La crisis migratoria que estalló en Ceuta a finales de julio ha entrado en una segunda fase. El problema ya no se limita a gestionar la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma, sino a decidir qué hacer con los menores que permanecen bajo protección española y cómo repartir la responsabilidad entre el Estado y las comunidades autónomas.
En ese escenario, el Gobierno trabaja con carácter urgente en el traslado a la Península de alrededor de 500 menores, principalmente niñas, mientras el Partido Popular reclama que se aceleren los expedientes de retorno y que se devuelva a Marruecos a quienes puedan ser retornados conforme a la legislación.
La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, confirmó que el Ejecutivo está trabajando con Ceuta y con el Ministerio de Juventud e Infancia en un primer reparto de unos 500 menores. La funcionaria ha defendido que cualquier decisión deberá ajustarse al principio del interés superior del menor y a la legislación española y europea. El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha precisado que el plan no se limita necesariamente a una distribución convencional entre comunidades autónomas.
La fórmula que estudia el Ejecutivo contempla el mecanismo de acogida solidaria establecido por la normativa, pero también acogimiento familiar y recursos gestionados por organizaciones especializadas en protección de la infancia.
Permitiría que determinadas entidades desarrollasen la acogida y atención de menores en la Península sin que necesariamente todas las comunidades tuvieran que asumir directamente su tutela. El Gobierno intenta así evitar que la crisis vuelva a desembocar en un choque frontal con las autonomías, especialmente con aquellas gobernadas por el PP o por PP y Vox.
La cuestión es especialmente delicada porque el número de menores registrados en Ceuta ha aumentado considerablemente tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. Las cifras manejadas por las distintas instituciones no son idénticas, y las estimaciones sobre el volumen final de menores que podrían necesitar protección también difieren.
Por eso, las 500 derivaciones previstas deben entenderse como una primera actuación, no necesariamente como la solución definitiva al problema.
El PP reclama “todos” los retornos
El Gobierno español se encuentra además ante una interpretación política diferente procedente de Bruselas. La Comisión Europea ha insistido en que su expectativa es que las personas que permanezcan irregularmente en Ceuta sean retornadas cuando concurran las condiciones legales para hacerlo, y ha señalado que el marco europeo contempla también procedimientos aplicables a menores no acompañados.
Pero esta afirmación no significa automáticamente que cualquier menor pueda ser expulsado o devuelto de manera inmediata. El retorno de un adulto en situación irregular y el de un menor no acompañado no son jurídicamente equivalentes. La existencia de un país considerado seguro o de mecanismos de cooperación con Marruecos no elimina la necesidad de estudiar individualmente las circunstancias del menor, garantizar su protección y aplicar los procedimientos correspondientes.
El Gobierno, por tanto, parece apostar por separar dos cuestiones: por un lado, los expedientes de retorno de quienes legalmente puedan ser devueltos; por otro, la protección inmediata de los menores que permanecen bajo responsabilidad de las autoridades españolas.
Esa distinción será determinante para saber hasta dónde puede llegar realmente la política de retornos reclamada por la oposición.
El Partido Popular ha optado por una estrategia mucho más directa. Su portavoz en el Senado, Alicia García, ha defendido que todos los inmigrantes que permanezcan irregularmente en Ceuta deben ser retornados cuando la legislación lo permita, incluidos los menores, con el argumento de que deberían volver con sus familias o quedar bajo los sistemas de protección de su país.
El PP sostiene que Marruecos es considerado un país seguro dentro del marco europeo y que existen mecanismos de cooperación bilateral que deberían facilitar los retornos. La formación reclama, además, que el Gobierno agilice los expedientes y utilice los recursos europeos disponibles. En términos políticos, la propuesta resulta mucho más sencilla de explicar que el complejo sistema de acogida que prepara el Ejecutivo: identificar a quienes pueden ser retornados y acelerar su salida.
Pero precisamente ahí se encuentra el principal punto de fricción. La rapidez administrativa no puede sustituir a los requisitos legales que deben cumplirse antes de efectuar un retorno, y menos todavía cuando se trata de menores.
La posición del PP, por tanto, plantea una cuestión legítima sobre la eficacia de la política migratoria, pero su aplicación práctica depende de procedimientos que no pueden resolverse únicamente mediante una decisión política.
Ceuta vuelve a quedar en el centro del conflicto territorial
La ciudad soporta una presión extraordinaria sobre sus recursos de acogida y protección de menores, y el sistema autonómico español obliga a trasladar parte de esa responsabilidad al conjunto del país cuando una comunidad o ciudad autónoma se encuentra desbordada.
El PP ha advertido de su oposición al reparto de nuevos menores, mientras algunas administraciones autonómicas gobernadas por los populares, en determinados casos junto a Vox, han endurecido su discurso sobre la acogida de menores migrantes.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que existe una obligación legal de solidaridad territorial cuando los sistemas de protección se encuentran saturados. La disputa amenaza con reproducir el enfrentamiento que ya se produjo durante la crisis migratoria de Canarias. Entonces, el reparto de menores se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Ejecutivo central y varias comunidades autónomas.
La diferencia ahora es que el Gobierno parece intentar adelantarse al conflicto buscando fórmulas alternativas a la tutela autonómica directa. Sin embargo, reducir la situación de Ceuta a la cifra de 500 menores sería quedarse en la superficie. El verdadero problema es más amplio.
Mientras el Ejecutivo central registra a poco más de 1.500 menores dentro del sistema de protección formal, organizaciones como Save the Children España estiman que cerca de 4.000 niños y adolescentes continúan en las calles, playas o montes sin haber sido localizados ni registrados. Esta brecha de miles de menores evidencia un grave problema logístico en la identificación y dimensionamiento real de la emergencia humanitaria en la frontera. @mundiario