La Aviación Civil Mexicana está de otra vez bajo la ‘lupa’ de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que está evaluando si la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es capaz de supervisar la seguridad de las aeronaves que operan en nuestro país.
De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, la AFAC ya respondió el cuestionario de más de 300 preguntas que permitirán a Estados Unidos decidir si México mantiene la categoría 1 o es degradado, como lo ha sufrido en un par de ocasiones.
¿Qué evalúa EU para decidir si un país obtiene la categoría 1 en seguridad aérea?
La FAA evalúa una serie de rubros cada vez que decide examinar a un país bajo el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA).
Los aspectos técnicos contemplan la legislación aeronáutica primaria; reglamentos operativos específico; el sistema estatal de aviación civil; funciones de supervisión de la seguridad cualificación, y formación del personal técnico.
La orientación técnica; herramientas y suministro de información crítica para la seguridad; las obligaciones de concesión de licencias; certificación; autorización y aprobación, además de las obligaciones de vigilancia y la resolución de problemas de seguridad son evaluados.
Ni la FAA ni la AFAC respondieron a solicitudes de información respecto al proceso de revisión de la categoría 1 en seguridad aérea.
Una de las fuentes reveló a El Financiero que la evaluación de Estados Unidos está contemplando el cumplimiento de las promesas que México hizo tras la recuperación de la categoría 1, entre ellas, a aumentar el presupuesto de la AFAC para que esta pudiera realizar sus tareas de vigilancia.
“Hay que recordar que la categoría cuando nos la regresaron estaba condicionada y nos la están revisando otra vez. Espero que con las 339 preguntas que ya respondió el Estado mexicano ya quedé resuelto y no nos degraden”, refirió a El Financiero, por separado, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), Jesús Ortiz.
No obstante, desde la recuperación en 2023 de la categoría 1, el Gobierno de México ha reducido el presupuesto de la autoridad aeronáutica. Una vez que se recuperó el estatus en seguridad aérea, y se levantaron las sanciones, la administración federal volvió a reducir la partida presupuestaria.
¿Cuánto dinero destina el Gobierno para la seguridad aérea en México?
El presupuesto de la AFAC desde el regreso a la categoría 1 disminuyó 37 por ciento según una revisión realizada por este diario a los presupuestos ejercidos por la autoridad aeronáutica.
Mientras que en 2023, la autoridad ejerció 902 millones de pesos para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, para 2026, el presupuesto aprobado fue 244 millones de pesos menos.
La cantidad de recursos necesarios para la operación de la AFAC es de por lo menos 2 mil millones de pesos según los cálculos de la propia autoridad, y esta propuesta ha sido respaldada por el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), así como por la ASPA.
“El gran tema es el presupuesto que no se le destina a la AFAC, que esta parte del tema presupuestal tiene que estar aterrizando y los legisladores volteen a ver esa parte de separar, o si no le quieren dar autonomía presupuestal, que le destinen más recursos para poder evitar una degradación”, señaó en entrevista Jesús Ortiz, secretario general de la ASPA.
Otro de los pendientes es la cantidad de personal técnico aeronáutico necesario para realizar los programas de supervisión a todos los operadores aéreos. Sin el presupuesto necesario ni el personal capacitado este rubro tampoco ha sido completamente subsanado, lo que afecta a la seguridad y la vigilancia, otro rubro pendiente por resolver.
¿Por qué es peligroso que México pierda de nuevo la categoría 1 de seguridad aérea?
Un Estado en categoría 2, como lo ha estado México en 2010 y 2021, no proporciona las garantías de supervisión de acuerdo con las normas internacionales, por lo que las aerolíneas nacionales son sancionadas con una serie de prohibiciones.
En ese sentido, los Estados degradados no pueden operar nuevas rutas ni ampliar frecuencias hacia la Unión Americana. Las empresas aéreas tampoco pueden usar aeronaves nuevas para hacer servicios ya autorizados por la autoridad estadounidense, y esto pone en ventaja a las líneas estadounidenses, que sí pueden ampliar su presencia aprovechando el candado a las empresas nacionales.