Los días corren. Las deficiencias aumentan. La situación se agrava en cada nueva jornada que tienen que superar. Dar una solución adecuada al tema de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta, se mire por donde se mire, es un tema muy serio y muy grave. La crisis que se vive en las calles de la ciudad autónoma, con más de un millar de niños y adolescentes esperando que se les tienda una mano y se les busque alojamiento digno, se agrava día a día. Las dependencias para dar cabida a estos niños y adolescentes están totalmente desbordadas y colapsadas.
La Ley de Extranjería
Es el momento en el que desde el Gobierno se deben de adoptar las soluciones adecuadas teniendo como centro de operaciones la Ley de Extranjería que contempla dos vías principales para gestionar esta situación. La primera consiste en intentar la reagrupación familiar de aquellos menores cuyos familiares puedan ser localizados en Marruecos y se garantice que su regreso se realice respetando todas las garantías legales y el interés superior del menor. La segunda pasa por el traslado de los que no puedan regresar con sus familias a otras comunidades autónomas mediante un sistema de acogida solidaria.
Ambas soluciones son complicadas. El reagrupamiento familiar es de muy difícil materialización si no se cuenta con el Gobierno de Marruecos, que inicialmente ya ha puesto unas condiciones. Intentar conseguir que las familiares o tutores reclamen a los menores es misión casi imposible. Los que permanecen en Marruecos esperan la posibilidad de un futuro reagrupamiento familiar en nuestra tierra. Y la otra, los envíos a las Comunidades Autónomas-la mayoría de sus centros superan en mucho las plazas de acogida previstas- que de entrada tiene un gran inconveniente insolidario firmado por catalanes y vascos, dos fuerzas que apoyan al Gobierno, que se han negado a recibir ningún menor más no acompañado. De ser así, y si el Ejecutivo permite la excepción, no es de extrañar que las demás comunidades hagan lo mismo y entonces la cadena solidaria del reparto se rompa en mil pedazos. Además del envío de los menores, los gobiernos autonómicos demandan ayudas económicas para poder hacer frente a los gastos que ocasiona el mantenimiento de estos centros de acogida.
Vivir en nuestro país
La situación de descontrol sale muy a la luz ante un proyecto migratorio planificado en el que suele imperar el reagrupamiento familiar en tierras de nuestro país con lo que, además de los menores, sus progenitores o tutores se garantizan poder residir en un futuro más bien próximo en nuestra tierra.
Soy de los que creo que la situación se tiene que resolver por los cauces habituales marcados por las normas por las que nos regimos. Pero en esta decisión no solo tienen que imperar los acuerdos y decisiones que adopte el Gobierno de España. Se tiene que hablar, negociar y llegar a soluciones consensuadas con los responsables de Marruecos para que ellos también se sumen a la posible reagrupación de las familias en su propia tierra.
En todo este proceso, que por sus características será muy lento, hay un aspecto que hay que tener en cuenta y es la de los menores que no proceden de Marruecos, sino de otras tierras africanas que durante mucho tiempo permanecieron en los montes marroquíes, y que han utilizado la invasión de nuestra frontera como cabeza de puente para viajar a otras tierras europeas. Muchos de ellos no indican de donde proceden, ni facilitan datos, ni confirman su edad. Son conscientes de que al hacerlo se podrían enfrentar a una repatriación en condiciones.
Determinar la edad
En estos momentos hay dos procesos totalmente distintos en marcha. El primero depende del Gobierno en las dos vertientes que contempla la Ley, pero sin olvidar que es necesaria una negociación con el Gobierno de Marruecos para que no vuelva a suceder una invasión como la que se ha tenido que soportar, y a su vez que se colabore en la repatriación y la unificación de las familias separadas por la frontera. Y el otro aspecto está en las manos de los profesionales de la Medicina que con las prueba que realizan tienen que determinar si esos posibles menores superan la mayoría de edad. De ser así su repatriación se tiene que hacer sin infringir ninguna norma reguladora.
Recordemos que los menores no acompañados cuando cumplen 18 años en España dejan de estar bajo la tutela legal de la comunidad autónoma y pasan a ser adultos. A partir de ahí tienen que enfrentarse a los permisos de residencias y de trabajo correspondientes para no estar en situación irregular.
La negociación entre los dos países tiene que hacerse al máximo nivel. Un tema urgente, de una gran magnitud y gravedad, que considero debería paralizar las vacaciones de los responsables de mantener esa negociación. Y a buen entendedor…sobran palabras. @mundiario