Los mercados digitales se han convertido en uno de los principales motores de crecimiento económico, innovación y productividad. En México, el comercio electrónico alcanzó un valor de aproximadamente 790 mil millones de pesos en 2024, con un crecimiento anual de 20% y más de 67 millones de compradores digitales. Asimismo, el país acumula seis años consecutivos de expansión de doble dígito en ventas en línea, situándose entre los 15 mercados con mayor participación digital en el comercio minorista, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).
En este contexto, algunas voces han planteado la posibilidad de adoptar una regulación similar a la Digital Markets Act (DMA) de la Unión Europea. Sin embargo, antes de trasladar ese modelo a México conviene analizar cuidadosamente sus fundamentos, controversias y posibles consecuencias.
La DMA surgió en Europa como respuesta a la creciente influencia de grandes plataformas digitales consideradas “gatekeepers”, es decir, actores que funcionan como puntos de acceso indispensables entre empresas y consumidores. La Comisión Europea propuso la regulación con el objetivo de crear mercados digitales más presumiblemente “justos y disputables”, imponiendo obligaciones y prohibiciones específicas a plataformas dominantes en servicios como motores de búsqueda, redes sociales, sistemas operativos y tiendas de aplicaciones.
No obstante, la DMA ha generado importantes controversias. Economistas y especialistas en competencia como David Teece, Richard Schmalensee, Jean Tirole, Nicolas Petit y Thomas Hazlett han advertido sobre los riesgos de sustituir el análisis caso por caso por reglas rígidas aplicables a empresas específicas. La principal preocupación radica en la diferencia entre competencia estática y competencia dinámica.
Mientras la primera busca corregir problemas de mercado presentes mediante una mayor rivalidad inmediata, la segunda procura preservar los incentivos para innovar, invertir y desarrollar nuevos modelos de negocio. Como han señalado Teece y Schmalensee, en mercados caracterizados por innovación acelerada, la competencia ocurre frecuentemente "por el mercado" y no únicamente "dentro del mercado", por lo que una regulación excesivamente prescriptiva puede favorecer la competencia de corto plazo mientras reduce la innovación futura.
Además, los costos de cumplimiento, los requisitos de interoperabilidad obligatoria y las restricciones al diseño de productos pueden afectar los incentivos para invertir en nuevas tecnologías. El riesgo es que una regulación diseñada para grandes plataformas termine alterando la dinámica competitiva de mercados que evolucionan con rapidez. Paradójicamente, una intervención concebida para proteger a los consumidores podría terminar perjudicándolos si reduce la velocidad de innovación, limita la diferenciación de productos y desalienta nuevas inversiones. En mercados digitales, donde buena parte del bienestar del consumidor proviene de mejoras constantes en calidad, seguridad y funcionalidad, una regulación excesivamente prescriptiva puede traducirse en menos opciones, menor dinamismo y beneficios más limitados para los usuarios en el largo plazo.
Estos cuestionamientos adquieren aún mayor relevancia en México y América Latina. A diferencia de Europa, que cuenta con un mercado digital maduro, integrado y de escala continental, los ecosistemas de la región permanecen en fase de expansión. El reto principal no parece ser únicamente contener el poder de plataformas consolidadas, sino acelerar la digitalización, ampliar la conectividad, atraer inversión tecnológica y propiciar la aparición de nuevos emprendimientos.
A ello se suman los riesgos institucionales. La implementación efectiva de una regulación de esta complejidad exige autoridades de competencia independientes, recursos suficientes y capacidades técnicas altamente especializadas. Sin estas condiciones, existe la posibilidad de decisiones inconsistentes, incertidumbre regulatoria y mayores costos para los participantes del mercado.
La cuestión de fondo no es si la DMA funciona en Europa, sino si los problemas que motivaron su creación se presentan con igual intensidad en México y América Latina. ¿Existen mercados, instituciones y capacidades comparables? ¿Podría una regulación importada frenar el desarrollo de un ecosistema digital que aún se encuentra en consolidación? ¿Es sensato adoptar un modelo diseñado para una realidad económica distinta sin evaluar previamente sus costos de oportunidad? Más que ofrecer respuestas concluyentes, estas interrogantes evidencian la necesidad de un debate mucho más riguroso antes de replicar la experiencia europea.