Tras casi seis meses de huelga sin avances, Nacional Monte de Piedad elevó la presión sobre el sindicato y solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral un arbitraje obligatorio para poner fin al conflicto laboral.
La petición marca un giro en la estrategia de la institución, que hasta ahora había privilegiado el diálogo, y busca forzar una resolución vinculante ante el estancamiento de las negociaciones.
¿Qué propone Nacional Monte de Piedad para terminar la huelga?
Como parte de este nuevo intento por destrabar el conflicto, Monte de Piedad presentó el 23 de marzo su propuesta más amplia hasta ahora, que incluye un bono por levantamiento de huelga equivalente al 52 por ciento del salario tabular —pese a que no está obligada a pagar salarios caídos—, así como un incremento salarial de 5.3 por ciento.
La institución aseguró que, a lo largo del conflicto, ha presentado más de cinco propuestas, además de otras impulsadas por la autoridad laboral, mientras que la dirigencia sindical no ha presentado alternativas ni ha aceptado discutir las existentes.
El principal punto de choque sigue siendo el mecanismo de asignación de plazas vacantes, conocido como “boletinación”. Según Monte de Piedad, el sindicato busca mantener el control sobre ascensos y contrataciones, mientras que la institución propone un sistema automatizado y transparente.
En paralelo, el conflicto se mantiene en un frente legal incierto. El pasado 20 de febrero, una autoridad judicial declaró inexistente la huelga al considerar que el sindicato no cumplió con sus propios estatutos; sin embargo, la resolución fue impugnada y está en revisión en un tribunal colegiado, lo que podría prolongar el paro por varios meses más.
El desenlace será determinante: si se ratifica el fallo, las operaciones se reanudarían de inmediato; si se revoca, la huelga continuaría.
La propuesta de la institución también incluye la reposición parcial del proceso de boletinación, la redefinición de plantillas sin despidos y la creación de nuevas plazas, así como pagos adicionales por el desempeño de funciones múltiples.
Monte de Piedad insistió en que ni el Contrato Colectivo de Trabajo ni las prestaciones están en riesgo, en respuesta a versiones difundidas por la dirigencia sindical.