La crisis de Ceuta ha pasado a ser, junto a los incendios en la Península, la mayor emergencia de este verano. A raíz de las derivadas políticas en España y en la UE, la entrada masiva de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma ha convertido en un nuevo frente de confrontación institucional entre el Gobierno y el Partido Popular, en una disputa diplomática con Marruecos y en uno de los principales asuntos con los que arrancará el curso político español.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido elevar la presión. En su nueva visita a Ceuta, la tercera desde el inicio de la crisis, el líder del PP ha anunciado que su partido acudirá al Tribunal Supremo para pedir responsabilidades al Gobierno por la negativa de tres ministros —José Manuel Albares, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska— a comparecer ante el Senado.

Feijóo sostiene que el Ejecutivo no puede escoger ante qué Cámara rinde cuentas ni en qué condiciones acepta el control de las Cortes Generales. El PP intenta que la crisis de Ceuta deje de ser una discusión sobre gestión migratoria y pase a ser un examen político sobre la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad, controlar la frontera y responder ante el Parlamento.

“Es hora de decir que hasta aquí hemos llegado”, proclamó Feijóo desde Ceuta, acompañado por el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas. La ofensiva judicial contra el Gobierno se suma a una estrategia de desgaste contra el Ejecutivo por la gestión de la crisis, que en Génova consideran una afrenta a la soberanía española. El PP cree que la ausencia de los ministros en el Senado no puede quedar reducida a un nuevo conflicto de atribuciones entre las dos cámaras y pretende explorar la vía del Supremo alegando una posible desobediencia al mandato de las Cortes.

“El Gobierno no puede elegir en qué Cámara comparece, ni en qué condiciones puede ser controlado”, afirmó Feijóo. El argumento adquiere especial relevancia porque el conflicto llega en plena crisis de Ceuta y cuando el PP intenta convertir la gestión de la frontera en una cuestión de Estado. Génova quiere que la presión no se limite a pedir más recursos: busca determinar responsabilidades políticas y, ahora, también jurídicas.

El Gobierno, mientras tanto, sostiene que ya está activando medidas de refuerzo y que las soluciones deben ajustarse a la legislación española, especialmente en materia de protección internacional y de menores.

 

Alberto Núñez Feijóo: «Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer». pic.twitter.com/O3dcchqkAy

— THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 19, 2026

Los siete pilares del plan del PP

Feijóo aprovechó su visita para presentar un programa específico para Ceuta basado en siete compromisos. Entre ellos figura un mando único que Génova reclama activar los mecanismos de la Ley de Seguridad Nacional, que sirva para coordinar desde el Gobierno central la respuesta a la emergencia. Además, el líder de los populares exigió que quienes hayan entrado irregularmente sean devueltos a Marruecos, incluidos los menores, siempre dentro del marco legal que permita esas devoluciones, y pide reorientar la relación bilateral con Rabat con base en la reciprocidad, sobre la premisa de que la integridad territorial de Ceuta y Melilla y su condición española son “innegociables”.

El PP reclama utilizar todos los instrumentos disponibles para acelerar los procedimientos administrativos y judiciales, así como más medios para hacer cumplir la ley y que se acometa un blindaje de la frontera a través de infraestructuras, tecnología y más efectivos para garantizar la inviolabilidad de la frontera sur. Con ello, Génova también promete reclamar mayor reconocimiento europeo y un tratamiento equivalente al que la UE concede a otros territorios sometidos a especiales presiones migratorias, como Canarias.

Por último, Feijóo también ha anunciado un programa de reactivación económica de 650 millones de euros para Ceuta, muy superior a los 25 millones en ayudas anunciados por el Gobierno, cuya elaboración ha encargado al vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. La propuesta dibuja así una respuesta que pretende ir más allá de la emergencia inmediata y convertir Ceuta en una prioridad estratégica de Estado.

El PP endurece el discurso sobre la devolución

Uno de los puntos más controvertidos es el relativo a los menores no acompañados. Feijóo rechaza que la respuesta a la crisis consista en trasladar a la Península a menores llegados durante la entrada irregular y cuestiona el envío de niñas y adolescentes a otros puntos de España ante la falta de capacidad de acogida en Ceuta. “La ley de Protección del Menor no es para eso. La ley ha de ser la del retorno”, sostuvo.

El dirigente popular también rechazó la posibilidad de que la crisis genere un precedente que incentive nuevas entradas irregulares. Su argumento es que la protección de los menores debe compatibilizarse con la obligación de garantizar el control fronterizo. Es, precisamente, uno de los terrenos más delicados de la crisis: cualquier retorno debe respetar las garantías jurídicas y las obligaciones internacionales de España.

El líder del PP ha acusado al Gobierno de mantener una supuesta “diplomacia secreta” con Marruecos y ha reclamado una relación de vecindad basada en la reciprocidad. En su intervención, sin embargo, ha intentado evitar una ruptura. Feijóo dice querer una relación de amistad con Marruecos, pero rechaza cualquier presión sobre España. “No podemos actuar bajo el chantaje o la amenaza de Marruecos”, afirmó.

 

Estas son nuestras 7 propuestas para reconducir la situación en Ceuta.https://t.co/8xgPQt8onq pic.twitter.com/91zHOLAkED

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 19, 2026

Feijóo ha elevado deliberadamente el diagnóstico. A su juicio, lo ocurrido en Ceuta no puede definirse únicamente como una crisis migratoria. “Coexisten una crisis de seguridad nacional, una crisis de orden público y una crisis de salud pública”, sostuvo. El PP pretende que esta definición tenga consecuencias políticas: si el problema es también de seguridad nacional, el Gobierno debería asumir directamente la coordinación de todos los recursos estatales.

La reclamación coincide con la petición reiterada del presidente ceutí Juan Jesús Vivas de establecer un mando único. El presidente ceutí ha criticado durante semanas la respuesta del Ejecutivo central y reclama una mayor implicación de La Moncloa. @mundiario