La Junta de Gobierno del Banco de México recortó ayer la tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola a 6.75%, con una votación dividida de tres votos a favor y dos en contra. Dos días antes, el Inegi informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un alza del 4.63% en la primera quincena de marzo. Bajar la tasa con la inflación al alza no tiene lógica monetaria. A menos que la lógica sea otra.
La narrativa oficial invoca el estancamiento. La economía mexicana apenas creció 0.5% en enero. Luego, dice el argumento, hay que estimular. Es una justificación técnicamente presentable. También es una verdad a medias. Ningún recorte de un cuarto de punto desata una oleada de crédito cuando el consumidor lleva meses viendo encarecer la canasta básica y el empresario no invierte porque no confía en las reglas del juego. La confianza no se resuelve en una votación de tres a dos. El costo del capital es irrelevante cuando la certeza jurídica ha desaparecido del horizonte. Tampoco ayuda que la inversión extranjera directa acumule trimestres de señales mixtas, ni que el nearshoring —esa promesa repetida como mantra sexenal— siga sin aterrizar a la velocidad que el discurso oficial proclama.
Entonces, ¿quién gana con el movimiento de Banxico? La respuesta está en Palacio Nacional. El gobierno federal es el mayor deudor del país. Cada punto porcentual de reducción en la tasa se traduce en aproximadamente 30,000 millones de pesos menos en el costo del servicio de la deuda interna. El recorte de 25 puntos base equivale a un ahorro inmediato de cerca de 7,500 millones de pesos en intereses de Cetes y bonos. En un año de déficit fiscal persistente, en el que el gasto del gobierno supera con amplitud sus ingresos, esos miles de millones tienen un destino preciso: sostener dicho gasto. El dinero que el fisco deja de pagar en intereses puede canalizarse a programas sociales, a obra pública o, simplemente, a cerrar la brecha entre ingresos y egresos. La aritmética es impecable. La transparencia del ejercicio es considerablemente menor.
Eso es lo que ocurrió ayer. No fue una decisión de política monetaria orientada a la estabilidad de precios —mandato constitucional del banco central—, sino un alivio calculado para las finanzas públicas, presentado con el lenguaje técnico de la banca central. Los dos miembros de la Junta que votaron en contra entendieron la diferencia. Su disenso es el único contrapeso visible en una institución cuya independencia, formal en los textos, se va reduciendo en los hechos desde el gobierno del aldeano de Palenque.
La autonomía del Banco de México se estableció en 1994 como garantía de que las decisiones monetarias no quedarían subordinadas a las necesidades del gasto público ni a los deseos del poder ejecutivo. Fue, en su momento, una reforma estructural de primera importancia. Hoy esa autonomía existe en la ley. Lo que ocurre en la práctica es otra cosa.
Mientras el ahorrador ve cómo el rendimiento real de su dinero se reduce ante una inflación que no cede, el Gobierno obtiene un alivio financiero que la economía productiva no percibe. Lo que se presenta como política monetaria para el crecimiento es, en los números, la gestión de la deuda pública. Necesaria, quizás, pero carente de honestidad.
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com
