Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) advierte que quitar un bono que entrega a sus empleados en cada proceso, como pretende la reforma electoral, implicaría un presupuesto adicional a los mil 708 millones 948 mil pesos porque deberá pagar horas extra.
Por ello, apunta, si la intención presidencial es generar ahorros con la nueva legislación, estos no se lograrán.
En cada elección, el Instituto paga a sus empleados permanentes y por honorarios, así como a consejeros y directores, un bono electoral, constituido por dos mensualidades de su sueldo. Esto como compensación única por las horas extras que trabajarán alrededor de 10 meses que dura el proceso.
Sin embargo, dicha prestación está en riesgo porque en la reforma se prohíbe adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, de separación individualizados, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no contempladas en la ley o contrato colectivo.
Por ello, el organismo pidió al Senado mantener dicha prestación. Sin embargo, la propuesta no sufrió cambios, por lo que podría ratificarse en la Cámara de Diputados.
"Eliminar el bono que se les otorga a los trabajadores por los distintos procesos electorales ordinarios y extraordinarios, representaría un costo adicional al erario de este Instituto Electoral.
"Se tendrá que pagar horas extras a los trabajadores en apego a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 66, que a la letra dice: 'Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana'", justifica.
Por ejemplo, para la consulta de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el INE pagó el bono a 9 mil 963 empleados, por lo que gastó 449 millones de pesos.
En la elección del 2024, esa compensación se otorgó a 16 mil 79 funcionarios, por un monto de 964 millones de pesos, y en los comicios judiciales del 2025 la cifra subió a mil 5 millones de pesos para 15 mil 845 funcionarios.
Para ilustrar a Morena que al desaparecer esa prestación el gasto en horas extra aumentará, el INE ejemplificó que si en el 2025 en lugar del bono hubiera pagado tiempo extraordinario la inversión hubiera sido entre 789 millones de pesos hasta 2 mil 714 millones de pesos, por nueve y hasta 16 horas adicionales.
"Los bonos tienen una razón de ser. La legislación establece que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles, entonces, si no se dan esos bonos, se tienen que pagar horas extras, esos son derechos laborales básicos. No alcanza el presupuesto para pagar las horas extras que se tienen que pagar con una disposición de esta índole, porque estás trabajando 24/7", afirmó Dania Ravel.
Amparos por reducción de sueldos
El documento que entregó el INE al Senado no habla sobre salarios ni seguros. Sin embargo, en un reporte interno que entregaron las direcciones sobre el impacto del Plan B se afirma que habrá lluvia de amparos de los empleados.
El organismo pagará en 2026 más de 630 millones de pesos por diversos seguros de vida, separación individualizado, Colectivo de Retiro y de médicos mayores.
Se afirma que deberá valorarse si existen penalizaciones, y si las empresas consideran que una reforma es causa justificada para cancelarlos.
En el documento se alerta que aunque 48 funcionarios ganan más que la Presidenta, reducir los sueldos impactaría a 277 empleados, porque estos tendrían que ajustarse a la baja, y con ello se generaría un ahorro de 94 millones 192 mil pesos anuales.
El área administrativa y jurídica advierten que habrán amparos, además de una severa afectación si tenían contratados créditos o compromisos fiscales.
"Podrían promover un medio de impugnación (juicio laboral o amparo) alegando una afectación a su derecho laboral adquirido y a la no reducción de su salario durante su encargo.
"El caso del amparo no es procedente contra reformas constitucionales. Sin embargo, la Subdirección de Litigio Laboral tiene que realizar la contestación correspondiente en caso de que se interponga", indica.
Mientras que otros funcionarios podrían argumentar que no aplica al tratarse de áreas especializadas, como establece la legislación.
"La implementación de dichas disposiciones podría traducirse en una disminución en el interés o participación de perfiles especializados en las convocatorias de selección y designación de las consejerías respectivas, así como en una mayor rotación en cargos directivos y técnicos", indica el informe.