Alemania ha decidido que ya no basta con saber quién la espía, quién la sabotea o desde dónde se prepara el próximo ataque. Quiere poder responder. El Consejo de Ministros presidido por Friedrich Merz ha aprobado un proyecto de reforma de los servicios de inteligencia que supone uno de los mayores cambios en las capacidades operativas del espionaje alemán desde la creación de la República Federal. El objetivo es adaptar el aparato de seguridad a una época en la que la frontera entre guerra, terrorismo, sabotaje y ciberataque se ha vuelto cada vez más difusa.
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que con la reforma Alemania quiere convertir sus servicios de inteligencia en “auténticos servicios secretos”. Hasta ahora, la tradición democrática alemana había impuesto una cautela extraordinaria sobre cualquier concentración de capacidades de vigilancia, intervención y coerción fuera de las estructuras policiales. El nuevo proyecto pretende cambiar el paradigma construido después de la II Guerra Mundial.
La reforma afecta tanto al Servicio Federal de Inteligencia (BND), encargado principalmente de las amenazas exteriores, como a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), responsable de combatir las amenazas contra el orden democrático dentro de Alemania.
La diferencia fundamental está en que ambos organismos dejarían de limitarse a observar, recopilar información y advertir de riesgos. En determinadas circunstancias podrían actuar. El BND estaría autorizado a responder a determinados ciberataques mediante la interrupción de los sistemas utilizados por los agresores, el desvío o bloqueo de tráfico de datos, la eliminación de programas maliciosos e incluso la introducción de información falsa en los sistemas del atacante.
En un escenario de amenaza inminente, también podría adoptar medidas técnicas contra infraestructuras extranjeras vinculadas a posibles ataques contra Alemania. El ejemplo utilizado por los responsables de la inteligencia alemana permite entender hasta dónde pretende llegar Berlín: si los servicios detectasen una instalación dedicada a fabricar drones que previsiblemente fueran a utilizarse contra Alemania, como el atentado fallido en el aeropuerto de Leipzig de la semana pasada, podrían intentar neutralizarlos mediante medios técnicos.
Es el concepto conocido en el mundo de la ciberseguridad como hackback de no limitarse a defenderse, sino penetrar en el sistema del agresor para impedir que continúe atacando. La BfV también recibiría nuevas facultades para infiltrarse en sistemas informáticos, neutralizar amenazas digitales y, en determinados supuestos, inutilizar armas o explosivos de organizaciones terroristas.
Una respuesta a la guerra híbrida rusa
La explicación del Gobierno alemán se apoya en una realidad que ha transformado la seguridad europea desde la invasión rusa de Ucrania. Alemania se considera uno de los principales objetivos de la guerra híbrida de Moscú. Ciberataques, sabotajes, campañas de desinformación, espionaje, operaciones de influencia y acciones encubiertas forman parte de un repertorio que ya no encaja en las categorías tradicionales de paz y guerra.
El Ejecutivo de Merz sostiene que un Estado que recibe ataques de esta naturaleza necesita herramientas capaces de responder con la misma velocidad. La preocupación se ha intensificado tras varios episodios recientes, incluido el incidente con drones en el aeropuerto de Leipzig, todavía sin una atribución definitiva a Rusia, pero observado por las autoridades alemanas dentro de un contexto de creciente amenaza.
La jefa de la Cancillería, Nina Warken, ha advertido de que la democracia alemana afronta un nivel de riesgo que hace pocos años habría resultado difícil de imaginar. Y ahí está el argumento central del Gobierno, que la tecnología ha cambiado más rápido que las estructuras de seguridad alemanas. Berlín teme que sus servicios de inteligencia hayan quedado por detrás de los de otros aliados europeos precisamente cuando las amenazas son más sofisticadas y menos convencionales.
Más acceso a móviles, ordenadores y dispositivos conectados
La reforma no se limita a los ataques contra infraestructuras extranjeras. También amplía considerablemente las posibilidades de vigilancia. Los servicios podrán acceder, bajo determinadas condiciones, a sistemas informáticos y dispositivos conectados. El abanico incluye desde teléfonos móviles y ordenadores hasta otros aparatos inteligentes presentes en los hogares.
La inteligencia artificial tendrá además un papel creciente en el análisis de la información recopilada. El proyecto contempla ampliar los periodos de almacenamiento, hasta seis meses para determinados datos de contenido y hasta un año para metadatos. También se regula la utilización de información biométrica combinada con datos disponibles en Internet y se amplían las posibilidades de realizar registros digitales. En determinados supuestos especialmente graves, agentes de la BfV podrían incluso acceder físicamente a viviendas privadas para manipular dispositivos electrónicos.
El fantasma de la Gestapo
Alemania tiene una relación particularmente sensible con cualquier reforma que amplíe las competencias de sus servicios secretos. La separación entre inteligencia y policía no es una simple cuestión administrativa. Es una de las consecuencias institucionales de la experiencia del nazismo. La Gestapo concentró durante el Tercer Reich enormes capacidades de vigilancia y persecución política. La República Federal nació, en buena medida, sobre la convicción de que nunca debía volver a existir una estructura de seguridad capaz de acumular semejante poder sin controles efectivos.
Los Verdes consideran que el proyecto de Dobrindt amenaza precisamente esa frontera. El diputado Konstantin von Notz ha denunciado que la reforma puede permitir que los servicios de inteligencia actúen contra ciudadanos sin las mismas garantías de transparencia y control judicial que se exigen a la policía.
Desde el liberal FDP, Wolfgang Kubicki ha hablado de una ruptura histórica con un tabú construido sobre las lecciones del pasado. Y desde La Izquierda, Clara Bünger ha llevado todavía más lejos la advertencia al comparar las nuevas facultades de sabotaje y hackback con la construcción de una nueva policía secreta.
El Gobierno responde que el aumento de capacidades irá acompañado de un reforzamiento de los controles. La supervisión se concentrará en el Consejo de Control Independiente, que tendrá atribuciones sobre las operaciones de vigilancia más invasivas y sobre el cumplimiento de las normas de protección de datos. La intención, según el Ejecutivo, es evitar precisamente los vacíos de supervisión que podrían producirse al ampliar las facultades de los servicios. @mundiario