La crisis migratoria de Ceuta amenaza con desbordarse de las fronteras y colarse en las comunidades autónomas Este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha desplazado a la ciudad autónoma para respaldar a su presidente, Juan Jesús Vivas, y ambos han coincidido en el diagnóstico de que el Gobierno de Pedro Sánchez no estaría poniendo los medios suficientes para resolver con rapidez la situación creada tras la entrada irregular de decenas de miles de personas desde Marruecos el pasado 30 de julio.
La visita de Moreno se produce 24 horas después de la presencia de Alberto Núñez Feijóo en Ceuta y en paralelo al desalojo de más de 3.000 migrantes de la playa de El Trampolín. El Ejecutivo central, mientras tanto, ha abierto una pequeña puerta a la autocrítica. Óscar López ha admitido que “seguramente todo es mejorable”, aunque ha rechazado que este sea el momento de alimentar la confrontación política y ha acusado al PP de utilizar la crisis para buscar rédito electoral.
Ceuta necesita descongestionar urgentemente sus recursos, pero las expulsiones requieren procedimientos individualizados, medios administrativos y cooperación con Marruecos. Y mientras esas piezas no encajen, la presión seguirá concentrándose sobre una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados.
El presidente ceutí ha puesto el foco en uno de los principales cuellos de botella: la tramitación de los expedientes de devolución. Según los datos que Vivas asegura haber obtenido de fuentes fiables, actualmente se tramitan entre 25 y 30 expedientes diarios. El problema, sostiene, es que el Gobierno central no está facilitando información oficial suficiente sobre cuántas personas permanecen todavía en Ceuta ni sobre el número exacto de procedimientos abiertos.
“Al ritmo que van, no saldrán de Ceuta en un año”, espetó Vivas. Moreno ha respaldado esa crítica y ha considerado “sorprendente” que más de tres semanas después de la entrada masiva todavía no exista, según denuncia, una fotografía oficial suficientemente precisa de la situación. Su petición es concreta: si faltan funcionarios, que se desplacen funcionarios. Si faltan agentes, que se refuercen las plantillas. Y si la presión sanitaria continúa, que se incorporen más profesionales.
#Andalucía es tierra hermana y aliada para que Ceuta recupere la normalidad.
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 20, 2026
Vamos a hacer palanca con el pueblo ceutí para que todas las Administraciones pongan los medios necesarios para dar solución a la situación generada por la avalancha de finales de julio. pic.twitter.com/7ZBtbCm4D3
El Gobierno admite margen de mejora
La respuesta de Moncloa ha llegado por boca del ministro López, que ha reconocido que la gestión de una crisis de esta magnitud puede ser mejorable. Pero el ministro ha evitado convertir esa autocrítica en una admisión de fracaso. “Seguramente todo es mejorable”, ha afirmado, antes de reclamar que la prioridad sea resolver la emergencia y no incrementar la confrontación política.
El Gobierno sostiene que la operación requiere coordinación con Rabat, las autoridades ceutíes y las organizaciones sociales que están trabajando sobre el terreno. Y considera que la estrategia del PP no aporta soluciones. López ha arremetido especialmente contra Feijóo por su compromiso de expulsar a todos los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente, incluidos los menores, si llega a La Moncloa.
Para el ministro, el discurso del líder del PP resulta prácticamente indistinguible del de Vox y responde a una estrategia electoral basada en “arañar votos con las desgracias”. “¿El PP está poniendo encima de la mesa que, en España, que es un estado de Derecho, incumplamos nuestros compromisos en materia de legislación internacional?”, inquirió la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz.
Vergonzoso que el discurso de Feijóo sea el de Vox.
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) August 20, 2026
España es una democracia avanzada con un Gobierno que respeta la legalidad internacional y preserva su integridad territorial.
El PP solo alimenta la polémica. No le importan los menores, ni los derechos humanos ni los ceutís pic.twitter.com/jE7r4U9h85
Desalojar la playa no resuelve el problema
El desalojo de la playa de El Trampolín ha simbolizado el intento del Gobierno de recuperar el control de una situación que había adquirido dimensiones difíciles de sostener. Más de 3.000 personas habían levantado allí un asentamiento improvisado. El operativo policial permitió trasladarlas a los espacios habilitados en Loma Margarita y El Embolsamiento, aunque inicialmente solo existen unas 1.800 plazas disponibles.
La operación pretende mejorar las condiciones de vida de los migrantes y facilitar la tramitación administrativa de sus expedientes. Saiz defiende que ambas cuestiones están relacionadas. Al disponer de un alojamiento organizado, explica, las autoridades podrán acelerar los procedimientos necesarios para determinar el futuro de cada persona.
Pero la propia evolución de las últimas horas demuestra la dificultad de la operación. Tras el desalojo, al menos 500 migrantes regresaron a la playa desde las colinas próximas y comenzaron a instalar de nuevo tiendas de campaña, otros para recuperar sus pertenencias. La crisis, por tanto, no desaparece porque se desmonte un campamento.
El Gobierno andaluz afronta además el dilema de los menores
Para Vivas y Moreno, la solución pasa inevitablemente por reforzar la frontera y acelerar los retornos. El presidente de Ceuta ha pedido que se incrementen los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también los recursos sanitarios y administrativos. Y ha vuelto a cuestionar la fiabilidad de Marruecos como socio fronterizo.
Moreno, por su parte, ha anunciado que llevará la situación al Comité Europeo de las Regiones (CDR), organismo del que es vicepresidente. Su intención es que Ceuta permanezca en el centro de la agenda europea y que se activen los mecanismos comunitarios de apoyo económico y fronterizo, incluidos los relacionados con Frontex. El barón andaluz sostiene que una frontera europea que no puede controlar de manera eficaz transmite una imagen de debilidad.
La crisis de Ceuta coloca a Moreno ante un problema particularmente incómodo. La Junta de Andalucía mantiene un acuerdo de colaboración con Ceuta para prestarse ayuda ante situaciones de emergencia migratoria. Al mismo tiempo, el Gobierno andaluz gobierna con el apoyo de Vox, que rechaza el reparto entre comunidades de menores extranjeros no acompañados.
Moreno ha evitado entrar en el escenario de un eventual traslado de menores a Andalucía. Ha preferido insistir en que el objetivo debe ser que quienes entraron irregularmente sean retornados cuanto antes. El problema es que los menores no pueden ser tratados jurídicamente como un expediente migratorio más. Su eventual retorno exige determinar su situación individual y garantizar que el destino sea compatible con su interés superior y con las obligaciones legales de España. @mundiario