Tijuana BC.- La presidenta de la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, Estefanía Campos García, señaló que cuando un menor ingresa a una clínica con signos de violencia debe existir una actuación coordinada entre las instituciones encargadas de su protección.
Esta postura se dio luego de que esta semana trascendiera el caso de un bebé de un año y seis meses que fue llevado sin vida a la Clínica 1 del IMSS en Tijuana. De acuerdo con el reporte, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico y no se detectó agresión sexual.
En relación con el caso hay personas detenidas, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su situación jurídica ni sobre las circunstancias en que ocurrieron las lesiones.
Todas las autoridades dentro del rango de sus facultades tienen bastante trabajo que hacer cuando un niño o un adolescente ingresa a una clínica con evidentes signos de haber sido lesionado o con abuso”
Afirmó.
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Fiscalía, DIF y escuelas deben intervenir
Campos García señaló que en estos casos no solo deben intervenir la Fiscalía y el Poder Judicial, sino también instituciones como el DIF, escuelas y guarderías, debido a que pueden detectar lesiones o cambios de conducta que permitan identificar posibles casos de violencia.
Tratándose de niños y adolescentes, todas las autoridades tienen que actuar con dos principios fundamentales, que es el de prioridad absoluta y celeridad reforzada”
Respecto a las posibles sanciones, pidió respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, pero señaló que, en caso de determinarse responsabilidad por homicidio de un menor, las penas pueden ir de 20 a 60 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.
Violencia familiar y consumo de sustancias
La presidenta de la Barra de Abogadas consideró que la normalización de la violencia dentro de los núcleos familiares, la falta de herramientas adecuadas de crianza y cuidado, así como el consumo de alcohol y drogas, son factores que contribuyen a este tipo de violencia.
También destacó que los delitos contra menores son perseguibles de oficio, por lo que cualquier persona puede informar a las autoridades cuando tenga conocimiento de que un niño está siendo violentado.
“Tratándose de nuestras infancias cualquier persona puede denunciar y esta parte es muy importante”, afirmó, al llamar a fortalecer la corresponsabilidad social y la coordinación institucional para prevenir nuevos casos de violencia contra menores.