La crisis de Ceuta se antoja como uno de los principales campos de batalla del inicio del curso político. El Partido Popular ha decidido aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para redoblar la presión sobre el Gobierno, mientras Izquierda Unida (IU), desde el espacio de Sumar, reclama explicaciones en el Congreso desde una perspectiva muy diferente de la autonomía estratégica y tecnológica de España y la relación con Marruecos, EE UU e Israel.
La ofensiva popular pasa por pedir la reprobación de cinco ministros por no haber acudido a las comparecencias reclamadas por la Cámara alta para explicar la respuesta del Ejecutivo a la crisis ceutí. La iniciativa se dirige contra los titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad. El movimiento se suma a las ocho reprobaciones de ministros que el PP asegura haber sacado adelante durante la legislatura gracias a su mayoría absoluta en el Senado.
La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su grupo llevará las nuevas reprobaciones a los próximos plenos de la Cámara. La estrategia no se limita a cuestionar la actuación del Ejecutivo durante la emergencia, sino que pretende esgrimir el Senado como el principal escenario parlamentario de la oposición al Gobierno.
Génova atribuye responsabilidades concretas a cada uno de los cinco ministros. A Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, le reprocha la falta de refuerzos policiales suficientes en la frontera con Marruecos. A José Manuel Albares, responsable de Exteriores, le responsabiliza de la gestión de las relaciones con Rabat. La crítica a Margarita Robles se centra en sus sucesivos anuncios sobre una posible comparecencia ante el Senado que finalmente no se produjo. A Mónica García, ministra de Sanidad, el PP le atribuye responsabilidad política por sus declaraciones sobre la seguridad de las menores y la situación sanitaria en Ceuta.
Finalmente, Ana Redondo, titular de Igualdad, queda en el punto de mira por no haberse desplazado a la ciudad autónoma y por sus declaraciones sobre la seguridad de las mujeres durante la crisis. La ofensiva popular tiene además una batalla institucional de fondo, toda vez que el PP sostiene que el Gobierno no puede decidir unilateralmente ante qué Cámara responde cuando existe una convocatoria formal del Senado.
El PP endurece el relato sobre la crisis
El Ejecutivo ha defendido que los ministros acudirán al Congreso de los Diputados a partir de la próxima semana para explicar la gestión de la crisis y que el retraso responde a la necesidad de disponer de información suficientemente contrastada. La Moncloa considera, además, que el Congreso desempeña una función de control político prioritaria respecto al Ejecutivo.
El PP rechaza esa interpretación y utiliza su mayoría absoluta en el Senado para forzar el debate. García ha anunciado incluso que su grupo estudia recurrir a los tribunales por las incomparecencias. La batalla, por tanto, ya no se limita a qué ocurrió en Ceuta. También afecta a la relación entre Gobierno y Cortes y a los límites del control parlamentario en un escenario en el que la oposición dispone de una mayoría sólida en la Cámara alta.
Los populares han construido su ofensiva alrededor de un diagnóstico que presenta la situación como una crisis simultánea de migración, orden público, seguridad y sanidad. García ha acusado al Ejecutivo de haber conocido la evolución de la situación y no haber actuado con suficiente antelación. El PP sostiene que la ausencia de los ministros y las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituyen una muestra de falta de respuesta política.
Ese discurso conecta con la estrategia que Alberto Núñez Feijóo ya había desplegado en Ceuta basado en exigir un mayor control de la frontera, reforzar los dispositivos de seguridad y reclamar al Gobierno una actuación más contundente ante Marruecos.
IU cambia el foco: Marruecos, EE UU e Israel
Desde la izquierda, Izquierda Unida ha presentado una batería de siete preguntas parlamentarias que aborda la crisis desde una óptica completamente distinta. El documento registrado en el Congreso vincula la situación de Ceuta con lo que IU considera una creciente dependencia española de Estados Unidos e Israel en materia militar, tecnológica y de ciberseguridad.
Una de sus preguntas se dirige al Ministerio de Defensa y plantea si el Gobierno pretende revisar su política de contratación de armamento para reducir esa dependencia. IU también pregunta por el desarrollo de empresas españolas de ciberseguridad y por la posibilidad de reducir el peso de compañías estadounidenses como Palantir Technologies en determinados ámbitos tecnológicos estratégicos. El partido reclama asimismo información sobre las infraestructuras tecnológicas vinculadas a la OTAN y sobre una eventual estrategia de ciberseguridad con mayor autonomía.
El documento de IU interpreta la crisis de Ceuta dentro de las denominadas “formas de guerra híbrida”. Según el planteamiento de los diputados que firman la iniciativa, Marruecos habría utilizado mecanismos de presión migratoria, diplomática y digital sin alcanzar el umbral de una confrontación militar convencional. La formación pone además el foco en la relación entre Marruecos, Estados Unidos e Israel, y sostiene que el creciente peso militar de Washington y Tel Aviv en el país norteafricano constituye un factor que España debería tener en cuenta al diseñar su política de seguridad.
El documento menciona igualmente las denuncias relacionadas con el espionaje mediante herramientas como Pegasus y las controversias sobre la consideración internacional de Ceuta y Melilla. Se trata, en este caso, de la interpretación política de IU sobre la crisis y sobre el escenario geopolítico regional, cuestiones que el Gobierno tendrá ahora que responder formalmente si decide contestar a las preguntas en los términos planteados. @mundario