La CNBV ya fijó el estándar cuando negó una licencia bancaria por sus lazos con CIBanco. FinCEN, OFAC, el GAFI y los negociadores del T-MEC observan si ese mismo criterio se aplica al caso Trafalgar. La coherencia del regulador es, hoy, el mejor escudo del sistema financiero mexicano.
Nunca el sistema financiero mexicano estuvo tan vigilado desde afuera. Y pocas veces tuvo una oportunidad tan clara de demostrar que aprendió la lección.
México entró en 2026 a un examen de cuatro sinodales simultáneos. El Tesoro de Estados Unidos, vía FinCEN, declaró en junio de 2025 a CIBanco, Intercam y Vector instituciones de “preocupación primaria en lavado” ligadas al fentanilo. En meses, las tres cesaron operaciones y a CIBanco le revocaron la licencia. La CNBV las multó con unos 10 millones de dólares y empezó a endurecer su criterio hacia toda la red.
La presión externa no cedió. La OFAC sancionó en 2026 a más de 50 personas y empresas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación; el Departamento de Justicia persigue a lavadores que migran a las criptomonedas. El secretario del Tesoro Scott Bessent avisó “vamos por ellos”; la directora de FinCEN Andrea Gacki defendió las órdenes en el Congreso; el subsecretario John K. Hurley vino a la Ciudad de México a pedir “resultados más efectivos”. El GAFI tiene a México en su Quinta Ronda, con dictamen en octubre de 2026, y ya no premia leyes de papel: mide efectividad. Y el T-MEC dejó de ser solo comercio: el 1 de julio de 2026 el representante Jamieson Greer se negó a renovarlo “en su forma actual”; sus adjuntos —incluido Jeff Goettman— y el secretario de Economía Marcelo Ebrard negocian con la presidenta Claudia Sheinbaum. La Unidad de Inteligencia Financiera de Omar Reyes Colmenares está obligada a hacer valer la nueva Ley Antilavado.
El estándar que la propia autoridad ya fijó
Y aquí está la buena noticia para el regulador: ya demostró que sabe leer el riesgo. Cuando la fintech Finsus —donde Jorge Rangel de Alba Brunel, fundador y presidente de CIBanco, figura como accionista fundador (8.58%) y sus yernos ocupan la cúpula— pidió licencia de banca múltiple, la CNBV la negó, notificándolo en la Convención Bancaria de marzo de 2026, entre otras razones por la relación familiar de sus directivos con los fundadores de CIBanco. El mensaje fue nítido: quien estuvo al frente del banco señalado por Washington no entra por la puerta grande.
No es un debutante. Rangel de Alba ya figuró en el expediente Fobaproa como presidente del consejo de Ixe Grupo Financiero —banco que después vendió a Banorte—, y fue el capitán del barco cuando CIBanco entró en liquidación “por decisión de sus propios dueños”. Contra ese historial, la negativa de la CNBV fue un acto de higiene. El estándar quedó escrito por la autoridad misma.
La excepción que rompe la doctrina
Por eso desconcierta lo que ocurrió, en paralelo, con los activos de esa misma red. La liquidación de CIBanco dejó ver un patrón de precios muy por debajo del mercado: su valioso negocio fiduciario —uno de los mayores del país, con billones de pesos en fideicomisos administrados— fue transferido a otro banco a través de un vehículo transitorio cuyas acciones cambiaron de manos por una fracción simbólica de su valor real; y sus carteras de crédito —derechos de cobro y financiamiento automotriz— se cedieron a terceros en condiciones que hoy ameritan escrutinio.
El caso más delicado ni siquiera era del banco lavador. CI Casa de Bolsa (folio 364990) era de Tenedora CI, S.A. de C.V. y estaba bajo triple candado judicial. Aun así, mediante un poder para actos de dominio otorgado en el marco de la liquidación conducida por el administrador cautelar, se transformó en “TRF Casa de Bolsa, S.A. de C.V.” y aceptó 115,090,397 pesos del grupo Trafalgar —a un peso por acción—, diluyendo a Tenedora CI del 100% a la mitad. El comprador es José Porfirio Sánchez-Talavera Beiles, persona políticamente expuesta y ligado en registros bursátiles de Estados Unidos a empresas del cannabis. Nada de esto está probado como delito. Pero es, precisamente, la operación que el estándar recién fijado por la CNBV debería haber frenado.
La autoridad mexicana tiene enfrente una oportunidad, no una acusación. Si negó una licencia bancaria por sus lazos con CIBanco, aplicar el mismo criterio a la venta de la casa de bolsa del mismo grupo no la debilita: la blinda ante FinCEN, el GAFI y la mesa del T-MEC. La coherencia es su mejor carta.
Las preguntas, entonces, no son un reproche sino una hoja de ruta: ¿Se sostiene el estándar? El criterio que negó una licencia bancaria pide, para ser creíble, revisar por qué un activo bajo triple candado cambió de manos. ¿Quién carga el costo? No la autoridad que corrige, sino los particulares —Trafalgar, el grupo Rangel de Alba— que se beneficiaron de la excepción. ¿Cómo se evita la próxima catástrofe? Cerrando la puerta que un estándar ya declaró cerrada, antes de que la abran desde Washington.
La red detrás de la compra es una historia mexicana. La coherencia con que se resuelva será, esta vez, la que lea el mundo.