A simple vista, el Hospital General "Dr. Rafael Pascasio Gamboa" es la máxima referencia de atención materno-infantil en la capital chiapaneca.
Un hospital de segundo nivel que presume en sus informes oficiales de tener 40 espacios en cuidados intensivos neonatales.
Sin embargo, detrás de la fachada de concreto, la realidad es un campamento de nylon y cartón a las puertas de urgencias, donde decenas de mujeres recién operadas se hacinan entre contenedores de basura, obligadas a costear con sus últimas monedas lo que el estado debería garantizar: la vida de sus hijos.
En los pasillos y afuera del nosocomio, el desabasto no es una falla administrativa aislada; es una condena económica para las familias más pobres.
Un grupo de al menos doce madres de bebés prematuros ha roto el silencio para denunciar que, lejos de encontrar un refugio, el "Pascacio Gamboa" se ha convertido en un embudo que desvía sus ahorros hacia farmacias y laboratorios privados, mientras el personal médico se lava las manos y Trabajo Social opera como una extensión de un negocio particular.
"No te dejan buscar lo barato, te mandan con ellos"
La crítica no solo se centra en anaqueles vacíos. La denuncia apunta a una red de complicidad institucional. Familiares de pacientes denuncian que el hospital no solo carece de estudios básicos, sino que impone laboratorios externos sin permitir a los pacientes cotizar opciones acordes a su economía.
Un familiar, que pidió resguardar su identidad por temor a represalias tras el alta de su esposa, relató cómo funcionaba el mecanismo: "A mi esposa le mandaron un estudio que no hacen aquí. Yo quería buscar un lugar económico, pero no me dejaron. En Trabajo Social llamaron a un laboratorio específico y mandaron a traer la muestra de mi esposa al portón de urgencias. Yo no sé si reciben comisión, pero no dejan que uno busque otro lado. Por miedo, nadie dice nada".
Este testimonio se replica entre los presentes, evidenciando un presunto conflicto de interés en el departamento de Trabajo Social.
La ruina de parir en Chiapas: Gastos de 20 mil pesos por atención "gratuita"
La falta de insumos básicos ha llevado a las familias a una ruina financiera mientras luchan por la respiración de sus recién nacidos.
Raquel, originaria de Cintalapa, lleva 23 días esperando. Su bebé prematuro, producto de un embarazo con preeclampsia, requiere fortificantes.
"Me han pedido tres cajas. Cada caja cuesta 800 pesos y dura solo cinco días. Llevo más de 20 mil pesos gastados", denuncia mientras muestra los recibos. El hospital no proporciona Sulfato Ferroso ni vitaminas esenciales.
Rocío, de 22 años, cuyo bebé nació el 19 de febrero con problemas pulmonares, ha desembolsado 15 mil pesos en electrocardiogramas, vitaminas y estabilizadores. "Lo básico, sondas de 20 o 30 pesos, nos las piden a cada rato. Aquí no hay nada", sentencia.
María de los Ángeles, de Villaflores, llegó con hemoglobina baja tras una cesárea.
Además de gastar 1,500 pesos en el primer día de laboratorios para su bebé, ahora debe reponer una unidad de sangre y otra de plaquetas.
Al ser foránea, no tiene donadores. "Debo la sangre, y si no consigo donadores, no sé qué pase", lamenta.
Yolanda, una mujer hondureña de 39 años, es el rostro del abandono total. Desde el 15 de enero vive a las afueras, en una casa de campaña improvisada, soportando olores fétidos y la incertidumbre. Su bebé ha sido entubado tres veces.
Además de deber 6 unidades de sangre que el hospital no puede reponer, tuvo que pagar 1,200 pesos de su bolsillo para que un cardiólogo pediatra particular revisara a su hijo, ya que el nosocomio carece de este especialista.
Su gasto total asciende a 35 mil pesos, incluyendo la leche especial de 1,025 pesos que el sistema de salud le niega.
Ana Leticia Santos Gómez, originaria de Oxchuc, observa sin entender del todo los términos médicos.
No habla bien español, solo su lengua materna. Es madre de gemelos prematuros que nacieron "amarillos" (con ictericia). Su testimonio refleja el abandono a las comunidades originarias.
"La vez pasada nos pidió un estudio. Se llama creo Gineco o algo así. Como yo tengo gemelitos, me cobraron 2,600 pesos porque no lo podían hacer aquí. No tengo ese dinero", relata con dificultad.
Ana Leticia vive sola a las afueras del hospital, mientras su marido trabaja en el pueblo y le envía lo poco que gana.
El hospital le ha pedido medicamentos de 600 pesos que no pudo comprar, y ahora enfrenta la necesidad de reponer sangre.
Su petición no es una cura milagrosa, es desgarradoramente básica: "Yo necesito que me ayuden con pañales, con toallitas, para mis gemelitos".
El caso más reciente que ha conmovido a la comunidad es el del pequeño Mateo.
Internado en terapia intensiva tras sufrir una hemorragia pulmonar, su vida pende de un hilo. Su madre, Esmeralda, ha tenido que salir a pedir apoyo en redes sociales para cubrir la consulta de un neumólogo pediatra, un especialista que, en un hospital de segundo nivel con unidad de cuidados intensivos, debería estar disponible de inmediato.
Mientras el gobernante y el secretario de salud dan cifras de abasto en sus informes, en el portón de urgencias del Hospital Rafael Pascasio Gamboa, mujeres con heridas de cesárea duermen en el suelo, junto a la basura, esperando que un familiar junte los 1,026 pesos de la lata de leche, los 800 de los fortificantes o los 1,300 de un estudio que el sector salud está obligado a proporcionar.
La exigencia es clara: No más discursos. Mientras el "Pascacio Gamboa" opere como un gestor de cobranza para laboratorios externos y carezca de vitaminas, sondas, especialistas y sangre, las madres seguirán pariendo en la calle y enterrando la esperanza en un sistema que las condena a pagar para no morir.
Argenis Esquipulas
Te puede interesar: Desaparición de niña moviliza a las autoridades de Chiapas
