El parque nuclear español acaba de ganar tiempo. La central de Almaraz (Cáceres) seguirá funcionando hasta 2030, dos años y medio más de lo inicialmente previsto para su primera unidad y cerca de 19 meses adicionales para la segunda. El Gobierno ha autorizado este viernes la renovación de la explotación de ambos reactores después del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en una decisión condicionada por un factor que hace apenas unos meses no ocupaba un lugar tan destacado en la planificación energética: la volatilidad de los mercados internacionales provocada por las guerras de Oriente Próximo y Ucrania.
La autorización publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fija el 8 de junio de 2030 como fecha de vigencia de la explotación de las dos unidades, dentro de sus respectivas revisiones periódicas de seguridad. El cierre programado de Almaraz debía comenzar el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II.
No se trata, por tanto, de una rectificación completa del calendario nuclear. El Ejecutivo mantiene formalmente el objetivo de cerrar el conjunto del parque español en 2035 y presenta la decisión como una prórroga “acotada y limitada”, concebida para responder a un contexto energético que considera extraordinario. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, que defiende acelerar la transición hacia las renovables, ha decidido conservar durante más tiempo una fuente de generación estable y no dependiente del precio diario del gas.
La clave de la resolución está en el diagnóstico que hace el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen. La orden señala que la crisis en Oriente Próximo ha provocado una “disrupción” del contexto energético mundial, elevando tanto los precios de los combustibles fósiles como la incertidumbre sobre su evolución futura. El problema no es únicamente cuánto cuesta hoy el gas, sino cuánto puede llegar a costar mañana.
La guerra en Oriente Próximo y las alteraciones del tráfico energético asociadas al conflicto, por el cierre del estrecho de Ormuz, los ataques de Irán a las infraestructuras energéticas de los países del golfo Pérsico y la intervención de los hutíes de Yemen para apoderarse de la circulación por el mar Rojo han mantenido en vilo los mercados europeos los últimos meses. A ello se suma la guerra de Ucrania, que mantiene tensionado el sistema energético de Europa. El Gobierno sostiene que, ante ese escenario, mantener Almaraz operativa puede reducir la exposición de los consumidores españoles a eventuales picos del precio del gas.
Moncloa asume que una central nuclear no necesita comprar gas para producir electricidad y puede aportar generación estable durante largos periodos. La continuidad de la energía nuclear no elimina la volatilidad del mercado eléctrico, pero reduce la necesidad de recurrir a centrales térmicas dependientes de gas natural cuando la generación renovable no es suficiente. Por eso la orden concluye que la prórroga puede contribuir a “moderar la exposición” de los consumidores a unos precios de los combustibles fósiles que no estaban contemplados en las previsiones anteriores.
El CSN avaló la seguridad
El Ejecutivo se esfuerza en subrayar que Almaraz no supone el abandono de su estrategia energética. La resolución mantiene que las renovables continúan siendo el eje de la política energética española y considera que el despliegue de la fotovoltaica y la eólica sigue siendo la vía más competitiva para generar electricidad en España.
La orden asegura que la extensión tendrá un impacto «muy limitado» sobre los objetivos energéticos nacionales y que no modifica el calendario previsto para el resto de las centrales. En términos concretos, la Unidad I obtiene unos 31 meses adicionales de operación, mientras que la Unidad II suma aproximadamente 19 meses. El horizonte final para ambas queda situado en junio de 2030. Almaraz era la primera pieza del cierre escalonado del parque nuclear español. Su retraso desplaza el primer gran hito de esa hoja de ruta y permite observar cómo evolucionará el sistema energético durante los próximos años.
La prórroga no se ha adoptado al margen del regulador nuclear. El CSN aprobó el pasado 16 de julio un informe favorable a la continuidad de Almaraz, aunque sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica. Ese pronunciamiento era imprescindible para que el Gobierno pudiera adoptar la decisión definitiva.
La autorización ministerial establece que las empresas deberán cumplir las instrucciones del CSN y mantener las dotaciones de personal relacionadas con la seguridad previstas para el periodo 2028-2030. Es decir, la extensión de la vida útil no implica rebajar los requisitos regulatorios. La central seguirá sometida a las exigencias técnicas del organismo supervisor durante todo el periodo adicional. El Gobierno también exige que las compañías propietarias avancen en alternativas industriales y de empleo para la zona y en el diálogo social asociado a una eventual transición justa.
El pulso entre las eléctricas y el Gobierno
La decisión cierra además un largo pulso empresarial y político. Almaraz está participada por Iberdrola, con un 53 %; Endesa, con un 36 %, y Naturgy, con un 11 %. Las compañías solicitaron finalmente prolongar la operación de las dos unidades hasta 2030, aunque durante buena parte de las negociaciones algunas defendieron inicialmente una extensión más larga.
La estructura societaria de las centrales resultó determinante. Al estar constituidas como comunidades de bienes, las decisiones relevantes requieren unanimidad. Naturgy se opuso a prolongar la operación durante un periodo mayor, lo que terminó inclinando la balanza hacia una solución más limitada.
El otro gran frente fue el fiscal. Endesa e Iberdrola reclamaron durante meses una reducción de la presión fiscal sobre las centrales nucleares, especialmente sobre los costes vinculados al combustible nuclear gastado. El Gobierno consideraba la rebaja una línea roja. Finalmente, las eléctricas renunciaron a esas demandas fiscales para facilitar la prórroga, aunque mantienen litigios abiertos sobre determinados costes asociados a la gestión de residuos.
La prolongación de Almaraz, por tanto, no llega acompañada de una rebaja tributaria ni de una compensación económica del Estado. El Gobierno recalca expresamente que no habrá contraprestación para las empresas a cambio de mantener abiertas las instalaciones. @mundiario