Ceuta, a raíz de la crisis migratoria, se ha instalado este verano como el principal punto de fricción entre el Gobierno central y el Partido Popular. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha elevado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y este martes ha reclamado una respuesta inmediata para devolver a Marruecos a los inmigrantes que continúan en territorio ceutí después de la entrada masiva de finales de julio.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la respuesta debe desarrollarse dentro de la legalidad y con cooperación entre administraciones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al PP de contribuir a la crispación política y social en la ciudad, toda vez que ha cuestionado el sentido de la visita de la dirección nacional del partido. La disputa se produce cuando la emergencia todavía no está cerrada. Las autoridades españolas han identificado desde el 30 de julio a 2.168 menores que llegaron a Ceuta y el Gobierno ha habilitado inicialmente 1.500 plazas de acogida temporal, con intención de ampliar esa capacidad en función de las necesidades.
Vivas ha convertido la devolución de los inmigrantes en el eje de su reclamación al Ejecutivo. “El Gobierno de la nación tiene capacidades y medios para que esta situación de impotencia y de abandono que sienten los ceutíes se acabe. Es cuestión de voluntad política”, ha dicho flanqueado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, que ha visitado la ciudad este martes.
El presidente autonómico reclama que se aceleren los procedimientos para retornar a Marruecos a quienes llegaron de forma irregular y que no tengan derecho a permanecer en España. También rechaza que la solución pase por trasladarlos a la Península. “El mismo interés que se está poniendo para atender la emergencia humanitaria en la que derivó la invasión, que no lo criticamos, que se ponga para sacar a las personas que llegaron de manera masiva, ilegal e irregular a Ceuta”, reclamó Vivas.
La presión política ha aumentado después de que Bruselas defendiera precisamente que la expectativa comunitaria es que las personas que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornadas a Marruecos. La Comisión Europea ha incluido expresamente en su respuesta a los menores no acompañados, aunque ha recordado que cualquier retorno debe ajustarse a las garantías establecidas por el Derecho de la Unión. La normativa europea exige valorar el interés superior del menor y garantizar que, antes de su devolución, exista una entrega adecuada a familiares, tutores o servicios de acogida apropiados en el país de destino.
DIRECTO ? #Canal24horas | El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre las necesidades de la ciudad autónoma:
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 18, 2026
??"La frontera se tiene que blindar. La seguridad de la frontera tiene que estar en manos de España y Europa y no de un país tercero, un país que no es fiable" pic.twitter.com/aAOeEIF3p2
El PP cierra filas con Vivas
“Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y, sin embargo, nuestro Gobierno nos tenga abandonados. Es inaudito, inadmisible”, dijo Vivas en alusión a la postura de Bruselas sobre la devolución de los menores a Marruecos. El presidente ceutí también exigió que “la frontera se tiene que blindar”, porque “la seguridad de la frontera tiene que estar en manos de España y Europa y no de un país tercero, que no es viable”.
La visita de Gamarra a Ceuta ha alimentado el pulso nacional de la crisis, al igual que las visitas de los ministros del Gobierno y la que volverá a hacer el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. La dirigente popular ha respaldado abiertamente las reclamaciones de Vivas y ha defendido que la prioridad debe ser recuperar la normalidad, reforzar la frontera y ejecutar los retornos que procedan. Génova defiende que la ciudad no puede asumir indefinidamente las consecuencias de una entrada masiva que desbordó sus capacidades.
Por ello, Gamarra ha reclamado más efectivos y funcionarios para gestionar los expedientes y ha acusado al Ejecutivo de haber llegado tarde tanto a la prevención como a la respuesta. La dirección nacional del PP sostiene además que quienes entraron durante la avalancha no deben interpretar la acogida de emergencia como una expectativa de permanencia en España. La formación vincula la solución a dos conceptos: retorno y blindaje fronterizo.
El Gobierno niega abandonar Ceuta
El Gobierno rechaza el diagnóstico de abandono. Saiz ha defendido que el Ejecutivo está actuando y ha insistido en la necesidad de coordinar las administraciones central y autonómica. La ministra también ha convertido la visita de Gamarra en motivo de reproche político. Pregunta si el PP pretende colaborar con las instituciones o utilizar la situación para elevar la tensión en las calles. En paralelo, acusa a los populares de haber endurecido su discurso migratorio en los últimos meses.
El Gobierno prepara nuevos espacios temporales y estudia aumentar las plazas disponibles. El equipo de Vivas, sin embargo, teme que las soluciones concebidas como provisionales terminen prolongándose por falta de capacidad administrativa para tramitar los expedientes con rapidez. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha pedido refuerzos para los órganos judiciales de la ciudad, otra señal de que la crisis ha dejado de ser exclusivamente fronteriza y afecta ya a la capacidad ordinaria de funcionamiento de las instituciones.
La intervención de la Comisión Europea ha azuzado todavía más el debate nacional. Bruselas ha señalado que espera el retorno de todos los inmigrantes que permanezcan ilegalmente en Ceuta y que España y Marruecos deben cooperar para hacerlo efectivo. Para el PP, esta posición supone un respaldo a sus reclamaciones. Pero el Gobierno insiste, en cambio, que no se elimina las obligaciones legales españolas respecto a cada persona afectada, especialmente cuando se trata de menores.
Además, el nuevo marco europeo de retornos todavía tiene que completar su proceso formal de aprobación y entrada en vigor. El acuerdo alcanzado por las instituciones comunitarias mantiene salvaguardas relacionadas con los derechos fundamentales y el principio de no devolución. Por eso, el verdadero problema no es únicamente si el retorno es jurídicamente posible. Es cómo se ejecuta, con qué garantías y mediante qué acuerdo con Marruecos. @mundiario