En los últimos días se abrió la consulta pública sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias para radio y televisión. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones recibirá, hasta el 21 de agosto, opiniones de ciudadanos, especialistas, universidades, medios de comunicación y organizaciones antes de emitir una versión definitiva. Y justamente por eso vale la pena dar esta discusión ahora.
La propuesta busca fortalecer los derechos de las audiencias, diferenciar con claridad la información de la opinión y combatir la desinformación. Hasta ahí, el objetivo parece incuestionable. ¿Quién podría estar a favor de las noticias falsas?
Sin embargo, una buena regulación no sólo debe perseguir fines legítimos; también debe garantizar que, en su aplicación, no existan ambigüedades que puedan abrir la puerta a decisiones discrecionales. Por eso, la discusión deja de girar únicamente alrededor de la protección de las audiencias y empieza a concentrarse en una preocupación igualmente legítima: ¿cómo garantizar que ninguna autoridad tenga un margen para decidir qué información merece mayor credibilidad que otra?
El gobierno ha sostenido que estos lineamientos no buscan convertirse en un árbitro de la verdad. Esa aclaración es importante. Pero precisamente por eso el debate debe darse con seriedad: las instituciones no se diseñan para el gobierno de hoy, sino para cualquiera que pueda ejercer el poder mañana. Las reglas deben ser lo suficientemente claras para impedir cualquier posibilidad de abuso.
Esa pregunta no es menor, porque en una democracia tan importante es combatir la desinformación como evitar que el poder concentre facultades que puedan afectar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a formarse un criterio propio.
Y el momento en que aparece este debate tampoco puede ignorarse. Se acerca un nuevo proceso electoral y el gobierno enfrenta un ambiente de creciente escrutinio público. En ese contexto, vale la pena preguntarse si la principal preocupación que se intenta resolver es la desinformación o la pérdida de credibilidad.
La explicación más sencilla para cualquier gobierno siempre será decir que la ciudadanía dejó de creer porque alguien más la engañó. Esa es una de las trampas del populismo: reducir un problema complejo a un solo culpable.
Pero la confianza rara vez se pierde por una sola razón. También puede desgastarse cuando las expectativas no se cumplen: cuando la inseguridad aumenta, el costo de la vida se encarece y los servicios públicos no mejoran. En resumen, cuando el discurso oficial deja de parecerse a la realidad que viven millones de personas.
Aceptar eso implica hacer autocrítica. Y para cualquier proyecto político suele ser más cómodo construir un adversario. En ese escenario, si la gente deja de creer, la culpa es de los medios, de los periodistas, de la oposición o de quienes critican. De quienes, supuestamente, “mienten”.
Pero así se evita la pregunta más incómoda: ¿y si el problema no está en lo que dicen los demás, sino en lo que el gobierno dejó de cumplir? La democracia se alimenta de la pluralidad. Necesita opiniones distintas, debate y desacuerdo. Pero también necesita hechos compartidos. El problema comienza cuando esa diferencia desaparece. Cuando un dato incómodo deja de discutirse por su evidencia y se descalifica únicamente porque lo publicó un medio crítico. Cuando una investigación periodística se reduce a “una campaña”. Cuando cualquier cifra incómoda deja de analizarse y simplemente se atribuye a un adversario.
Ahí, la discusión deja de girar alrededor de la realidad y empieza a girar alrededor del poder para nombrarla. Por eso, las preguntas de fondo siguen siendo las mismas: ¿quién define los criterios? ¿Qué mecanismos garantizan que no exista discrecionalidad? ¿Quién vigila a quien tiene la facultad de aplicar esas reglas?
Nuestra Constitución protege la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo precisamente porque ninguna autoridad puede reclamar el monopolio de la verdad. Los derechos de las audiencias existen para ampliar la libertad de los ciudadanos, no para reducir su capacidad de formar un criterio propio.
Combatir la desinformación es una obligación del Estado. Convertirse en el dueño de la verdad no. Porque las democracias no empiezan a perderse cuando alguien dice una mentira. Empiezan a debilitarse cuando el poder considera que puede decidir qué versión de los hechos merece ser escuchada y cuál no. Ese es el primer paso hacia el pensamiento único. Y cuando el poder pretende administrar la verdad, lo que termina administrando es la libertad.
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