo no será solo una cuestión interna estadounidense. Tendrá consecuencias para sus aliados, para sus adversarios y para el conjunto del orden internacional. Y por eso estas elecciones interesan mucho más allá de Washington. En realidad, pueden ser el primer capítulo del próximo gran cambio político de Estados Unidos. @mundiario