El 17 de agosto presentaré, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mi informe de labores como Presidenta de la Cámara de Diputados. Será un ejercicio republicano de rendición de cuentas sobre la responsabilidad que me confiaron las y los legisladores: conducir una Cámara plural, representar institucionalmente a uno de los Poderes de la Unión y garantizar que las diferencias políticas pudieran expresarse y procesarse conforme a la Constitución, las leyes y los Reglamentos. Presidir la Cámara durante este año significó encabezar sesiones extensas, debates complejos y discusiones sobre asuntos de enorme trascendencia nacional. En medio de posiciones profundamente distintas, procuré que el marco jurídico fuera siempre la base de las decisiones y que todas las fuerzas políticas encontraran condiciones para defender sus argumentos, porque la institucionalidad no consiste en evitar las diferencias, sino en ofrecerles un cauce democrático que permita convertirlas en deliberación y decisiones públicas.
Durante las 100 sesiones celebradas, privilegié el intercambio de ideas y respeté el derecho de cada legisladora y legislador a expresarse, aun cuando sus posiciones fueran contrarias a las mías. Nunca cerré el micrófono a un orador ni utilicé la Presidencia para debatir en condiciones de ventaja, pues quien conduce la Mesa Directiva debe hacerlo con imparcialidad, firmeza y respeto a la pluralidad, consciente de que la Cámara pertenece por igual a quienes integran la mayoría y a quienes representamos a la oposición.
Este periodo también permitió demostrar que, aun en un contexto de polarización, es posible construir acuerdos. En materias como el combate a la extorsión, la protección del medio ambiente, la salud mental, protección a las mujeres, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la inclusión de las personas con discapacidad y la economía circular, la Cámara logró alcanzar consensos que recuerdan que, por encima de nuestras diferencias, existe la obligación compartida de responder a las necesidades del país.