Guanajuato.- De 2018 a la fecha, al menos 43 funcionarios públicos asesinados en Guanajuato han marcado la historia reciente del estado, de acuerdo al recuento de “Votar entre balas”, de la organización Data Cívica.
Esa cantidad incluye solo a funcionarios en activo, quedando fuera exfuncionarios, personas que eran candidatas a algún puesto de elección al momento del ataque, así como policías operativos, rubro donde Guanajuato ha ocupado el primer lugar nacional durante cinco años.
Entre las víctimas hay siete directores de dependencias municipales, otros siete regidores en funciones, cinco delegados en comunidades y 13 trabajadores operativos, un asesor y hasta un diputado local (Juan Antonio Acosta Cano, asesinado en 2021).
Se incluye también a una jueza cívica en Santiago Maravatío, al asesor de un diputado local, a una psicóloga del Cereso de Celaya y al Jefe regional de la Fiscalía estatal en San Felipe.
Este jueves ocurrió el crimen más reciente, la víctima fue Roberto Castañeda Tejeda, director general de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami). Esa paramunicipal ya había registrado el fallecimiento violento de un trabajador en 2022.
Roberto Castañeda Tejeda, director de Japami, fue asesinado. Foto: Staff AM
El ataque ocurrió este jueves 26 de marzo, en una de las zonas más transitadas de Irapuato, a metros de la Central de Autobuses. El funcionario se dirigía a trabajar cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se emparejaron con su vehículo en un semáforo en rojo y le dispararon.
Sospechan de crimen organizado
Luego del asesinato, especialistas en seguridad y directores de cámaras empresariales mencionaron que esto puede incidir en un aumento en la percepción de inseguridad. O ser una llamada de atención del crimen organizado que desean ser partícipes de los recursos monetarios de la Japami.
Para el especialista en seguridad, David Saucedo, este asesinato podría estar relacionado con una estrategia del crimen organizado para tomar control de los recursos de organismos operadores de agua y obras públicas.
David Saucedo añadió que este tipo de ataques contra funcionarios no son hechos aislados, sino que responden a intereses económicos de grupos delictivos que buscan influir en la asignación de contratos, manejo de presupuestos y control de infraestructura clave.
El especialista en seguridad David Saucedo sosprecha del crimen organizado. Foto: Staff AM
“El crimen organizado ha diversificado sus operaciones y ahora también busca capturar instituciones públicas, particularmente aquellas que manejan recursos importantes como las juntas de agua y dependencias de obra pública”, explicó.
Saucedo detalló que organismos como la Japami resultan atractivos para estos grupos debido a los montos de inversión que administran, así como por los proyectos de infraestructura hidráulica que pueden ser utilizados para desviar recursos o beneficiar a empresas vinculadas con actividades ilícitas.
Por su parte, Raúl Calvillo Villalobos, director del Observatorio Ciudadano “Irapuato ¿Cómo Vamos?”, advirtió que aunque durante febrero se registró una baja en homicidios dolosos y otros delitos, hechos como el ocurrido este jueves tienen un peso social mucho mayor.
“A pesar de la disminución en algunos indicadores, este tipo de hechos genera una percepción más alta de inseguridad, especialmente por tratarse de un funcionario público de primer nivel”, señaló.
Otros hechos violentos
El hecho se suma a otro atentado reciente: el 13 de marzo por la noche, Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, María Isabel Acevedo Mercado, y otra persona, fueron atacados cuando convivían en un bar y fallecieron.
El informe “Votar entre balas”, actualizado a noviembre de 2025, lo realiza la organización Data Cívica en conjunto con el sitio Animal Político y la organización México Evalúa, al recopilar información de notas periodísticas sobre hechos de violencia político-criminal. También se incluyen otros casos recientes identificados por AM.
En 2022 hubo nueve víctimas fatales; en 2023, siete, y nuevamente ocho en 2024 y en 2025.
Región violenta
Aunque Celaya encabeza el acumulado de casos desde 2018, con 10 ataques fatales, en segundo lugar aparece el pequeño municipio de Santiago Maravatío, ubicado al sur del estado de Guanajuato, entre Yuriria y Salvatierra, con cinco ataques.
En los últimos doce meses se registró el homicidio de ocho personas funcionarias públicas, ocurridos todos en el corredor industrial y sur del estado, a excepción del atentado contra Juan Alberto Camarillo Zaval, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato, perpetrado al norte, en San Felipe.
La causa de muerte en todos los casos fue el uso de un arma de fuego, aunque en uno de los hechos, registrado también en Irapuato, se perpetró primero la privación ilegal de la libertad de dos trabajadores, con días de diferencia. Ambos eran deportistas de lucha libre.
Ese domingo 21 de agosto de 2022, Salvador García Soto, coordinador de Inspectores de Mercados y conocido como “Lepra”, acudió a un encuentro de lucha libre, no se sabe si participó o solo fue asistente. Fue secuestrado por criminales.
El miércoles 24, otro luchador y trabajador de Japami -como la persona asesinada hoy- fue privado de la libertad: Raúl Salazar era conocido como “Maremoto” y presuntamente fue sacado a la fuerza de su domicilio.
El cuerpo de “Lepra” fue encontrado el jueves 25, el de “Maremoto” el sábado 27. Nada se sabe de los responsables.
Familiares de funcionarios en Guanajuato: El blanco de la violencia político-criminal
El 15 de marzo se publicó que desde 2021, Guanajuato ha registrado al menos 18 víctimas fatales en ataques armados, todas ellas familiares de funcionarios como presidentes municipales, regidores, policías, incluso del entonces gobernador.
La víctima más reciente fue Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta municipal de Jerécuaro, Isabel Ascevedo Mercado, asesinado la noche del viernes 13 durante un ataque a un bar, junto con él falleció otra persona.
Esto, de acuerdo a datos obtenidos del informe “Votar entre balas”, sobre hechos de violencia político-criminal identificados a partir de la recopilación de información de notas periodísticas, realizado por la organización Data Cívica en conjunto con el sitio Animal Político y la organización México Evalúa, además de la revisión del archivo hemerográfico de AM.
Según el listado “Votar entre balas”, entre enero y noviembre de 2025 Guanajuato registró 39 víctimas de violencia político-criminal, es decir, tanto personas funcionarias, autoridades de elección popular, integrantes de partido y fuerzas de seguridad, así como familiares.
Esto, en delitos como asesinato, secuestro, desaparición, atentado y/o amenazas.
Esas cifras posicionaron al estado en el cuarto lugar nacional de violencia político-criminal, por debajo de Veracruz, Sinaloa y Guerrero.
Aunque 23 de esas 39 víctimas corresponden a ataques directos contra policías y fuerzas del orden, la entidad también registró víctimas civiles relacionadas con dichos atentados, durante ataques en contra de funcionarios en funciones o de aspirantes en tiempos electorales.
HLL